Vox exigirá a Feijóo cambios legales para cumplir la "prioridad nacional" y Moreno marca perfil propio

El pacto en Extremadura, cuyo esqueleto se plasmará en el inminente acuerdo de investidura en Aragón, provocó desde el principio un choque de criterios entre Génova y Vox por la interpretación de la "prioridad nacional" recogida en el texto para el acceso a la vivienda o a ayudas y prestaciones sociales. Desde la dirección del PP reconocieron desde el principio que la inclusión de ese concepto implica una cesión retórica a Vox, pero que no tendría efectos reales ya que en ningún caso se priorizaría a uno u otro ciudadano legal en función de su origen.

Según afirmó públicamente Miguel Tellado, presente en la mesa de negociación territorial, la "prioridad nacional" significa "que se priman y se bareman criterios como la vinculación con el país, el arraigo, la contribución al país durante años o los criterios económicos", con independencia de la nacionalidad de cada uno. Las explicaciones públicas de Génova llegaron después de los recelos internos que provocó esa cesión narrativa al partido de Santiago Abascal. Pese a representar modelos distintos, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno se desmarcaron públicamente del acuerdo que permitirá a María Guardiola ser investida esta misma semana.

Mientras el PP trata de hacer equilibrios discursivos para ensalzar el contenido del pacto con Vox sin boicotear la estrategia política en Andalucía y la Comunidad de Madrid, el partido de Santiago Abascal aprieta. La presión va dirigida de forma exclusiva a Génova y a Alberto Núñez Feijóo, y no a María Guardiola, Jorge Azcón o Alfonso Fernández Mañueco. Ellos no tienen las competencias para poner en práctica la esencia de la prioridad nacional" que choca con principios legales y comunitarios, empezando por la propia Ley de Extranjería. Pero Feijóo sí la tendrá en caso de que la suma con Vox le permita acceder a la Moncloa.

Vox defiende en este punto que la aplicación del polémico principio no debe quedarse en fuego de artificio, sino en un desarrollo reglamentario específico en cuanto se tenga ocasión. Así lo reivindicó este martes en rueda de prensa la portavoz de la formación ultraconservadora en el Congreso, Pepa Millán, que cuestionó las "trabas" que Génova ha puesto al acuerdo en Extremadura y reivindicó que "todas las leyes van a tener un desarrollo reglamentario en la concesión de las ayudas sociales y en la prestación asistencial del Estado", dando "prioridad nacional a través de diferentes criterios".

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El propio texto pactado en Extremadura recoge el compromiso de "modificar la Ley Orgánica 4/2000", la Ley de Extranjería, "y cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva" del citado criterio. Vox se ha abonado a la tesis trumpista del "españoles primero" incluso frente a inmigrantes regulares, tesis de la que reniegan en la dirección nacional del PP evitando, eso sí, el choque directo y público con el partido de Santiago Abascal para culminar los acuerdos de investidura en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En cualquier caso la tensión está servida en el lado derecho del tablero. Este mismo martes, el PP ha rechazado una enmienda de Vox en la Comisión de Interior que incluía el precepto de "españoles primero" en una iniciativa de los populares para agilizar la ejecución de las órdenes de expulsión. Y durante el pleno, los de Abascal obligarán a los populares a fijar posición y ratificar lo pactado en Extremadura mediante una moción que recoge el criterio de "prioridad nacional" frente a extranjeros, un texto que el PP ha enmendado para incluir el criterio del "arraigo duradero y verificable" en el territorio.

La pugna por la narrativa política del pacto marcó la sesión parlamentaria de este martes en el Congreso. Preguntado en los pasillos del hemiciclo por esta cuestión, Feijóo reivindicó que el PP "nunca adoptará ninguna decisión en contra de las leyes". Aunque Vox esté "en su pleno derecho" de "decir lo que considere oportuno", pidió "leer lo que se firma y no interpretar ni decir cosas distintas a las que se han firmado".

Críticas en Madrid y Andalucía

Pero tanto Ayuso como Moreno sí han priorizado una oposición frontal para blindar sus respectivas estrategias políticas. La presidenta de la Comunidad de Madrid reivindicó que "no se puede dejar a nadie fuera de un sistema para el que ha contribuido" por su procedencia, mirando en este caso el volumen de potenciales votantes hispanoamericanos residentes en la capital.

En paralelo, Juanma Moreno juega su propia estrategia electoral a menos de un mes de que se abran las urnas en Andalucía y vincula la negociación en el resto de comunidades que han ido a las urnas como un escenario a evitar en Andalucía. El barón moderado del PP reniega por completo de los acuerdos con Vox e incluso reivindicó ayer en presencia de Alberto Núñez Feijóo durante un acto en La Razón que los de Abascal "no tienen equipos para gobernar", aún a costa de echar por tierra los incipientes ejecutivos autonómicos en los que volverán a gestionar de la mano del partido ultraconservador.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía no ahorró crítica alguna contra Vox pese a convertirse en socio gubernamental de muchos de sus homólogos autonómicos, con el fin de tratar de sujetar la mayoría absoluta el próximo 17 de mayo y separarse por completo de un partido cuyo "programa está alejado de la propia realidad" y del regusto de "inestabilidad" que ha acompañado a lo largo de estos meses la formación de gobierno en Extremadura.

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Este martes, durante una entrevista en Espejo Público, el presidente en funciones de la Junta de Andalucía reivindicó de nuevo el perfil propio del PP en Andalucía y criticó el "exceso de literatura" y la "hipérbole" de Vox con la "prioridad nacional", concepto que defiende en los términos del "arraigo" que estipula Génova. En cualquier caso, Moreno quiso ensalazar de nuevo las diferencias con Vox en materia de igualdad o en la protección de las personas vulnerables y reivindicó la "encomiable" labor de Cáritas.

El posible recorte de ayudas a la organización vinculada a la Iglesia católica sí ha enfrentado sin matices a PP y Vox. El acuerdo de Extremadura incluye un epígrafe que promueve la "supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal" y que participen en la "promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal" o que "actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas".

En una entrevista para El País el pasado fin de semana, Carlos Hernández Quero y José María Figaredo, negociadores nacionales de Vox, apuntaron de forma directa a Cáritas: "No podemos aceptar que vaya dinero de los contribuyentes a promover la invasión y la inmigración masiva". En este punto, Feijóo, Moreno y Ayuso sí coinciden en una encendida defensa pública de la organización católica, que "puede estar totalmente tranquila, porque no le va a afectar", y que sólo se vigilarán aquellas ONG que colaboren con "mafias que trafican con personas".

Pepa Millán cuestionó el hecho de que Génova o el PP de Andalucía se dediquen a "boicotear a una compañera de partido" y volvió a ensalzar la posibilidad de cerrar el grifo a Cáritas en caso de que en el futuro se configure un Gobierno de Feijóo y Abascal. "Lo primero es ayudar a los nuestros", reivindicó.