La Eurocámara alerta del deterioro institucional en España y abronca al Gobierno por su falta de colaboración

Nuevo varapalo a España y al Gobierno procedente de Europa: existe un "creciente deterioro del clima institucional" que está afectando a la confianza en el Estado de derecho. Las causas son, principalmente, la fuerte polarización política y las tensiones entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estas son las dos principales conclusiones del informe elaborado por la Comisión de Libertades (LIBE) del Parlamento Europeo tras su viaje a España el pasado 16 y 17 de febrero, una misión que constató "serias tensiones institucionales” y que no fue recibida por el Gobierno: ni el presidente, Pedro Sánchez, ni el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En un informe de 30 páginas, la Comisión LIBE lamenta formalmente que el Gobierno rechazara reunirse con los eurodiputados, plantón que se repitió con la dirección de RTVE, las empresas públicas ADIF e INECO y con la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Además, el informe señala otras prácticas preocupantes, como el uso "intensivo" del decreto-ley —más de 120 desde 2018—, porque reduce el debate parlamentario y debilita los mecanismos de control.

También apunta a inquietudes sobre la politización de la justicia, el modelo de gobernanza del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la falta de avances en recomendaciones anticorrupción del GRECO y el deterioro de los indicadores de percepción de la corrupción. A ello se suman dudas sobre la independencia de los medios públicos como RTVE y dificultades en el acceso a la información. Todo ello, concluye la Comisión LIBE, configura un contexto que, "sin implicar fallos estructurales, sí refleja una erosión progresiva de los equilibrios institucionales y de la percepción de imparcialidad del sistema".

Opinión

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La Comisión LIBE explica que la ausencia de los principales responsables del Ejecutivo “limitó la capacidad de la delegación para obtener explicaciones directas sobre las reformas en curso”, un elemento que los eurodiputados califican de “significativo”. Además, recuerdan que en la misión anterior sobre esta materia, a Eslovaquia, sí fueron recibidos por el primer ministro.

Más allá de los plantes desde instancias gubernamentales, la Comisión subraya que el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin cumplir los estándares europeos. Los eurodiputados recuerdan que la Comisión de Venecia y el GRECO “llevan años pidiendo” que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces, una petición a la que España se comprometió “y aún no ha implementado la reforma”.

El informe explica que el sistema actual, en el que todos los miembros son elegidos por el Parlamento, es calificado por múltiples interlocutores como “fuente de politización percibida”. Asimismo, recuerda que el propio CGPJ ha enviado dos propuestas al Parlamento, pero sin acuerdo. También resaltan que el bloqueo de la renovación entre 2021 y 2025 dejó miles de asuntos pendientes en el Tribunal Supremo, “un lastre que aún se arrastra” y que genera una “percepción de politización” que “erosiona la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema, con independencia de cómo funcione el Consejo en la práctica."

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El informe también se detiene en las impresiones que recabaron en sus encuentros con las asociaciones de jueces y fiscales, que denunciaron “nombramientos politizados" en el Poder Judicial y señalaron “las críticas a su labor” por parte del Ejecutivo. “La reunión con las asociaciones profesionales fue la más reveladora de la misión”, apuntan. Participaron cinco asociaciones: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Francisco de Vitoria; Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Sobre la condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales (APM, AF y la Asociación Francisco de Vitoria) lo consideran “un daño institucional grave e irreparable”. En relación con la reforma de las carreras judiciales promovida por el Gobierno en 2025, las asociaciones mayoritarias denunciaron que “destruye la selección por mérito y politiza el acceso a la judicatura”. Sin embargo, las asociaciones progresistas la celebraron como una reforma “largamente esperada”.

"El Gobierno ha aprobado más de 120 decretos-ley desde 2018, la mayor cifra registrada en períodos democráticos comparables"

Por último, sobre el traslado de la investigación penal de jueces a fiscales, las asociaciones mayoritarias advirtieron del riesgo de dar más poder a una Fiscalía “sin independencia real porque “agrava la politización”. En cambio, las progresistas lo defendieron como estándar europeo. En lo que coincidieron todas fue en señalar que el sistema judicial sufre un déficit crónico de recursos, los sistemas informáticos entre comunidades son incompatibles, el acceso por oposición es demasiado rígido, y el mandato del fiscal general debería desacoplarse del Gobierno. Las huelgas recientes son, según asegura el informe remitiéndose a las asociaciones, un termómetro del nivel de malestar en el colectivo. “El sistema judicial carece de recursos para absorber reformas estructurales de esta envergadura."

Abuso de los reales decretos: 120 desde 2018

Otro aspecto criticado en el informe tiene que ver con la forma de gobernar de Pedro Sánchez, y en concreto con el abuso de los reales decretos. “El Gobierno ha aprobado más de 120 decretos-ley desde 2018, la mayor cifra registrada en períodos democráticos comparables", subraya el informe, que destaca cómo el propio Tribunal Constitucional ya "

Un capítulo importante tiene que ver con la corrupción. El informe de la Comisión LIBE del Parlamento europeo asegura que Transparencia Internacional sitúa a España en su peor nivel de percepción de corrupción desde 2012 y el GRECO, organismo temático del Consejo de Europa, avisa de que varias de sus recomendaciones siguen sin implementarse. Las recomendaciones pendientes afectan a la transparencia de los contactos con grupos de presión, la regulación de los conflictos de interés y los mecanismos de rendición de cuentas para altos cargos.

En este sentido, el informe apunta que el proyecto de ley de regulación del lobby lleva tiempo bloqueado en el Parlamento y los retrasos en los grandes juicios por corrupción, que pueden durar años desde el final de la investigación hasta el inicio del juicio oral, "siguen alimentando la percepción de impunidad". Aún así, en materia legislativa, reconocen que el Ministerio de Justicia presentó compromisos de transposición de la futura Directiva anticorrupción de la UE, cuya aprobación definitiva en el proceso legislativo europeo está aún pendiente. Por último, apuntan que la Autoridad de Protección del Informante lleva cinco meses operativa, tiene 14 de 22 plazas cubiertas y no tiene presupuesto propio.

Televisión pública

Radio Televisión Española (RTVE) merece una mención aparte en el informe y se resume en dos conclusiones: nombramientos políticos y una ley de 1985 sin actualizar. Los eurodiputados señalan que en su encuentro con el Consejo de Informativos se denunció una concentración de poderes en la presidencia, nombrada políticamente tras el fracaso del concurso público, y violaciones reiteradas de los estándares editoriales. En este sentido, señalan que la corporación carece de financiación plurianual estable y lamentan que su dirección, "pese a ser invitada, no asistió a la reunión con los eurodiputados".

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"Según el Consejo de Informativos, su informe interno identificó incumplimientos reiterados de los estándares editoriales en ciertos programas: formatos de revista de actualidad que incorporan comentarios políticos y mensajes institucionales de una forma que el Consejo consideró incompatible con los estándares de imparcialidad propios de un servicio público", concluyen.

La misión estuvo presidida por Javier Zarzalejos (PPE) e integrada por Raquel García Hermida-van der Walle (Renew), Alessandro Zan (S&D), Jorge Buxadé Villalba (PfE) y Assita Kanko (ECR).