María Guardiola, investida presidenta de Extremadura con el respaldo de Vox

Extremadura inaugura la nueva etapa de las relaciones entre PP y Vox, que arranca con ciertas turbulencias a nivel nacional por la interpretación de la literalidad del acuerdo suscrito en la región. Tras cuatro meses de idad y venidas, de reproches, ataques, amagos de ruptura y filtraciones, María Guardiola ha puesto fin a su situación de interinidad y ha sacado adelante su investidura este miércoles por mayoría absoluta, con el respaldo del partido de Santiago Abascal. Tomará posesión este mismo viernes.

El pacto llegó casi al límite del plazo legal para evitar una repetición electoral en Extremadura. Costó sangre, sudor y lágrimas alumbrar un acuerdo marcado por la desconfianza mutua, pero en que el PP logró sacar adelante un compromiso de estabilidad a Vox con la aparente garantía de aprobar los presupuestos autonómicos durante cuatro años. Tras meses de debate interno e influidos por las elecciones consecutivas de este primer semestre, los de Abascal decidieron cambiar su estrategia y entrar en los ejecutivos autonómicos del PP.

Óscar Fernández, portavoz regional de Vox, ocupará la vicepresidencia y una consejería de nueva creación, la de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, orientada a "eliminar trabas burocráticas y administrativas, simplificar procedimientos y eliminar duplicidades". Asumen también la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, una de las banderas irrenunciables para el partido de Santiago Abascal, que debe afrontar ahora cómo revertir el posible desgaste desmocópico de asumir funciones de gobierno, lo que inhibe el discurso antisistema sobre el que ha sostenido su crecimiento en los ultimos meses.

Pero contra todo pronóstico, el reparto de sillones no ha sido el asunto que ha tensado esta vez la relación en la derecha, sino más bien las cesiones programáticas. Cierto es que Vox no tensó la cuerda del PP en lo referente al feminismo, al aborto o a los derechos del colectivo LGTBi —que Guardiola calificó este miércoles de "postulados innegociables"—, pero situó en la cima de sus reivindicaciones la lucha contra la inmigración. Guardiola (y Génova, que participó en las negociaciones) accedió a introducir en el documento de 23 páginas el principio de "prioridad nacional", que los ultraconservadores enmarcan en el precepto de "españoles primero", mientras que el PP rebaja su alcance y niega tintes xenófobos.

El acuerdo incluye una batería de medidas dirigidas a blindar la central de Almaraz, rebajas de impuestos, el regadío de Tierra de Barros o la defensa del sector primario frente a la legislación comunitaria, pero también está trufado de propuestas que exceden las competencias autonómicas y que sientan las bases de un futuro acuerdo entre Feijóo y Abascal a nivel nacional. Se propone por ejemplo eliminar subvenciones a organizaciones que promuevan la inmigración (Vox incluye a Cáritas, algo que Génova descarta) o cambios en la Ley de Extranjería para devolver a menores no acompañados a sus países de origen.

Pero el supuesto de la "prioridad nacional" en el acceso a ayudas, sanidad o vivienda es la cuestión más polémica. María Guardiola no hizo referencia a ese criterio en su primer discurso de investidura al ser un asunto que trasciende al ámbito territorial. "Sé que el acuerdo ha generado ruido. Sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias y proclamas. No voy a entrar en eso. Ni es el momento ni merece la pena. Lo que está firmado es lo que se llevará a cabo", zanjó.

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El portavoz de Vox, Óscar Fernández, si hizo hincapié en la necesidad de "llamar a las cosas por su nombre". La prioridad nacional, prosiguió, implica "defender primero lo nuestro y a los nuestros" y "garantizar que quien forma parte de esta tierra tenga prioridad en el acceso a unas oportunidades que son limitadas". Aseguró que "no es realismo" ni "egoísmo" ni "ilegal", sino que responde al "realismo" de decir que "no se va a poner la alfombra a quienes vienen a España a vivir de los demás y a saquear servicios públicos que los españoles esperan durante meses".

El debate, que arrancó en la tarde del martes y se ha alargado a lo largo de toda la mañana del miércoles, ha girado fundamentalmente sobre esta cuestión. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, tildó de "infamia" la "prioridad nazi-onal" al que "se ha opuesto desde Cáritas hasta la misma Ayuso". La presidenta de la Comunidad de Madrid expresó sus reticencias respecto al carácter ilegal de discriminar en función del origen, aunque desde el PP reiteran que más allá de la narrativa que Vox haga del acuerdo la literalidad del pacto fija como criterio único el "arraigo real y prolongado" independientemente de la nacionalidad.

"Señora Guardiola, su gobierno nace muerto porque usted no es libre", le espetó la portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, a María Guardiola. La dirigente socialista censuró "la vergüenza y la inestabilidad" que le espera a Extremadura y vaticinó que no duraría cuatro años por las "hipotecas" con la dirección nacional del PP y con Santiago Abascal. "Ni usted ni nadie de su gobierno van a poder poner sus sucias manos sobre los menores migrantes que estén en Extremadura, porque la ley los protege", avisó.

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En su alegato final, María Guardiola pasó por encima de las críticas de la izquierda y reivindicó el entendimiento con los ultraconservadores por ser el destino marcado por las urnas, ya que el pasado 21 de diciembre PP y Vox sumaron casi el 60% del voto. "No somos el mismo partido, pero nos une algo importante: mejorar el futuro de la gente".