Hacienda exige a Aldama 1,6 M por un fraude en el pelotazo de las mascarillas
Le acusa de un presunto delito al declarar los beneficios por su intermediación a través de dos sociedades, "obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal"
Hacienda exige al empresario Víctor de Aldama 1’6 millones por un fraude a las arcas públicas derivado del pelotazo de las mascarillas por el que se encuentra actualmente en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. En un informe al que ha tenido acceso El Confidencial, indican que su trabajo como intermediario fue personal y lo tendría que haber declarado por medio de IRPF. En lugar de eso, le acusan de haber usado dos sociedades, "obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal".
“Se aprecian, por tanto, indicios de la comisión de un posible delito contra la Hacienda Pública al concurrir los elementos objetivo, subjetivo y cuantitativo del tipo, sin que exista regularización. La cuota presuntamente defraudada por Víctor de Aldama asciende a 2.410.748,95 euros, siendo la cuota exigible de 1.624.308,20 euros, al deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto sobre Sociedades 2020 por DELUXE FORTUNE S.L. y MTM 180 CAPITAL S.L.
Hacienda concluye en un informe de 151 folios que en el denominado “negocio de las mascarillas” desempeñaron un papel relevante tanto Víctor de Aldama como Juan Carlos Cueto. De Aldama dice que “resultó esencial para la consecución de los contratos debido a su proximidad y contactos con el sector público”. Por su parte, Juan Carlos Cueto, a través de sus empresas, “facilitó la financiación y ejerció gran parte de la dirección del negocio”. Utilizaron la empresa de la trama Soluciones de Gestión “para obtener la contratación” pública.
Este informe se lo ha remitido Hacienda ahora al juez central de Instrucción número Dos de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Es el juez encargado de investigar todo lo relativo al caso Koldo que no afecte de manera directa a la intervención del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Al estar aforado, esa parte del caso es la que se juzga estos días en el Tribunal Supremo.
Este pelotazo con las mascarillas tiene que ver con las adjudicaciones de contratos millonarios por parte de administraciones socialistas durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión para la que trabajaba Aldama. El empresario pagó comisiones ilegales al entonces ministro, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García para asegurarse esos contratos. Luego él se llevaba beneficios de la empresa, que le pagaba por sus servicios.
"El reparto se realizó mediante contratos de prestación de servicios y préstamos con intereses, fijándose las cantidades percibidas en función del resultado del negocio", dice el informe de Hacienda. "Considerando que los beneficios obtenidos por Víctor de Aldama por su labor de intermediación, y por Soluciones de Gestión como adjudicataria, iban a ser relevantes, se emplearon mecanismos defraudatorios para reducir la carga fiscal correspondiente al ejercicio 2020", explica Hacienda.
De igual forma, este informe considera la existencia de indicios de responsabilidad penal por un posible delito contra la Hacienda Pública también por parte de la empresa Soluciones de Gestión: "Se aprecian indicios de delito al haber minorado la cuota a declarar e ingresar mediante la compensación de bases imponibles negativas de periodos anteriores, las cuales se consideran no ajustadas a la realidad de la empresa, al cuestionarse la operación que las originó".
Hacienda exige al empresario Víctor de Aldama 1’6 millones por un fraude a las arcas públicas derivado del pelotazo de las mascarillas por el que se encuentra actualmente en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo. En un informe al que ha tenido acceso El Confidencial, indican que su trabajo como intermediario fue personal y lo tendría que haber declarado por medio de IRPF. En lugar de eso, le acusan de haber usado dos sociedades, "obteniendo de manera dolosa un importante ahorro fiscal".