La acusación popular pide 24 años de prisión para Begoña Gómez por cuatro delitos

La acusación popular del caso Begoña Gómez ha presentado este lunes su escrito de petición de pena de cara al futuro juicio ante un jurado popular de la mujer del presidente del Gobierno. Bajo la dirección letrada de Hazte Oír, solicita 24 años de prisión para la esposa de Pedro Sánchez a la que atribuye la comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La acusación reclama, además, 22 años de cárcel para la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés, que supuestamente se benefició de diversos contratos con la Administración Pública.

Además, el escrito reclama que se cite como testigo en el juicio a Pedro Sánchez y exige la imposición de una fianza para asegurar responsabilidades pecuniarias aunque no cuantifica la cantidad exacta y reclama como medidas cautelares de carácter personal que se le prohíba la salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, se retire su pasaporte y se acuerde la obligación de que comparezca ante el juzgado cada quince días.

La acusación sostiene que la investigación judicial dirigida por el juez Juan Carlos Peinado ha demostrado que la mujer del presidente utilizó su posición institucional para influir en decisiones públicas y obtener ventajas económicas y profesionales en el ámbito privado y universitario.

Tras la llegada de su marido a la presidencia del Gobierno en 2018 incrementó su capacidad de influencia e interlocución con administraciones y grandes empresas, siendo plenamente consciente de ese nuevo contexto y utilizándolo en el desarrollo de su actividad profesional. "Aumentó la proyección institucional de la investigada, así como su capacidad de influencia tanto ante la Administración como en sectores privados", siendo además "consciente en todo momento de todo ello, y por tanto de la capacidad de influir en otros por sus vínculos personales", dice.

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Respecto al papel de su ayudante Álvarez como personal eventual en Presidencia del Gobierno, la acusación sostiene que este nombramiento se produjo por la relación personal con Gómez y que no se valoraron adecuadamente méritos o experiencia. Además, afirma que, una vez incorporada, Álvarez habría desempeñado funciones vinculadas a la actividad privada y profesional de Gómez, pese a estar retribuida con fondos públicos que valora en un total de 400.000 euros.

En cuanto a la relación profesional con el empresario Juan Carlos Barrabés, el escrito destaca que ambos desarrollaron una relación de colaboración con potencial beneficio económico para ambos. Destaca la redacción de cartas de apoyo a empresas vinculadas con el empresario en distintos procedimientos de contratación pública de Red.es y sostiene su especial peso.

Las empresas a las que respaldaban resultaron posteriormente adjudicatarias de contratos por varios millones de euros, pone de manifiesto. También incorpora el escrito la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva y la posterior captación de fondos con grandes empresas, además del episodio del software que -dice- trató de apropiarse en beneficio propio.

En esa línea, el escrito describe un esquema de obtención de ventajas económicas y profesionales mediante esa influencia, al afirmar que Gómez ofrecía a empresas su interlocución institucional para lograr apoyos, obteniendo "financiación, desarrollo tecnológico, trabajo especializado… y consolidación de una red de relaciones útiles", lo que le permitió "disponer de un activo tecnológico y relacional de alto valor sin asumir personalmente su coste real de mercado".

Begoña Gómez carga contra Peinado

Por su parte, la defensa de Begoña Gómez ha presentado un nuevo recurso de queja en el que carga con dureza contra el juez instructor y sostiene que su actuación ha vulnerado derechos fundamentales al “dar carpetazo a la fase de investigación con una rapidez inusitada”, sin permitir la práctica de diligencias ni que las partes puedan solicitar nuevas pruebas. A su juicio, esa decisión ha provocado una “vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión”, al impedir el ejercicio pleno del derecho de defensa en un momento clave del procedimiento.

El recurso va más allá y cuestiona abiertamente los argumentos del magistrado, al que reprocha haber construido la causa sin base indiciaria suficiente. La defensa denuncia que el auto incorpora afirmaciones “absolutamente inaceptables” e “impropias de un titular de la potestad jurisdiccional”, llegando incluso a poner en duda su imparcialidad. En esa línea, critica que el juez sustente el delito de tráfico de influencias en una supuesta “prevalencia moral” derivada de la condición de esposa del presidente, lo que, a su juicio, responde más a un “prejuicio personal del juzgador” que a hechos acreditados.

Además, el escrito que firma el letrado Antonio Camacho sostiene que el instructor ha ido adaptando la causa para sostener los delitos investigados, en un proceso que califican de “cristalización progresiva”, basado en “hipótesis” y no en pruebas. A su entender, el auto incurre en “interpretaciones extensivas e irrazonables” de los tipos penales y refleja un “profundo desconocimiento” de cuestiones clave, lo que, según advierten, “no es compatible con la importante función jurisdiccional en el seno de un Estado de Derecho”. Por todo ello, solicitan la nulidad de actuaciones y la retroacción del procedimiento.

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También ha habido queja por parte de la defensa de Cristina Álvarez que destaca que se ha producido una “flagrante infracción del art. 27.4 LOTJ” al acordar simultáneamente diligencias y el traslado para solicitar la apertura de juicio oral. Cuestiona, además, la competencia del Tribunal del Jurado y recuerda que “no todos los casos de conexidad” la justifican. Niega el delito de tráfico de influencias al afirmar que no existe presión sobre funcionarios ni beneficio económico. “¿Cómo va a cometerse tráfico de influencias en una reunión con un ingeniero de Google?”, se pregunta mientras considera la acusación “artificialmente forzada”.