'Anboto' aflora la treta con la que Euskadi excarcela etarras por la puerta de atrás

El recurso en el que la Fiscalía se opone a la salida anticipada de prisión de la histórica etarra Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’, contiene un detalle que ha pasado desapercibido para quien no conoce el reglamento penitenciario. Accedió a un tercer grado tras haber disfrutado solo de un permiso ordinario de salida. Pero esa única salida previa era solo de dos días, algo que los presos no suelen pedir porque la ley les permite hasta siete seguidos. La ventaja es que las salidas de dos días las concede la cárcel y no necesitan aval judicial. Este recurso esconde una estrategia que el Gobierno vasco lleva años usando con los presos de ETA.

La clave está en el artículo 161 del Reglamento Penitenciario. Establece que, si la Junta de Tratamiento de la cárcel acuerda conceder el permiso solicitado por el preso, deberá elevarlo al juez de Vigilancia Penitenciaria “para la autorización correspondiente”. Pero ese mismo artículo especifica que “los permisos ordinarios de hasta dos días de duración serán autorizados por el Centro Directivo”, es decir, directamente por la propia cárcel y sin pasar por el juez ni la Fiscalía.

Esto tiene su importancia a la hora de impulsar excarcelaciones, ya sea mediante un tercer grado o la aplicación de un artículo 100.2 del mismo reglamento penitenciario. Este último es el que se le concedió también recientemente al que fuera jefe de los comandos de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, alias ‘Txeroki’. El 100.2 permite salir todos los días de la cárcel para estudiar o formarse.

Haber disfrutado de permisos de salida de prisión sin incidencias es un argumento que juega a favor de un preso cuando luego solicita medidas más flexibles. Pero los permisos de salida están pensados para preparar a los presos para su vida futura en libertad. Por eso los jueces son reacios a concederlos cuando a un interno le queda todavía mucha condena pendiente. No obstante, si la cárcel les concede permisos de uno o dos días, los jueces ya no pueden hacer otra cosa que tenerlos en cuenta cuando les llega en el expediente de un tercer grado o un 100.2.

Decenas de presos beneficiados

Según los datos a los que tuvo acceso El Confidencial de fuentes penitenciarias y de la lucha antiterrorista, esto que la Fiscalía ha detectado ahora en el caso de Anboto es una práctica que se viene produciendo desde hace años. Al menos 48 presos de ETA repartidos en las tres cárceles vascas salieron en 2023 con estos permisos de corta duración sin control judicial. En ese momento, el colectivo de presos de ETA lo integraban 127 reclusos en las cárceles vascas --luego creció por los traslados-- por lo que el porcentaje es amplio. Al menos una veintena salió el año anterior. El goteo no ha cesado desde entonces.

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Aunque en los últimos años el número de etarras que cumplen condena en tercer grado ha aumentado a un ritmo vertiginoso, la mayoría de los presos de ETA cumplen todavía su condena en segundo grado, el más común en las cárceles españolas. Todos los internos que hayan cumplido un cuarto de su pena y estén clasificados en segundo grado tienen derecho a pedir 36 días de permiso al año. El máximo de días seguidos que se pueden pedir son 7. Lo normal es que los internos soliciten más de dos días para aprovechar un puente, unas vacaciones o unas fiestas patronales con sus allegados.

Las mismas fuentes consultadas indican que el ritmo de concesiones de permisos de corta duración en el País Vasco es superior a la media del conjunto de España y de Cataluña, la otra comunidad autónoma que tiene las competencias transferidas. Esto ha sido posible desde que el Gobierno central de Pedro Sánchez entregó al Ejecutivo autonómico vasco la gestión de las prisiones. Era una deuda pendiente recogida en el Estatuto de Gernika.

Ese punto de inflexión se produjo en octubre de 2021 y fue acompañado del fin de la dispersión de etarras. Los presos terroristas dejaron de estar separados en cárceles de toda España, una estrategia que tenía décadas de vigencia para evitar que se retroalimentasen en sus postulados radicales. En su lugar, el Ministerio del Interior los fue trasladando a cárceles vascas por lo que dejaron de ser competencia del Gobierno central para depender del Gobierno vasco.

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El PNV es el partido hegemónico en Euskadi y las prisiones dependen de la Consejería de Justicia. Desde las últimas elecciones autonómicas, los nacionalistas gobiernan en coalición con el PSE. En esta legislatura es una consejera socialista la que asume la gestión penitenciaria. El ritmo de concesiones de terceros grados y excarcelaciones ha continuado. A medida que pasa el tiempo, esto afecta a presos con condenas más altas y con historiales especialmente sangrientos.

En aquel octubre de 2021, el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, hizo unas declaraciones en las que aseguró su intención de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez en iniciativas como la presentación de los presupuestos si de eso dependía sacar a la calle a “200 presos” de ETA. Desde entonces, más de 160 han ido saliendo en libertad por cumplir condena o se han acogido a medidas de semilibertad.