Ofensiva del PP por el rescate de Air Europa: Hidalgo y un directivo citados el jueves en el Senado

El exdirector Ejecutivo de Globalia y Air Europa, Javier Hidalgo, deberá comparecer de nuevo en la comisión de investigación que se sigue en el Senado sobre las presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y muy en particular en lo relativo al rescate de la aerolínea. Según ha podido saber este periódico, el PP lo ha convocado el próximo jueves 23 de abril a las 11 de la mañana.

Ese mismo día, a las 16:30, los populares también han citado al que fuera director de la Asesoría Jurídica de Globalia, Ramiro Campos Gallego, en el momento del rescate. El 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó la concesión de un crédito de 475 millones de euros a la compañía aérea mediante un préstamo participativo de 240 millones de euros y otro ordinario de 235 millones a amortizar en 6 años.

El PP ha decidido solicitar estas comparecencias después de que la comisión echara a andar esta semana en el Senado con las citaciones de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, el vicepresidente, Bartolomé Lora, y el expresidente Vicente Cecilio Fernández Guerrero, implicado en una investigación de la Audiencia Nacional que permanece secreta y se centra en el presunto cobro de comisiones para amañar precisamente rescates públicos, entre otros favores.

Tal y como reveló El Confidencial, Víctor de Aldama se reunió con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en varias ocasiones durante 2019 y 2020. Dos de esas citas tuvieron lugar en la propia sede de Globalia, en presencia de Javier Hidalgo, los días 24 de junio y 16 de julio de 2020. Esta compañía admitió al Tribunal Supremo que, en esas fechas, Aldama ya ejercía como “representante institucional” de la compañía.

​10.000 euros mensuales

En concreto, según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Air Europa pagó 10.000 euros mensuales a Aldama para agilizar el rescate de la compañía. Decenas de mensajes intervenidos por los agentes demuestran que el empresario hizo de intermediario entre Air Europa y el Ministerio de Transportes que en esa época capitaneaba José Luis Ábalos.

Los investigadores han descubierto, entre otros episodios, que en un momento crítico para la compañía porque sus acreedores le exigían la devolución de créditos, Aldama logró que Transportes publicara una nota de prensa anticipando que el Gobierno iba a salvar la aerolínea.

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El Consejo de Ministros aprobó formalmente el rescate semanas después con el voto a favor de Pedro Sánchez, que participó en la deliberación a pesar de que, en ese momento, Globalia ya había firmado un acuerdo de patrocinio de 40.000 euros anuales con IE Africa Center que dirigía Begoña Gómez y que esta se había reunido en fechas clave del proceso con el dueño de la aerolínea.

Esta circunstancia provocó que el rescate de Air Europa fuera una de las primeras líneas de investigación que abrió el juez Juan Carlos Peinado en las diligencias sobre los negocios privados de Begoña Gómez. La Audiencia Provincial cerró posteriormente esa vía y recondujo la investigación del llamado caso Begoña hacia otros episodios presuntamente delictivos.

Sin embargo, la inyección de dinero público en Air Europa sigue siendo objeto de investigación de la trama Koldo en la Audiencia Nacional y las relaciones Hidalgo-Aldama-Ábalos también figuran entre los asuntos que se están dirimiendo estos días en el juicio al exministro de Transportes y su asesor Koldo García Izaguirre en el Tribunal Supremo.

Primeras declaraciones

Gualda afirmó que no se ha encontrado "irregularidad" en el rescate a Air Europa, ni en ninguna de las empresas rescatadas" y hasta presumió de que se ha devuelto el 65% del dinero prestado por el fondo público, 1.675 millones. En cuanto a la aerolínea Plus Ultra, investigada por la Policía Nacional por presunto blanqueo de capitales, subrayó que se trata de una empresa "solvente" incluso en la actualidad. Así lo ha manifestado en la comisión de investigación sobre la SEPI, que ha echado a andar este lunes en el Senado por voluntad del PP. Pese a la "solvencia" de Plus Ultra, Gualda ha reconocido que la aerolínea solo ha devuelto 12 millones de euros en "intereses" de los 53 millones de dinero público que prestó la SEPI.

Ya el miércoles, el vicepresidente Lora negó que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participaran o influyeran en las decisiones sobre los rescates tanto de Air Europa como de Plus Ultra. Según afirmó, "nunca" se reunió con ninguno de ellos, "no influían en absoluto en SEPI" y el expediente de Plus Ultra se tramitó en el fondo de solvencia con criterios técnicos, asumiendo él mismo la firma y la responsabilidad última de la operación.

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Eso sí, reconoció que el expediente de Plus Ultra presentó algunas deficiencias "formales" que atribuyó a cuestiones meramente procedimentales o carencias en la documentación que se subsanaron durante la tramitación, por lo que la aerolínea cumplía finalmente los criterios de elegibilidad exigidos para acceder al fondo de rescate.

El caso de Plus Ultra también se está tratando en la comisión Koldo, también en el Senado. Julio Martínez, investigado en la causa secreta en la que se investiga el presunto blanqueo de capitales de Plus Ultra, se agarró a su derecho a no declarar y se limitó a realizar un breve alegato inicial en el que arremetió contra la comisión por no tener en cuenta su situación médica, un factor que sí se ha tenido en otros casos, como el de la mujer de Santos Cerdán, Francisca Muñoz, a la que inicialmente se eximió de acudir a la Cámara Alta por un documento de su Centro de Salud.

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Quién también tendrá que acudir a la comisión SEPI es la candidata del PSOE-A a las elecciones del próximo 17 de mayo en Andalucía, María Jesús Montero. Esta misma semana, la Junta Electoral Central (JEC) ha archivado la denuncia presentada por el Partido Socialista pidiendo la suspensión de la comparecencia, anunciada para el próximo 20 de abril, a menos de un mes de la cita con las urnas. La JEC tomó esta decisión con el argumento de que "no le corresponde" suspender la convocatoria "ni entrar a valorar la oportunidad de su celebración", informa EP. No obstante, sí hizo un llamamiento "al ejercicio responsable de las funciones constitucionalmente atribuidas a los órganos parlamentarios durante el periodo electoral".