Así se gestó el pacto PP-Vox que puede complicar la mayoría absoluta de Juanma Moreno

El empeño de Juanma Moreno por diseñar una campaña alejada de la refriega nacional se diluye entre las 23 páginas del acuerdo que PP y Vox han suscrito en Extremadura y que se replicará "en los próximos días" y con pocos cambios en Aragón. Bambú torció el brazo a Génova con los plazos. Consiguió dilatar el pacto con el fin de vender sus exigencias a Guardiola y a Feijóo —más teóricas que prácticas— como el modelo a seguir en Andalucía, al tiempo que obstruye la llamada al voto útil sobre la que el barón andaluz pretende sostener una mayoría absoluta cogida con pinzas.

El contrato de Extremadura sienta las bases de un ciclo de pactos viables en el resto del mapa territorial, redefine la relación en la derecha y fija las bases legislativas de un futuro (y aún hipotético) Gobierno de Feijóo y Abascal. Multitud de cuestiones incluidas en el texto trascienden al ámbito autonómico y representan un brindis al sol sin un marco legal nacional que lo ampare. Pero sí implican toda una declaración de intenciones cuya narrativa incomoda a algunos sectores del PP. Ayuso remarca públicamente la necesidad de ajustar las medidas a la legalidad en materia migratoria. Y Moreno rehúye toda opción de coaligarse con Vox.

Pero Génova traslada "satisfacción total" con un acuerdo que ha costado sangre, sudor y lágrimas. El pacto para investir a María Guardiola ha sido una auténtica carrera de obstáculos en la que tanto PP como Vox se han visto forzados a replantear sus respectivas estrategias. Feijóo quería un acuerdo rápido, cerrarlo incluso en enero, pero la realidad es que los contactos formales no comenzaron hasta 10 días antes de la primera y fallida sesión de investidura de la presidenta en funciones de la Junta, es decir, a finales de febrero.

Hasta entonces, uno y otro partido se habían instalado en una guerra de nervios que situó la repetición electoral como opción más que plausible. La desconfianza de Bambú con Guardiola, a la que denominaban como "la Irene Montero de Extremadura", parecía imposible de corregir. Durante semanas hubo reproches, insultos, filtraciones y amenazas. La presidenta de Extremadura, como apuntan en su entorno, "no podía más". Algún error comunicativo le costó incluso un reproche público de Génova ["sobra ruido y falta trabajo serio"] que colmó la paciencia de la cacereña. "Se sentía completamente sola", relatan.

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Guardiola pidió a Feijóo su implicación, y este le tendió un salvavidas. Génova dio un giro de tuerca y se lanzó a tutelar por primera vez las negociaciones de sus presidentes autonómicos. Elaboró un "documento marco" con postulados cercanos al programa de Vox para recuperar las riendas de la negociación, mientras que el líder ultraconservador cambió también de rasante y pasó a dirigir todas sus críticas a Génova y a ensalzar la "sintonía" con Guardiola.

En contra de lo que pudiera parecer, la fuerte tensión exterior nunca llegó a contaminar la mesa de negociación, que no se disolvió hasta pocas horas antes del anuncio oficial. La animadversión pública de Abascal contra Feijóo, Tellado y su "clan de contrabandistas de ría" nunca existió en las reuniones privadas, en las que, según fuentes presentes de Vox, "siempre hubo buen tono" y en las que el secretario general del PP apenas intervenía. Junto a él acudía Marta Varela, jefa de gabinete del líder del PP.

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Hacía "semanas" que la parte mollar del acuerdo estaba cerrada, pero Abascal quiso jugar con los tiempos y acercarlos lo máximo posible a la campaña andaluza. Hubo varios encuentros cruciales: el del 25 de marzo fue el primer acercamiento público, pero la cita decisiva se produjo el pasado viernes 10 de abril, en el que las dos delegaciones se reunieron durante seis horas en Mérida. Los últimos detalles se revisaron durante otra cita telemática el martes 14, y aún se produjeron "ajustes" en el documento programático 24 horas antes de su anuncio, según fuentes de la negociación.

El reparto de sillones —Vox asume una vicepresidencia y dos consejerías, de Familia y Agricultura— no se abordó hasta la mañana del jueves, que despacharon en solitario la presidenta de Extremadura y el líder territorial de Vox, Óscar Fernández. Hubo acuerdo inmediato y Guardiola descolgó el teléfono para dar la noticia a Varela tras meses de sufrimiento: "Lo tenemos".

El punto más delicado del acuerdo no ha sido el reparto de consejerías, sino que tiene que ver con la inmigración y el relato en torno al principio de la "prioridad nacional", sobre el que Santiago Abascal replicará en Andalucía y en el resto de España el America First de Donald Trump: "los españoles primero". Según el texto pactado, el mencionado criterio guiará el acceso a la vivienda y a las ayudas o subvenciones públicas, mientras que promueve la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales", como la sanidad, "a quienes se encuentren en situación irregular", salvo en caso de "urgencia vital".

