La acusación pide cinco declaraciones del IRPF de Begoña Gómez y averiguar su patrimonio para fijar su multa

El escrito de Hazte Oír en representación de las acusaciones populares, que pide 24 años de cárcel para Begoña Gómez, solicita también que se investigue el patrimonio de la mujer del presidente del Gobierno para fijar la cuantía de la multa a imponerle en caso de que sea condenada. Por ello, la asociación pide que se recaben sus últimas declaraciones del IRPF para calcular su “capacidad económica”.

La acusación espera que sea condenada y eso, además de cárcel, acarreará el pago de una multa. También de las costas, que son los gastos que genera el procedimiento judicial. La cuantía de la multa debe ser verosímil con la capacidad económica de la acusada y, además, tiene incidencia en caso de que los jueces quieran exigirle el pago de una fianza para asegurar precisamente que hace frente a esos pagos si acaba condenada.

De hecho, esta acusación ya se adelanta y pide al juez la imposición de la prestación de “fianza bastante”, para asegurar las “responsabilidades pecuniarias” que pudieran declararse en el presente procedimiento.

“Es del interés de esta parte que se acuerde la averiguación de la capacidad económica de los acusados para permitir la concreción y fijación de las correspondientes multas”, dice el documento. “Interesamos se oficie a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para que remita las cinco últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)”, añade.

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Hazte Oír hace extensible esta petición a los otros dos investigados, la asistente de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Para la asistente piden 22 años de cárcel y para el empresario solicitan seis. El documento, de 62 folios, también plantea que el Juzgado de Juan Carlos Peinado incorpore a la causa “la correspondiente averiguación patrimonial, tras la correspondiente consulta” o que sean los propios acusados los que la aporten.

Al ejercer la acusación, Hazte Oír no puede exigir una responsabilidad civil por los cuatro delitos de los que le acusa: malversación de fondos, corrupción en los negocios, apropiación indebida y tráfico de influencias. Considera que existe "un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres", por lo que interesa que como medidas cautelares se les imponga la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial.

Los argumentos del escrito

Con respecto a la creación de la cátedra, Hazte Oír señala que Gómez, "aprovechando su relación con el presidente del Gobierno", ofreció "directa o indirectamente" a distintos directivos de "grandes y medianas empresas su interlocución" con su esposo. Y expone que también ofrecía "su participación pública" para, según la asociación, "obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos" para su "favorecimiento personal" y "con un coste cero para ella".

"Tal proceder motivó la obtención de patrocinios, servicios, soporte técnico, capital relacional y posicionamiento competitivo para poder realizar un programa informático único en el mercado y a un precio altamente competitivo, pues lo obtuvo sin coste. Y ello por ser su intención, desde un primer momento, desviar la propiedad del producto final a su propio patrimonio", indica.

Este martes, el Gobierno rechazó de plano la petición de 24 años de prisión para Begoña Gómez. Insiste en que forma parte de una campaña para hacer caer al jefe del Ejecutivo. Fuentes del Gobierno muestran su enfado con la solicitud de una pena de prisión tan elevada y creen que se descalifica por sí sola.