La Fiscalía pide el archivo del caso Begoña al no ver "justificados" los delitos investigados
La Fiscalía Provincial de Madrid acaba de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que solicita el sobreseimiento del caso Begoña
Begoña Gómez en imagen de archivo. (EFE/J.J. Guillén)
La Fiscalía Provincial de Madrid acaba de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que solicita el sobreseimiento del caso Begoña al “no resultar debidamente justificada” la formación del delito que dio lugar al inicio de la causa. La solicitud se extiende a los tres investigados -Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- y abarca “todos los delitos” al no ser, según el Ministerio Publico, los hechos constitutivos de infracción penal.
La Fiscalía siempre se ha opuesto al avance de la instrucción y ha ido recurriendo la mayoría de las decisiones adoptadas por el juez Juan Carlos Peinado que, hace unos días, terminó el procedimiento y lo dejó listo para llevarlo ante un juicio con jurado popular. No es la primera vez que pide el archivo, al igual que han venido haciendo durante la fase de investigación las defensas de los acusados.
La solicitud se conoce después de que esta misma semana la acusación popular, dirigida por Hazte Oír, solicitara 24 años de prisión para la mujer del presidente del Gobierno por los presuntos delitos de trafico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. En el caso de su asistente, Cristina Álvarez, se solicita una pena de 22 años de cárcel y 6 para el empresario Carlos Barrabés.
Begoña Gómez está acusada de utilizar su posición institucional, como esposa del jefe del Ejecutivo, para influir en decisiones públicas y obtener ventajas económicas y profesionales en el ámbito privado y universitario. Aquí se incluye la concesión de una cátedra por parte de la Universidad Complutense de Madrid. La acusación ha pedido los datos financieros de Begoña Gómez para determinar la cantidad de multa atribuible a la principal investigada. También ha solicitado la declaración de Pedro Sánchez como testigo y que se le prohíba salir del país como medida cautelar.
La decisión final sobre el destino del procedimiento queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid que tendrá que responder a todos los recursos presentados y determinar si el paso dado por Peinado, similar al procesamiento, deriva en juicio o no lo hace. Las defensas, por su parte, han presentado quejas en las que cargan contra el instructor.
El letrado de Begoña Gómez sostiene que su actuación ha vulnerado derechos fundamentales al "dar carpetazo a la fase de investigación con una rapidez inusitada", sin permitir la práctica de diligencias ni que las partes puedan solicitar nuevas pruebas. A su juicio, esa decisión ha provocado una "vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión", al impedir el ejercicio pleno del derecho de defensa en un momento clave del procedimiento.
Contra el instructor
El recurso va más allá y cuestiona abiertamente los argumentos del magistrado, al que reprocha haber construido la causa sin base indiciaria suficiente. La defensa denuncia que el auto incorpora afirmaciones “absolutamente inaceptables” e “impropias de un titular de la potestad jurisdiccional”, llegando incluso a poner en duda su imparcialidad. En esa línea, critica que el juez sustente el delito de tráfico de influencias en una supuesta “prevalencia moral” derivada de la condición de esposa del presidente, lo que, a su juicio, responde más a un “prejuicio personal del juzgador” que a hechos acreditados.
Además, el escrito que firma el letrado Antonio Camacho sostiene que el instructor ha ido adaptando la causa para sostener los delitos investigados, en un proceso que califican de “cristalización progresiva”, basado en “hipótesis” y no en pruebas. A su entender, el auto incurre en “interpretaciones extensivas e irrazonables” de los tipos penales y refleja un “profundo desconocimiento” de cuestiones clave, lo que, según advierten, “no es compatible con la importante función jurisdiccional en el seno de un Estado de Derecho”. Por todo ello, solicitan la nulidad de actuaciones y la retroacción del procedimiento.
La Fiscalía Provincial de Madrid acaba de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid en el que solicita el sobreseimiento del caso Begoña al “no resultar debidamente justificada” la formación del delito que dio lugar al inicio de la causa. La solicitud se extiende a los tres investigados -Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- y abarca “todos los delitos” al no ser, según el Ministerio Publico, los hechos constitutivos de infracción penal.