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Pero el documento, lleno de matices y contrapesos, liga cualquier planteamiento al respecto a "la legalidad vigente". Génova se opone a la discriminación en el acceso a derechos básicos por razón de procedencia —incompatible además con la Constitución o con el marco comunitario— y vincula esa "prioridad" recogida en el texto al "arraigo" de cada persona al territorio (empadronamiento, residencia legal, vinculación social o familiar, contrato de trabajo...) con independencia de su nacionalidad.

A lo que sí se comprometen es a modificar la Ley de Extranjería donde quedaría definitivamente expuesto el desarrollo de ese principio de "prioridad nacional" que el PP sí aplica a la inmigración irregular, "que en ningún caso puede generar derechos". Vox, por su parte, sí ha utilizado la ambigüedad del texto y las evidentes lagunas legales para colocar su discurso más extremista y reivindica que Feijóo "asume nuestro posicionamiento". Fuentes de Génova admiten que los de Abascal han impuesto "mucha narrativa" sin efectos reales, pero no alimentará por ahora ese choque de relatos mientras ensalza que no haya cambios en la legislación relativa a los derechos LGTBi o la lucha contra la violencia de género.

"No queremos estar en la liga de los líos"

A Juanma Moreno este tipo de acuerdos no le deben sonar muy raros. El barón andaluz fue el primer dirigente de su partido que tuvo que sentarse con Vox allá por 2018, cuando logró desalojar al PSOE de la Junta después de 37 años de gobiernos socialistas. Entonces ya hubo algunas medidas de dudosa legalidad o incompatibles con la normativa vigente, como cuando los de Abascal reclamaron el nombre y apellidos de los trabajadores de las unidades de violencia de género. Con esa experiencia y la tranquilidad que le dan cuatro años de mayoría absoluta, el jefe del Ejecutivo andaluz ha dejado claro siempre que no tiene intención de repetir esa fórmula.

"Nosotros vamos a intentar evitarlo", dijo este viernes el político malagueño a su entrada en un acto institucional en El Puerto de Santa María, en Cádiz. Es una versión mundana del eslogan oficioso que Moreno lleva semanas defendiendo: estabilidad o lío. El lío al que se refiere es la travesía por la que han tenido que pasar Guardiola y, en menor medida, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco. "No queremos estar en la liga de los líos", añadió después en una reunión con alcaldes en Sanlúcar de Barrameda.

Es la forma que tiene Moreno de intentar repetir la cuadratura del círculo que consiguió en 2022, cuando el PP se convirtió para los electores en la vía más efectiva para evitar la entrada de Vox en el Gobierno andaluz. ¿Cómo afecta a este objetivo el hecho de que el "lío" haya tocado a su fin en la comunidad vecina? Es una incógnita, aunque en el PP admiten que el bloqueo en Extremadura, Aragón y Castilla y León beneficia a los intereses de Moreno, a su intento por captar el voto útil para evitar "un modelo de broncas e incertidumbre", en palabras del propio Moreno en la localidad gaditana.

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El pacto en Extremadura deja al PP andaluz en una situación peor que antes, pero los populares están convencidos de que los movimientos que generará la entente extremeña serán menores por las circunstancias propias de la batalla andaluza. Distinto sería en unas generales, en las que Pedro Sánchez sí podría beneficiarse de las salidas de tono incluidas en los pactos autonómicos. Es justo lo que pasó el 23 de julio de 2023, pero los populares andaluces confían en que no tenga el mismo alcance el próximo 17 de mayo.

El hecho diferencial, creen, es que el PSOE andaluz pasa por una situación muy complicada y las encuestas sitúan a María Jesús Montero a una distancia sideral de disputar a Moreno la victoria. En el PP están convencidos de que los votantes moderados que sustentaron la mayoría absoluta de 2022 no optarán por la papeleta socialista a pesar de los acuerdos con Vox. Sobre todo porque atisban que las elecciones del 17 de mayo acabarán convertidas en un referéndum sobre la continuidad del presidente en San Telmo. Y esa es una opción que ninguna encuesta ha dibujado en el horizonte.

Otra cosa es lo que pueda pasar con otro tipo de electores, los ciudadanos que oscilan entre el PP y Vox y podrían optar por los de Abascal para forzar un pacto similar al extremeño. El acuerdo que hará presidenta a María Guardiola, apuntan fuentes populares, puede parar la "hemorragia" que estaba sufriendo Vox por la herida de esos votantes que castigan el bloqueo que había decretado la formación ultra. Otra cosa distinta, afirman en el PP, es que la formación de una coalición en Extremadura vaya a animar a esos votantes a optar por Vox para forzar una alianza similar en Andalucía y complicando a Moreno la absoluta.