Los jueces denuncian el "triunfalismo" de Bolaños mientras las vistas se alargan hasta 2030

La reforma integral del sistema de Justicia español que ha traído consigo la ley de eficiencia empieza a tener sus primeros efectos. El Ministerio de Justicia celebraba la semana pasada el aniversario de la norma, anunciando los primeros datos tras la implantación de los tribunales de instancia. El equipo capitaneado por Félix Bolaños aseguró que se había producido un incremento del 3% en el número de juicios celebrados y que, además, se avanza hacia un escenario con menor litigiosidad. Sin embargo, el aire "triunfalista" que predomina en el Ministerio no es compartido por la mayoría de la carrera judicial.

Las principales asociaciones de jueces denuncian que la realidad que se vive día a día en los juzgados es muy distinta. Mayor caos, más carga de trabajo, falta de operatividad y de medios es lo que ha supuesto la implantación de este modelo, según las voces consultadas por El Confidencial.

La sustitución de los juzgados clásicos unipersonales por un modelo en el que todos los jueces de un territorio comparten unos servicios comunes "está siendo un auténtico desastre". Así lo describe la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, que achaca esta problemática a la falta de previsión del Ministerio y a la escasez de medios personales y económicos.

"Faltan funcionarios, faltan jueces, faltan medios... No puedes hacer un cambio en la Administración de Justicia de estas características y de este calibre sin poner un euro sobre la mesa. Además, pedimos por activa y por pasiva que la implantación se hiciera de manera más lenta y progresiva, pero el Ministerio se ha negado", explica la presidenta de la asociación mayoritaria de jueces.

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Las fuentes consultadas indican que la puesta en marcha de la norma diseñada por los socialistas ha llegado sin contar con los medios a lo que se suma la asunción de nuevas competencias por parte de los juzgados de violencia sobre la mujer. Esto ha supuesto el incremento de la carga de trabajo y el deterioro progresivo de la calidad del servicio, lo que repercute directamente en los ciudadanos.

"Lo que ha hecho el Gobierno es utilizar los mismos medios. Los tribunales siguen colapsados y con grandes retrasos", afirma Francisco Cano, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. El magistrado murciano critica que aunque el Ejecutivo ha anunciado la creación de 500 nuevas plazas, eso aún no se ha materializado, por lo que la norma ha entrado en vigor sin dotar a los juzgados de más profesionales.

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A esto se suma la reorganización de funcionarios para cubrir los nuevos tribunales de instancia, lo que ha provocado un mayor retraso en los procedimientos. Según las fuentes consultadas, las secciones más afectadas son las áreas de mercantil y social donde ya se están fechando juicios de cara al año 2030.

El presidente de Foro Judicial Independiente, Roberto García, insiste en que la sensación en los distintos partidos judiciales es de "caos". Apunta a los abogados y procurados como los principales perjudicados del colapso de los juzgados, algo de lo que ya estaba avisado el Gobierno de Pedro Sánchez.

El portavoz de FJI explica que los jueces están "perdiendo demasiado tiempo en cuestiones organizativas" que lo único que hacen es provocar una mayor carga de trabajo y para lo que el Ejecutivo no ha puesto ninguna solución.

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Una opinión compartida por María Jesús del Barco que afirma que si lo que se pretendía con esta norma era igualar a los distintos juzgados en condiciones lo que se ha conseguido es "todos estén igual de mal". "Si esto sale adelante, y lo veremos en los próximos meses, no será por el Gobierno, será gracias al empeño de todos los que trabajamos en la Administración de Justicia", sentencia.

Los MASC

Respecto a la creación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), que obliga a intentar el acuerdo antes de poner un asunto civil o mercantil en manos de un juez, las fuentes consultadas por este medio comparten la idea de que aún es pronto para extraer conclusiones definitivas sobre su funcionamiento. Advierten que aunque su puesta en marcha ha sido la principal causa del descenso de la litigiosidad, esto no se debe a su efectividad, sino a que este método limita la llegada de casos a los juzgados. "Si tú cierras la puerta del hospital, no significa que tengas menos pacientes sino que no les has dejado entrar", añade del Barco.

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Por su parte, el portavoz de FJI insiste en que los MASC han supuesto un descenso claro de la entrada de demandas, "no sabemos exactamente si obedece a que están cumpliendo su función". A su juicio, su implantación no supone un aporte positivo al sistema judicial, pues están provocando un "efecto disuasorio".

Francisco Cano, miembro del Comité Nacional de la AJFV, explica que muchos de estos casos no se están admitiendo, porque no cumplen con los nuevos requisitos establecidos por la ley estrella de Bolaños. Esto provoca que las audiencias provinciales se colapsen, al tener que resolver como instancia superior estas cuestiones.

Desde el Ministerio de Justicia rechazan que existan incidencias “estructurales” en los nuevos tribunales de instancia e insisten en que ninguna de las dificultades detectadas "va a durar más allá de unas semanas". Por contra, celebran que desde la entrada en vigor de la ley de eficiencia, los asuntos pendientes se han reducido en un 4,5% en el orden civil y un 0,67% a nivel general.