El Gobierno juzga y condena a Ábalos: nadie avala sus argumentos de defensa en el Supremo

El Gobierno más experimentado en la gestión de crisis tenía este lunes bien atado cómo afrontar la declaración de José Luis Ábalos en el juicio contra él en el Tribunal Supremo. Ni rueda de prensa en Ferraz ni improvisación de los ministros. Argumentario de la Moncloa en crudo, sabido ya por todos de tantas veces repetido. Le apartaron cuando ni siquiera estaba imputado y ya es historia del PSOE. Un recuerdo sombrío que fue la mano derecha de Pedro Sánchez, su exsecretario de Organización y exministro de Transportes, y que ayer se presentó como una víctima indefensa ante los magistrados.

Una estrategia que ya desplegó en la fase de instrucción y que tiene un punto flaco: ni sus propios compañeros la comparten. En el Ejecutivo tratan el caso Ábalos como un asunto de corrupción, que se circunscribe a él. A diferencia de lo que sucede con la investigación judicial sobre la mujer de Sánchez, en la Moncloa no se pone en duda la culpabilidad del exministro.

"Nadie está exento de que pueda haber un caso de corrupción y lo importante es cómo se reacciona", aseguró la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Un argumento que repitieron otros miembros del Ejecutivo y que deja a Ábalos absolutamente desarmado.

El ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, a quien la compra de mascarillas durante la pandemia a la empresa de Víctor de Aldama le ha supuesto desgaste político, señaló que al PSOE le "horroriza" la corrupción y es un partido de "gente trabajadora y honesta". Aunque hay ocasiones, como en toda organización y familia, añadió, donde "hay personas que se apartan de esas normas que deben ser ejemplares".

Los socialistas ni siquiera esperan al fallo del Supremo para sentenciar a Ábalos. El juicio, por su propio interés, lo han seguido con distancia, salvo para rebatir las acusaciones de financiación ilegal del PSOE de Aldama, el comisionista de la trama. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, le ha demandado por vulneración de su derecho al honor tras mantener "falsamente" en los medios y en las redes sociales que le contactó para sobornarle y "comprar su silencio".

Desde hace tiempo, fruto de todas las vicisitudes de la legislatura, en el PSOE dan por amortizada la erosión que les ocasionó el caso Ábalos y no prevén repuntes por estar sentado en el banquillo. La coincidencia de que se produzca justo a la vez que el caso Kitchen se considera una ventaja porque supone revivir asuntos de corrupción que han afectado a los dos partidos. El PSOE, además, suele destacar las diferencias entre ambos: de una trama en Transportes limitada al exministro y su superasesor de confianza, Koldo García, a una en el Ministerio del Interior, que implicó a varios comisarios y decenas de policías con el propósito de borrar las pruebas de Luis Bárcenas contra el PP.

La tesis en Moncloa es que Génova se equivoca al centrar toda su labor de oposición en los casos que han afectado al Gobierno porque los populares también han sufrido los estragos de la corrupción. Creen que esta estrategia redunda en el desencanto con la política, perjudica al bipartidismo y beneficia a Vox. La prueba, apuntan, es que la distancia entre el PSOE y el principal partido de la oposición no se dispara y Alberto Núñez Feijóo no suma más votos que en 2023.

Ni siquiera la cercanía de las elecciones andaluzas del 17 de mayo añade más inquietud al juicio del Supremo contra el exsecretario de Organización del PSOE. En el socialismo andaluz no piensan que pueda afectar al voto o que sea un elemento de desmovilización. Hay más miedo al recuerdo del escándalo de los ERE o a la ausencia de un proyecto definido, una oposición clara y la falta de un liderazgo de futuro que a las corruptelas de Ábalos.