"8 millones de mascarillas": el documento que Ábalos no sabe explicar al fiscal y complica su futuro

José Luis Ábalos se mueve en el ruedo de la palabra hablada como un maestro. Conoce los quiebros, cuándo enfatizar, cómo modular la voz y sigue aquella máxima de Cicerón: "El orador debe instruir, deleitar y conmover". El exministro de Transportes fue uno de los hombres más poderosos del país, y cabalga contradicciones como nadie. Sus habilidades le convirtieron en uno de los artífices del sanchismo, el hombre que permitió que Pedro Sánchez alcanzara la Moncloa. Pese a las evidencias de la Guardia Civil y las múltiples pruebas en su contra, Ábalos ha buscado un relato coherente con el que tratar de sortear las preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Pero hay una certeza para la que ni siquiera un profesional como él ha encontrado escapatoria.

Se trata de un documento sobre el que el exsecretario de Organización se ha quedado sin palabras. Un contrato que demuestra que la trama ya sabía que el Ministerio de Transportes le iba a asignar la compra de 8 millones de mascarillas antes incluso de que el exministro firmase la orden que habilitaba esta adjudicación pública. Ábalos no ha sabido responder sobre la existencia de este documento a preguntas del fiscal Luzón, y ha llegado a confundirlo con otro posterior.

El Confidencial ha tenido acceso a este contrato, un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para la contratación y suministro de mascarillas por el estado de emergencia por el covid-19 firmado por Comercial Cueto 92 SL y Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL con fecha de 16 de marzo de 2020. En este acuerdo empresarial figura un anexo en el que figura ya la existencia de una oferta de Puertos del Estado para la adquisición de 8 millones de mascarillas, pese a que la orden ministerial impulsada por Ábalos anunciando la necesidad de adquirir este material no se firmó hasta cuatro días después, el 20 de marzo, y no se hizo pública en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 21 de marzo.

En concreto, en la página once, el anexo lleva por título 'Potenciales adjudicaciones de suministro de mascarillas en negociación por Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas'. Y a continuación, se especifica: Oferta Puertos del Estado - suministro 8 millones de mascarillas. "Este anexo podrá variar por mutuo acuerdo de las partes para incluir nuevas propuestas de suministro que presente Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas", concluye el anexo.

Este documento no solo demuestra que la trama contaba con información privilegiada del Ministerio de Transportes (su necesidad de contratar 8 millones de mascarillas cinco días antes de que se haga pública la oferta), sino también que iba a ser contratada por Puertos del Estado, dependiente de la cartera de Ábalos. Este acuerdo entre Cueto y Soluciones fue recogido por la Intervención General de la Administración del Estado en 2023.

La Fiscalía Anticorrupción ha dado una gran importancia a esta prueba, hasta el punto de que ha sido el primero de los documentos exhibidos en la sala por el fiscal Luzón. Como figura en la auditoría sobre los contratos de mascarillas impulsada por Óscar Puente, la Subsecretaría de Transportes encargó a la Dirección General de Organización e Inspección que realizara una detección de las necesidades de mascarillas en el ministerio y sus entidades adscritas, una tarea que comenzó a elaborar el 19 de marzo, tres días después de que la trama diera por hecho la compra por parte de Puertos de 8 millones de unidades de este material.

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Este organismo estimó las necesidades del Ministerio en 4 millones de mascarillas para 15 días, que es cuando concluía el estado de alarma (que no se prorrogaría hasta el 24 de marzo). El 20 de marzo, a las 19:55, el buzón del Gabinete del ministro Ábalos remite al subsecretario una orden firmada para adquirir un máximo de 4 millones de mascarillas.

Sin embargo, el mismo día, a las 20:33, el gabinete de Ábalos remite una nueva orden para anular la anterior y regular la adquisición de 8 millones de mascarillas, coincidiendo con la cifra con la que contaba la trama. El subsecretario de Transportes atribuyó esta decisión al ministro. "No parece justificarse que, habiéndose estimado una necesidad de 4 millones de mascarillas para 15 días naturales (duración del estado de alarma), en solo 38 minutos se duplique tal estimación", señala la auditoría de Puente.

