Las opciones de Aldama de esquivar la cárcel, en manos de la nueva fiscal general de Sánchez

En el juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García hay un tercer acusado. Víctor Aldama se sienta cada día en el banquillo del Tribunal Supremo, manteniendo siempre distancia con sus antiguos compañeros de batallas que se enfrentan a elevadas penas de prisión por recibir comisiones irregulares que él abonó. Su lucha es distinta a la de exministro y su ayudante. Intenta rebajar sus opciones de que una condena superior a los dos años le obligue a ingresar en la cárcel.

Con el estandarte de la cooperación y la admisión de su responsabilidad, el empresario ha conseguido que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular reduzcan la petición de pena en su caso a los siete años de cárcel. No le basta para eludir un ingreso y, como ya quedó claro en la vista preliminar al juicio, busca una rebaja de la pena en dos grados porque entiende que la atenuante de confesión debe ser considerada como "muy calificada".

Sin embargo, tiene enfrente un obstáculo. La evidente relevancia del caso provocará que la nueva fiscal general del Estado, nombrada por el gobierno de Pedro Sánchez en sustitución del inhabilitado García Ortiz, deba ser consultada si Anticorrupción elige modificar su informe de calificación original para aplicar una reducción. Teresa Peramato tiene la opción de dar instrucciones y cerrar, con ello, la puerta a una rebaja.

Aldama se ha erigido en los últimos meses como el azote del Ejecutivo. Más allá de sus confesiones en el terreno judicial, ha realizado multitud de declaraciones públicas en las que ha apuntado directamente contra el presidente del Gobierno. Ha dicho, por ejemplo, que Sánchez, era "conocedor" de la trama del caso Koldo. "En una organización de narcotráfico, el jefe no toca los fardos, pero da las órdenes", aseguró por ejemplo en alguna ocasión. También ha disparado en varias ocasiones contra la mujer del presidente, Begoña Gómez.

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Anticorrupción nunca ha visto con malos ojos la hipotética rebaja aunque la ha vinculado siempre a una ampliación en la cooperación ya iniciada. Durante la vista preliminar el fiscal jefe Alejandro Luzón indicó que "ese premio, esa menor pena, es la que establece imperativamente el Código Penal en el artículo 21" y añadió que el debate "puede estar entre si esa colaboración es cualificada o determina la atenuante como muy cualificada". Dejó la valoración a lo que suceda durante el juicio. La acusación popular también puede modificar sus conclusiones en el tramo final de la vista oral. Suceda lo que suceda, es el tribunal el encargado de imponer la pena que puede ser menor a la solicitada si los magistrados aprecian motivos para ello.

De momento, Aldama ha admitido todos los delitos por los que le acusa la Fiscalía y se ha confesado como "responsable en concepto de autor". Ha destacado que inició un comportamiento de colaboración proactiva con la Justicia, "en una fecha temprana" y que esa cooperación ha permitido impulsar y ampliar la investigación. "Se ha traducido en escritos, evidencias documentales y varias declaraciones judiciales confesando los hechos criminales en los que había participado" y "contribuyendo al esclarecimiento de los hechos y la determinación de la participación de los demás acusados", ponderó antes del juicio.

La confesión

En lo práctico esto se ha traducido en la confesión de que efectuó pagos al exministro y a su exasesor "en virtud del acuerdo global de pagos de comisiones al objeto de que estos le facilitaran la obtención de contratos públicos o la práctica de cuantas gestiones pudiera convenirle realizar bien en el propio Ministerio, bien en otros departamentos de la Administración".

Ha señalado que recibió 53 millones de euros por los contratos públicos de mascarillas, de los que devengó una comisión aproximada del 10%. De ese porcentaje, la mitad serían para Ábalos y Koldo, en concreto, dos millones de euros y 500.000 euros respectivamente, como "le fueron solicitadas por ambos" acusados. Algo parecido ha hecho en otras dos piezas abiertas y en manos ahora de la Audiencia Nacional, aquella que investiga los pagos de mordidas a cambio de obra pública y la centrada en la presunta financiación irregular del PSOE, en la que ha aportado un misterioso sobre venezolano.