Los tres miembros de la agencia 'independiente' contra la corrupción los nombra el Gobierno

España sigue hundiéndose en los rankings internacionales de transparencia y lucha contra la corrupción, mientras las promesas del Gobierno de Pedro Sánchez se acumulan en el cajón de las Cortes Generales. Uno de los últimos ejemplos es la tramitación de una Ley de Integridad Pública, con la que supuestamente pretende combatir la corrupción "desde la prevención, la detección y las sanciones" a través de la Agencia Independiente de Integridad Pública.

El anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros plantea la creación de este nuevo ente público con la esperanza de que sea "clave en la estrategia contra la corrupción". "Será una autoridad administrativa que ejercerá el papel central en la lucha contra prácticas corruptas y fraudulentas", apunta el Ministerio de Hacienda. La creación de esta institución se planteó en el Plan estatal de lucha contra la corrupción anunciado por Sánchez después de que estallase el caso de presuntos amaños de obra pública que afecta a Santos Cerdán, al que el presidente protegió hasta el último momento.

Este organismo aglutinará tres organizaciones: la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Y se da la circunstancia de que los tres organismos que conforman la agencia independiente para combatir la corrupción están liderados por personas nombradas por el Gobierno.

La Oficina de Conflictos de Intereses es el órgano responsable de velar por evitar las incompatibilidades de los cargos públicos. Su director es elegido a proposición del ministro de Función Pública y ratificado por el Consejo de Ministros. Es decir, que en estos momentos sería Óscar López, ministro del ramo, el encargado de proponer a la persona al frente de la OCI. Ahora el cargo lo ostenta Flor María López Laguna, nombrada por Meritxell Batet en septiembre de 2018.

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La OCI lleva tres años sin resolver ni una sola sanción, según figura en la documentación del Ministerio para la Transformación Digital. Han pasado 2023, 2024 y 2025 sin encontrar ninguna incompatibilidad. De hecho, pasó por alto que Borja Cabezón fuera consejero de la empresa Renerstorex SL al mismo tiempo que ejercía como embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional del Covid-19 y la Salud Global y como consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), compañía pública que se encarga de facilitar financiación a pymes y startups.

También despachó en un solo día la existencia de un posible conflicto de intereses en la presencia de Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Globalia cuando la compañía patrocinaba el negocio privado de su mujer, Begoña Gómez (IE African Center). Una forma de proceder que fue afeada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), criticando al ente público por no producir "material de investigación".

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La falta de independencia de la OCI, de hecho, ha sido puesta en evidencia por numerosos organismos internacionales. Tanto el informe sobre el Estado de derecho en España de la Comisión Europea como el Consejo de Europa (GRECO) han cargado contra la dependencia presupuestaria y orgánica de la OCI con el Gobierno de Sánchez, además de subrayar la falta de recursos de que dispone.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), el segundo ente amparado por esta agencia, es un organismo de reciente creación, tanto, que el Ejecutivo incumplió los plazos estipulados por la Unión Europea, que abrió un procedimiento sancionador contra nuestro país. La persona al frente de esta institución, Manuel Villoria, también ha sido designada por el propio Gobierno.

Según establece la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, el presidente de la AIPI es nombrado por el titular del Ministerio de Justicia (Félix Bolaños) y ostenta el cargo por un período de cinco años. Su nombramiento es ratificado a continuación por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

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El tercer ente que conforma la agencia de Sánchez contra la corrupción es el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude. Este organismo está dirigido por el interventor general de la Administración del Estado, un alto cargo que es nombrado por la ministra de Hacienda y ratificado por el Consejo de Ministros. El actual interventor, Pablo Arellano, fue nombrado por la exministra de Hacienda María Jesús Montero.

En el anteproyecto por el que se creará la Agencia de Integridad Pública se plantea que estará presidida por un alto cargo con rango de Secretaría de Estado. De momento, el Gobierno solo ha trasladado que será nombrado "tras un proceso público" y que deberá contar con el refrendo del Congreso, sin dar más detalles. Su objetivo es que tenga un mandato de seis años, por lo que el próximo Gobierno tendrá un presidente de la agencia nombrado por Pedro Sánchez.

En un escrito oficial del Ejecutivo, al que ha accedido El Confidencial, Moncloa manifiesta que "su sistema de gobernanza, sus capacidades, dotación de medios y el reparto competencial con otras instituciones del Estado se encuentran aún en fase de estudio y definición". El proyecto se encuentra en una fase muy inicial y la falta de apoyos del PSOE en las Cortes puede hacer que naufrague antes de que acabe la legislatura.