Puertos del Estado adjudicó la compra de 8 millones de mascarillas con Soluciones de Gestión el 21 de marzo de 2020 a cambio de 24 millones de euros (a más de dos euros por mascarilla). Es el contrato más caro en la historia de Puertos del Estado. En total, la trama se adjudicaría 53 millones de euros con este material sanitario, consiguiendo colocar mascarillas en Adif (12,5 millones de euros), el Ministerio del Interior (3,5 millones), Canarias (11,8 millones) y Baleares (3,7 millones).

Las contradicciones de Ábalos

A lo largo del interrogatorio de la Fiscalía, Ábalos ha entrado en algunas contradicciones y ha manejado versiones difícilmente verosímiles. Ha llegado a sostener que le debe 33.000 euros en la actualidad a Koldo García, del que ha afirmado que le adelantaba numerosos pagos que después le reintegraba. Del mismo modo, ha señalado que debe cerca de 20.000 euros a su hijo, Víctor Ábalos, por conceptos que no ha llegado a especificar.

Respecto al audio en el que Koldo le achaca haberse gastado más de 400.000 euros en dos años, Ábalos ha respondido que no se reconoce en las grabaciones. Otro de los momentos complicados para Ábalos ha tenido lugar al explicar cómo se pagó la estancia de su familia en el chalé de Villa Parra (Marbella) en el verano de 2020. El exministro ha explicado que la frase recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) en la que Koldo le indica que "esto sale gratis por las molestias generales" se refiere a que el exasesor le pagó 2.000 euros de la estancia a cambio de unos daños que había provocado en el piso madrileño que Ábalos le arrendaba.

Aun así, ha explicado que le pagó 1.500 euros en efectivo. Sin embargo, la UCO ha acreditado que el exministro estuvo cinco años sin sacar dinero en efectivo del banco, desde 2018 hasta 2023. Sobre este último punto, ha dicho que en su etapa como ministro "el café no cuesta nada, al almuerzo vas invitado o pagas con cargo a protocolo... en la casa del Ministerio todos los gastos eran a cargo de Transportes". Sobre su etapa posterior al Ministerio ha señalado: "Me vinculé al bizum. No he vuelto a usar prácticamente ese mecanismo -sacar dinero en efectivo-".

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Durante el interrogatorio de su defensa, Ábalos ha criticado que la Guardia Civil recogiera el mensaje de WhatsApp en que avisó al presidente de la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Un mensaje que atestigua la versión de Víctor de Aldama de que la visita de la mandataria del régimen venezolano estaba prevista desde hace días, y no fue un viaje sorpresa como quisieron dar a entender Ábalos y Pedro Sánchez en 2020. "No sé qué tiene que ver con la causa y no entiendo que la conversación entre un ministro y su presidente del Gobierno pueda estar así de ventilada públicamente. Se hace lo que sea, incluso con cosas que pueden afectar la propia seguridad del país", ha manifestado Ábalos al respecto. Sin embargo, el periódico El Mundo ha publicado numerosas conversaciones de WhatsApp entre el presidente y Ábalos sobre las que el exministro no se ha quejado públicamente.

En su afán por conmover, al estilo Cicerón, Ábalos ya no lamenta que no tiene secretaria ni chófer, como hizo en aquella rueda de prensa que ofreció en el Congreso de los Diputados cuando Koldo García fue detenido. Justo después de afirmar que se sentía "estupefacto" por la detención de su exasesor y su presunta vinculación a una trama de cobro de comisiones a cambio de la adquisición de mascarillas. Sus circunstancias han empeorado desde entonces, y Ábalos ha lamentado en el juicio que no tiene para el pecunio de la cárcel, y que de sus inmuebles apenas conserva el que adquirió con 27 años en Valencia, el piso donde residía hasta entrar en prisión. Sobre el exministro pesa una petición de condena de 24 años de cárcel sobre la que el Tribunal Supremo decidirá en los próximos días.