PP y Vox sortean el ruido de la "prioridad nacional" y blindan sus pactos con la vista en Moncloa

El carrusel electoral que Génova ideó para forzar el desgaste de Pedro Sánchez arrojó otra realidad incontestable. Que el PP debe convivir con Vox si quiere gobernar y que, con la aún hipotética salvedad de Andalucía, la etapa de las mayorías absolutas se ha diluido por completo. La consecución de los pactos autonómicos (sobre todo en Extremadura) estuvo al borde del naufragio. Hubo momentos en que la coexistencia parecía imposible, que las diferencias podían ser insalvables y la inestabilidad pujaba al alza por el riesgo cierto a repeticiones electorales. La tensión marca la agenda nacional de la derecha. Pero ha blindado su poder territorial.

La resolución del pacto en Extremadura y su réplica casi exacta en Aragón señala el camino que Feijóo y Abascal seguirán hacia el Palacio de la Moncloa y sienta las bases de un futuro acuerdo nacional, al que ambos líderes se verán abocados si la demoscopia no cambia de aquí a que se convoquen las próximas elecciones generales. La negociación territorial ha forzado a los dos líderes a redefinir sus estrategias y adecuarlas al destino que marcan las urnas. El líder del PP diluye su aspiración de gobernar en solitario, como se propuso en su congreso de julio; y el de Vox asume 'institucionalizarse' y renunciar a su rol de partido antisistema.

Se da la circunstancia de que tanto Génova como Bambú han estado en esta ocasión presentes en la mesa de negociación, por lo que son corresponsables de los pormenores ideológicos, de las renuncias y también de las victorias. El acuerdo en Extremadura era el más delicado. Lógicamente por ser el primero, pero también por la falta de sintonía inicial entre María Guardiola y Santiago Abascal, que luego dirigió sus ataques a Feijóo. El PP se anotó como un tanto la ausencia de imposiciones en materia de feminismo o de los derechos del colectivo LGTBi, pero tuvo que hacer equilibrios para contentar a Vox en su principal bandera: la inmigración.

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Génova admite que la inclusión del principio de "prioridad nacional" en los acuerdos autonómicos —primero en Extremadura [consultar aquí] y ahora en Aragón [aquí]—en el acceso a ayudas, prestaciones sociales o vivienda fue una cesión semántica a Vox, que el partido de Abascal ha exacerbado para alimentar su particular cruzada migratoria a las puertas de las andaluzas. El choque por la interpretación de este criterio no se hizo esperar. Las primeras ampollas salieron a la superficie a las pocas horas de anunciarse el pacto de investidura de María Guardiola el pasado jueves y la tensión no ha dejado de escalar con el paso de los días.

¿Por qué? En resumidas cuentas, porque el PP niega que la cláusula de "prioridad nacional" implique discriminar a ciudadanos en función de su origen, mientras que Vox agita la idea de haber conseguido acercar a Génova al posicionamiento trumpista de los "españoles primero". Aunque forme parte de los acuerdos en que Guardiola y Azcón han plantado su firma, las comunidades no tienen competencias para aplicar ese tipo de distinciones en sus territorios sin un marco legal nacional que lo ampare. Serán por tanto Feijóo y Abascal los encargados de resolver ese nudo si llega el momento en que deban ponerse de acuerdo para llegar a la Moncloa.

Los dardos no dejaron de volar en las dos direcciones este miércoles, justo el día en que María Guardiola debía finiquitar su investidura y Jorge Azcón estaba a las puertas de hacer lo propio. "Los españoles tienen que tener prioridad en el acceso a la vivienda pública y a las ayudas sociales", enarboló a primera hora Abascal en Espejo Público, donde recriminó que haya "dirigentes del PP que no lo comprenden", en alusión a las reticencias que Ayuso como Moreno exhibieron en público mientras Génova enmendaba en privado los "anhelos" de Vox, que "no son lo que se ha firmado".

"Las leyes se cumplen", incidían en la dirección del PP, donde aseguraban que no permitirían "discriminar a ningún ciudadano de nuestro país" por su procedencia. Niegan el encaje constitucional de la pretensión de Vox, otro punto de fricción ya que los de Abascal aseguran que sus planteamientos encuentran amparo en la Carta Magna. El planteamiento que hace Génova —y que Guardiola, Azcón y Mañueco siguen a pie juntillas— es que el de la "prioridad nacional" no es más que un "principio inspirador" y que el acceso a subvenciones o ayudas sólo se medirá por cuestiones de "arraigo, empadronamiento" o "vinculación" al territorio a nivel social, económico o laboral" con independencia de la nacionalidad.

Opinión

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Por si fuera poco, Vox llevó al pleno del Congreso una moción para someter por primera vez a debate y votación en la Cámara el principio de "prioridad nacional" y arrastrar al PP de Feijóo a posicionarse tras pactarlo en Extremadura. El texto estaba redactado en los términos de los ultraconservadores: se hacía referencia a la preferencia explícita de "españoles" y se incluían cuestiones como la reemigración o las fuertes limitaciones de los inmigrantes en el acceso a la sanidad, posicionamientos a los que Génova se opone y que incluso tildó de "bestialidad".

Para evitar un choque frontal, el PP presentó una serie de enmiendas para ceñir la moción al "alma" de lo acordado en Extremadura, pero Vox no transigió. Según defienden los de Abascal, una cosa es lo pactado en los territorios y otra distinta su extrema posición nacional, que no se plantean corregir. Esta circunstancia provocó que Feijóo diese orden de votar en contra, lo que desató también una riña en redes sociales entre dirigentes de PP y Vox, como Alma Ezcurra y Carlos Hernández Quero. "La moción de Vox pretendía llevarnos más allá. Y más allá no queremos ir", zanjaron en Génova.

Pero el importante tira y afloja por la "prioridad nacional" no contaminó el buen ritmo de los pactos territoriales. María Guardiola fue investida en paralelo a la controvertida votación en el Congreso, y Jorge Azcón ultimó con Vox los flecos de su pacto de legislatura, que se formalizó cerca de las seis de la tarde. Aunque la mancha de la inestabilidad siempre estará presente por la ruptura que ya protagonizaron en verano de 2024 y los respectivos adelantos electorales en Extremadura y Aragón por la falta de presupuestos, PP y Vox rubricaron el compromiso de aprobar cuatro cuentas regionales que garanticen poner el broche a la investidura. Estabilidad y aparente normalidad en los territorios frente a la bronca permanente de la capital.

El acuerdo en Aragón sigue al dedillo los principios ya pactados en Extremadura en materia de inmigración, sanidad, inversiones, impuestos, energía o blindaje del sector primario. La única diferencia respecto a Guardiola es que Vox tendrá un consejero más, en coherencia con la "proporcionalidad" de los resultados electorales. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el ruido nacional no ha trastocado en ningún momento un entendimiento que ya se daba por hecho.

La siguiente será en Castilla y León, aunque en este caso los plazos no apremian y Alfonso Fernández Mañueco será investido tras las elecciones andaluzas... con criterios muy similares a los de sus homólogos autonómicos. La pugna por el alcance de la política migratoria entre PP y Vox no se clarificará hasta que Feijóo y Abascal deban sentarse a nivel nacional, por la importancia que uno y otro dan al relato en mitad de un exigente ciclo electoral que les mantendrá con las espadas en alto.