Dos de cada tres diputados y senadores ocultan su agenda y sus citas con empresas

La opacidad reina en las Cortes Generales. Dos de cada tres diputados y senadores ocultan sus agendas y las reuniones que mantienen con lobbies y empresas. Un incumplimiento del Código de Conducta de las Cortes Generales que impide que el ciudadano conozca qué políticos están recibiendo a grupos de interés y a qué sectores económicos pertenecen.

Los encuentros entre compañías y grupos parlamentarios están a la orden del día. Fondos buitre, empresas del Ibex, sectores estratégicos, fundaciones y agencias de asuntos públicos maniobran para conseguir que los políticos atiendan sus demandas y reciban incluso su asesoramiento en la tramitación de leyes. Esta labor de lobby sigue sin regularse en nuestro país.

Según el último informe de la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), solo 75 diputados de los 350 que conforman el Congreso han anotado en sus agendas públicas las reuniones mantenidas con organismos externos y han dado cuenta de su actividad parlamentaria. Es decir, apenas el 21% ha cumplido con el Código de Conducta.

El incumplimiento está igual de extendido entre los senadores. Como recoge la OCI, solo 55 senadores de los 266 que componen la Cámara Alta han hecho públicas sus agendas, el 20% del total. "Son todavía minoría en ambas Cámaras, a pesar de las reiteradas recomendaciones que en este sentido se han hecho en todos los informes anteriores, quienes, además de las reuniones de órganos parlamentarios, publican otro tipo de actividades y reuniones mantenidas", señala el documento de la oficina.

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Además, de entre las pocas señorías que recogen en las agendas sus encuentros con el sector privado, muchas no lo hacen de manera constante: "Además, se observa que en muchos casos las anotaciones de reuniones distintas de las puramente orgánicas de la Cámara se realizan de forma ocasional y no regular y se refieren frecuentemente a asistencia a actos, pero rara vez se refieren a reuniones mantenidas con asociaciones y organizaciones".

Esta manera de proceder supone un incumplimiento del artículo 6 del Código de Conducta, que establece que "los miembros de las Cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente Portal de Transparencia, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés".

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En el mismo reglamento, se define como grupo de interés, lobby o lobista a "aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración o la modificación de iniciativas legislativas".

La OCI denuncia que la ausencia de anotaciones sobre estas reuniones hace imposible reflejar "la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras". Recuerda también que el informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea de 2025 ya señaló al Congreso de los Diputados por este incumplimiento.

La ley del lobby, en el limbo

La Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, encaminada a regular el sector del lobby en España, lleva estancada en el Parlamento desde la pasada legislatura. En estos momentos, permanece en el limbo parlamentario, atascada en la Ponencia de la Comisión de Hacienda, donde no termina de ser tramitada por la falta de apoyos del Partido Socialista.

Carlos Parry, presidente de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), denuncia en declaraciones a El Confidencial que "en España es muy difícil que exista una regulación del lobby cuando los diputados no son capaces de cumplir con las normas que ya tienen aprobadas a día de hoy en el reglamento del Congreso de los Diputados".

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Parry señala que la negativa de sus señorías a hacer públicas sus agendas "demuestra una dejadez a la hora de aportar transparencia a unas relaciones que existen". "Los profesionales del lobby queremos que haya una regulación que ordene esta relación entre público y privado, que le otorgue esa transparencia tan necesaria que le va a aportar más legitimidad a esas conversaciones y a esa relación. Además, va a ayudar a mejorar nuestro sistema democrático porque va a haber más posibilidad de aportar ideas con rigor y transparencia para que sean utilizadas por todos a la hora de elaborar las leyes", añade.

La Fundación Hay Derecho denunció ya esta situación en 2025 en su Informe Parlamento: "La información de la agenda de los parlamentarios solo incluye las reuniones oficiales de pleno y comisión y, en el Congreso, solo se refiere a las reuniones futuras, sin poder acceder a las anteriores".

Señala, además, que pese a los avances tecnológicos, los parlamentarios siguen sin poner en marcha este ejercicio de transparencia: "Es interesante destacar que esta opacidad se produce aunque ya están a disposición de los parlamentarios los medios tecnológicos para publicar no solo su agenda parlamentaria (que aparece de forma automática atendiendo a los órganos en los que forma parte), sino también su agenda personal (reservada para que se incluyan reuniones u otras interacciones que contempla el Código de Conducta)".

Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional y director adjunto de investigación de la Fundación Hay Derecho, subraya que "desde el ámbito internacional (la Comisión Europea y el Consejo de Europa en su informe GRECO) nos tiran de las orejas por no tener una regulación sobre los grupos de interés. Es una tara de nuestro sistema que hay que corregir".

Considera que existe también un gran problema con la "implementación de nuestra normativa. El Código de Conducta de las Cortes no se está cumpliendo, y no hay mecanismos para su verificación ni organismos independientes que lo monitoricen". Otro ejemplo de este incumplimiento, como apunta Teruel, es que la "mayoría de declaraciones de bienes están rellenadas por fórmulas estereotipadas que no dan información real de lo que se pide. Hacen falta mecanismos sancionadores y otorgar mayores poderes a la Oficina de Conflicto de Intereses, que tiene una función prácticamente consultiva".