Feijóo prepara su aterrizaje en Moncloa con 70 leyes listas para aplicar el primer día
El líder del PP cuenta con un abultado registro de medidas para revertir el andamiaje del sanchismo y exige a su equipo que cada propuesta incluya una memoria económica. La influencia de Abascal condicionará las prioridades de Feijóo
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados. (EFE/Borja Sanchez-Trillo)
Mariano Rajoy tardó 11 días exactos desde que fue investido presidente a finales de 2011 en ejecutar un ambicioso paquete económico para reducir el déficit público en plena crisis financiera. No es quizá el mejor ejemplo tras toda una campaña electoral basada en el compromiso de no subir los impuestos, pero la premura en la ejecución de un plan de Gobierno que aborde los grandes problemas estructurales del país es el principal espejo en el que se mira el actual líder del PP.
Si hay una característica que defina a Alberto Núñez Feijóo, también gallego, es su "mentalidad de Gobierno" y su "obsesión" por llegar a la Moncloa con los deberes hechos. No es de extrañar en un dirigente que hasta que llegó a Madrid en 2022 no conocía apenas la odisea de bregar desde la bancada de la oposición y se mecía cómodamente en las sucesivas mayorías absolutas de la Xunta. El final de la legislatura se acerca a un ritmo galopante y el líder del PP cuenta ya con un abultado registro de leyes elaboradas, desarrolladas, registradas y, en muy pocos casos, tramitadas que activará sin demora si logra acceder al palacio presidencial.
Feijóo no ha esperado al último año para construir esa ingente maquinaria legislativa, pero sí aprovechará el sprint final antes de las elecciones generales para engrasarla y pulir los flecos de la "alternativa" con la que promete desmontar el andamiaje del sanchismo. En la presente legislatura, el Partido Popular ha impulsado hasta 70 leyes que se encuentran en diferentes estadios de tramitación y que arman su 'Gobierno en la sombra' a efectos de legislación en marcha.
El líder del PP exige a los suyos que cada propuesta de cualquier departamento incluya una memoria económica para dotarla de viabilidad en un futuro Gobierno. Todos esos papeles son supervisados al detalle por el vicesecretario de Hacienda Juan Bravo, el 'técnico' por excelencia en el primer anillo de poder del dirigente gallego, y que desde hace pocos meses comparte funciones con el nuevo gurú económico de Feijóo, el exsecretario de Estado Alberto Nadal.
El inconveniente que ha encontrado Feijóo en este camino es que deberá compartir, ampliar y posiblemente modificar parte de esa agenda por la inevitable influencia de Vox. El pacto en Extremadura sienta las bases de las que serán las prioridades legislativas de un futuro (e hipotético) Gobierno de Feijóo y Abascal. El documento suscrito y revisado por las dos cúpulas nacionales está trufado de cuestiones que trascienden al ámbito autonómico, pero que implica una declaración de intenciones respecto a la futura simbiosis de todo el espacio de la derecha y sitúa la inmigración como una prioridad en el calendario normativo.
Génova niega los tintes xenófobos que Vox espolea con el principio de "españoles primero" en el acceso a la vivienda, a ayudas o a servicios sociales estructurales como la sanidad y se enfundan en la manta del "arraigo", sin atender al origen, para explicar el criterio de "prioridad nacional" que aparece en el documento. Pero el texto deja entrever las costuras de ese posible Ejecutivo de coalición, ya que se compromete a impulsar una reforma de la Ley de Extranjería —que Feijóo anunció, pero que aún no ha registrado en las Cortes—, además de recortes de subvenciones a sindicatos o entidades privadas o la ruptura con la Agenda 2030.
El esqueleto normativo de Feijóo
Las dos únicas medidas con la firma del PP que han sido aprobadas son las relativas a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal, que fraguó junto al PSOE en 2024 para desbloquear el CGPJ; y la normativa para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica que salió adelante de forma acumulada junto a otras proposiciones de ley de los socialistas y de Junts.
Los de Feijóo acumulan además 13 proposiciones de ley que han superado la toma en consideración del Congreso con el apoyo de parte de la inestable mayoría que encumbró a Pedro Sánchez, pero cuya tramitación se encuentra inmovilizada en el que los populares denominan como el "congelador de Armengol" por la cantidad de iniciativas que se encuentra en el limbo infinito de presentación de enmiendas. En Génova esperan que esa situación cambie tras el importante tirón de orejas del Tribunal Constitucional, que amparó por unanimidad al PP frente a las 71 prórrogas que acumuló un real decreto-ley para gestionar fondos europeos en la pandemia.
Es el caso de la reforma para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad (49 ampliaciones); la propuesta para garantizar la independencia del CIS y que deje de ser de Tezanos (31); la reforma de la Ley de Costas (27); la modificación de la Ley que regula el Ministerio Fiscal para blindar la independencia de la institución (15); o la norma que modifica varios aspectos de la Ley General Presupuestaria para garantizar el control parlamentario del gasto público, especialmente en defensa y seguridad (6).
Ana Belén RamosJuan Fernández-MirandaGráficos: José Ramón Pérez
El Senado ha sido el escaparate en el que Feijóo ha exhibido el grueso de su agenda legislativa, con decenas de iniciativas registradas, aprobadas o pendientes de debate que recogen gran parte de su propuesta económica, fiscal y de regeneración institucional. El sistemático bloqueo de las propuestas procedentes de la Cámara Alta —donde el PP cuenta con mayoría absoluta— en la Mesa del Congreso llevó al primer partido de la oposición a presentar a través del Senado un conflicto de atribuciones que también está pendiente de resolver el tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido.
Es el caso de la propuesta para rebajar el IVA de productos básicos o la Ley antiokupación, dos de las joyas de la corona del legado de Feijóo, con un récord de más de 80 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas para esquivar su debate en la Cámara Baja. Entre las medidas más destacadas que Feijóo ha trabajado y presentado en sede parlamentaria para allanar su aún hipotética entrada en la Moncloa se encuentra el plan de vivienda; de rebajas fiscales con la deflactación del IRPF, ayudas a autónomos y familias o impuestos bajos para el sector primario; la revalorización de las pensiones; una ley estatal de conciliación; la defensa y protección de los símbolos oficiales; el aumento de la transparencia en instituciones como el Consejo de Estado; o diversos cambios en el Código Penal.
Mariano Rajoy tardó 11 días exactos desde que fue investido presidente a finales de 2011 en ejecutar un ambicioso paquete económico para reducir el déficit público en plena crisis financiera. No es quizá el mejor ejemplo tras toda una campaña electoral basada en el compromiso de no subir los impuestos, pero la premura en la ejecución de un plan de Gobierno que aborde los grandes problemas estructurales del país es el principal espejo en el que se mira el actual líder del PP.