El juez Peinado exige 350.000 € a la SER y 'El Plural' por revelar la dirección de su casa

El juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso Begoña Gómez, ha demandado por 450.000 euros a la Cadena SER, al diario digital El Plural y al activista y exconcejal socialista Fernando Jabonero, por vulnerar el derecho a la intimidad del magistrado al revelar la dirección y diferentes datos de la casa que posee en el municipio abulense de La Adrada. Esta información trascendió tras iniciarse la causa judicial contra la esposa del presidente del Gobierno.

Ambos medios de comunicación habían difundido la existencia de un expediente administrativo ligado a este inmueble, pero en los artículos que publicaron incluyeron, en suma, la referencia catastral de la finca, su ubicación exacta y su localización en un camino forestal; además de imágenes de la propiedad y distinto material cartográfico. Asimismo, se identificaba al juez Peinado como el propietario.

El demandante incide en que todos esos datos no eran necesarios para informar de la situación administrativa de la vivienda, de ahí que crea que se ha vulnerado su derecho a la intimidad.

Peinado señala como la “fuente u origen” de esta información a Fernando Jabonero, quien, tras conocerse el inicio de las diligencias de investigación sobre Begoña Gómez, comenzó a presentar diversos escritos ante el Ayuntamiento de La Adrada, relacionados con la situación urbanística de la segunda vivienda del juez. A partir de ahí, le acusa de filtrar las resoluciones a diferentes medios de comunicación mientras difundía sus acciones en la red social X.

Cadena SER y 'El Plural'

Una de las noticias de las que se hizo eco Jabonero data del 21 de febrero de 2025 y fue publicada en la web de la Cadena SER con el siguiente titular: “El Ayuntamiento del PP en La Adrada investiga si el chalé del juez Juan Carlos Peinado es ilegal”. El artículo estaba encabezado con una fotografía exterior del inmueble, tomada desde el acceso a la finca, en la que resultaba visible la numeración del chalet.

La pieza incluía la referencia catastral de la casa y su localización. Un día después de su publicación, se sustituyó la imagen de la vivienda por un mapa de la zona, aunque la versión inicial quedó archivada en internet. El demandante -que ya ha iniciado medidas similares en los tribunales en defensa de su honor contra varios ministros y tertulianos- solicita una indemnización de 50.000 euros a este medio.

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El Plural, por su parte, reprodujo el 3 de marzo de 2025 la imagen de un documento del citado expediente, con la referencia catastral y la dirección. En la citada noticia figuraba el nombre de Jabonero como receptor de ese documento. Por tanto, los demandantes le señalan a la vez como su filtrador. Al activista se le exige una indemnización de 100.000 euros, mientras que para el diario digital dirigido por Chema Garrido, otra de 300.000 euros.

Consecuencias para Peinado

Poco después de que se publicaran todos esos datos, aparecieron en Google Maps algunos marcadores con los nombres: "prado junto a chalet Peinado", "derribos DesPeinado", "camino del torpe justiciero", "peineta Cristina", lo que permitió —dice la demanda— identificar el inmueble. A partir de ese momento, se detectó la presencia de personas desconocidas alrededor del lugar, donde el juez acude habitualmente con personas de su entorno para descansar.

“Acuden al lugar tras haber tenido conocimiento de su ubicación y profieren gritos y exabruptos que llegan al oído de sus moradores, entre los que se encuentran familiares del señor Peinado”, según ha podido saber El Confidencial sobre la demanda.

Este tipo de acciones las encuadra el demandante dentro de una campaña de “presión institucional” que comenzó el 24 de abril de 2024, cuando el presidente del Gobierno hizo pública su 'carta a la ciudadanía' en la que, en relación con la investigación judicial seguida contra su esposa y tras publicar El Confidencial que el juez la había imputado por varios delitos, calificaba la misma como parte de una “estrategia de acoso y derribo por tierra, mar y aire”, atribuyendo a dicha actuación una finalidad de desgaste personal y político.

Ese discurso de Sánchez situó a Peinado como sospechoso de actuar de forma “espuria” e interesada en este caso, en el que se intentó “deslegitimar” su labor, detalla la demanda.

Según el entorno del juez, en el momento en el que Fernando Jabonero empezó a publicar "compulsivamente en su cuenta de la red social ‘X’ imputaciones delictivas falsas, expresiones insultantes, descalificaciones y vejaciones" ya tuvo lugar la correspondiente querella por un delito de injurias y calumnias, que actualmente se dilucida en la Audiencia.

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La demanda contra la SER, El Plural y Garrido por difundir el domicilio de Peinado incide en que "el contexto de presión descrito (contra el juez) no fue espontáneo, sino que, conforme a diversas informaciones periodísticas y a las diligencias de investigación actualmente en curso, existirían indicios de la posible existencia de una operativa organizada vinculada al PSOE (la trama de las cloacas de Ferraz desvelada por El Confidencial) destinada a la recopilación, elaboración y difusión de “dossieres” con la finalidad de desacreditar a jueces, fiscales y otros operadores jurídicos intervinientes en procedimientos de relevancia política, entre ellos el propio demandante. Algunas de esas informaciones conectan al señor Jabonero con esta operativa”.