Quién es quién en el juicio contra Ábalos por el 'caso mascarillas': los testigos que declaran esta semana y su relación con la trama
El juicio por las adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia entra en una fase determinante con nuevos testimonios clave ante el Supremo, mientras se intensifica el foco sobre las decisiones adoptadas en plena emergencia
- Juicio caso mascarillas: Ábalos, Koldo y Aldama en el TS, en directo
- Quién es y a qué se dedica Ana María Aranda, la mujer que asegura que Jésica acompañó a Ábalos en viajes oficiales pagados por Koldo
El llamado 'caso mascarillas' avanza en el Tribunal Supremo con una semana decisiva marcada por la declaración de decenas de testigos y un creciente escrutinio sobre el entorno del exministro José Luis Ábalos. La causa, que se remonta a los primeros meses de la pandemia, examina la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en un contexto de extrema urgencia y escasez. Lo que comenzó como una investigación sobre compras de emergencia ha derivado en un proceso de gran calado político y judicial.
En el centro del procedimiento se encuentran Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La Fiscalía sostiene que los tres habrían participado en una trama organizada para favorecer a determinadas empresas a cambio de comisiones y beneficios económicos. Entre los delitos que se investigan figuran organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, en un caso que golpea directamente a uno de los exdirigentes más relevantes del PSOE durante los primeros años del Gobierno de Pedro Sánchez.
El tribunal, presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha entrado en una fase especialmente relevante con la comparecencia esta semana de más de una treintena de testigos. Las declaraciones se suceden durante tres jornadas en las que el Supremo trata de reconstruir la operativa interna del Ministerio de Transportes en plena crisis sanitaria, así como las posibles conexiones entre los acusados y el mundo empresarial.
Las primeras comparecencias han dejado testimonios que dibujan un contexto marcado por la improvisación, la presión y la falta de alternativas. Ana María Aranda, secretaria de Ábalos durante la pandemia, ha relatado cómo el empresario Víctor de Aldama accedía al ministerio sin citas previas en algunas ocasiones, acompañado por Koldo García. Su testimonio también ha abordado la presencia de personas ajenas al equipo ministerial en viajes oficiales, como es el caso de Jésica, la expareja de Ábalos. En este sentido, la que fuera secretaria del exministro ha asegurado que los gastos de estos desplazamientos los pagaba Koldo.
Otro de los testigos clave, Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto, ha confirmado que mantuvo un encuentro con empresarios vinculados al entorno de Aldama para tratar cuestiones relacionadas con licencias energéticas. Sin embargo, ha restado importancia a la reunión, asegurando que su participación fue breve y que no tuvo continuidad en el tiempo.
Las declaraciones también han alcanzado al entorno más próximo del empresario investigado. Piedad Losada, secretaria de Aldama, ha reconocido haber realizado gestiones administrativas en nombre de su jefe y de otros socios, aunque ha negado conocer el destino final de algunas operaciones, como la compra de una vivienda en Cádiz que, según otras líneas de investigación, podría estar vinculada indirectamente con el exministro.
Uno de los momentos más relevantes ha llegado con la comparecencia de Rafael Pérez, exsecretario de Estado de Seguridad. Su testimonio ha puesto el acento en el contexto excepcional en el que se realizaron las contrataciones. Según ha explicado, la falta de oferta en el mercado internacional obligó a las administraciones a buscar proveedores de forma acelerada y con escaso margen de maniobra. “No había mercado”, ha señalado, subrayando la urgencia de conseguir millones de mascarillas en un plazo muy reducido.
Este argumento es uno de los pilares de la defensa de los acusados, que sostienen que todas las decisiones se adoptaron en un escenario límite, sin precedentes en la gestión pública reciente. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que esa situación no justificaría posibles irregularidades ni la existencia de una red organizada para beneficiarse de los contratos.
¿Quién más declara?
Este mismo martes comparecerán también Pedro Saura, antiguo secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y actual presidente de Correos, junto a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.
A ellos se sumarán el miércoles Carlos Moreno y Celia Rodríguez, ambos vinculados a la sede socialista de Ferraz. Moreno, que fue tesorero del PSOE, ya negó durante la instrucción haber recibido dinero en metálico procedente de la supuesta trama, mientras que Celia Rodriguez es secretaria adscrita a la Secretaría de Organización del PSOE.
En el caso de Rodríguez, expareja de Koldo García, aseguró el pasado lunes que era ella quien se encargaba de recoger los sobres con dinero destinados a cubrir gastos de Ábalos, después de recibir la indicación de que estaban listos.
La ronda de testificales continuará el jueves con la intervención de trabajadoras que participaron en la auditoría realizada en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Óscar Puente, además de otros peritos. También está citado el que fuera consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo, a quien se atribuye la entrega de 500.000 euros a Koldo y Aldama según el testimonio de Leonor González, hija de una empresaria que afirmó haber trasladado 90.000 euros a la sede central del PSOE en Ferraz.
- Juicio caso mascarillas: Ábalos, Koldo y Aldama en el TS, en directo
- Quién es y a qué se dedica Ana María Aranda, la mujer que asegura que Jésica acompañó a Ábalos en viajes oficiales pagados por Koldo
El llamado 'caso mascarillas' avanza en el Tribunal Supremo con una semana decisiva marcada por la declaración de decenas de testigos y un creciente escrutinio sobre el entorno del exministro José Luis Ábalos. La causa, que se remonta a los primeros meses de la pandemia, examina la adjudicación de contratos públicos para la compra de material sanitario en un contexto de extrema urgencia y escasez. Lo que comenzó como una investigación sobre compras de emergencia ha derivado en un proceso de gran calado político y judicial.