El juicio a Ábalos destapa nuevos delitos: del hijo repudiado al fraude con la pensión
Testigos hablan de irregularidades de lo más variopinto, que van desde un supuesto enganche irregular a la luz y el agua hasta una incapacidad total remunerada a Koldo García
El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el banquillo de los acusados.
El juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García se les está poniendo muy cuesta arriba a los dos acusados. Más allá de sus escasas opciones de escapar a una condena por las mordidas procedentes del entorno de Víctor de Aldama, distintas testificales de la vista oral han desvelado la posibilidad de que se hayan cometido otros delitos menores, ajenos a este proceso. Irregularidades de lo más variopinto, que van desde un supuesto enganche irregular a la luz hasta el fraude a la seguridad social, pasando por el trato dispensado a un hijo de García, fruto de una relación de juventud.
La primera en mencionar hechos que, sobre el papel, encajan en algún tipo penal delictivo fue la empresaria Carmen Pano. Durante su declaración habló del chalet de la Alcaidesa, en Cádiz, una casa que, según la UCO, fue entregada a Ábalos a modo de prebenda como contraprestación por sus gestiones para que la empresa Villafuel obtuviera una licencia como operadora de hidrocarburos. Pano explicó que el entorno de Ábalos esperaba disfrutar de la vivienda a gastos pagados y que, durante un fin de semana, se encontraron con que la luz y el agua estaban cortados cuando querían celebrar una fiesta.
Según el relato de Pano, Koldo García la contactó para recriminarle el descuido y le pidió que lo solucionara. Antes de que ella pudiera hacer gestiones al respecto, recibió una segunda llamada en la que el asesor de Ábalos le indicó que la habían "enganchado". Es decir, que había realizado un empalme ilegal para recuperar el suministro. El Código Penal incluye como delito la defraudación del fluido eléctrico y castiga aquellas acciones que consisten en cometer fraude mediante la utilización de energía eléctrica, agua, gas, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos por los medios previstos en la ley. Está regulado en los artículos 255 del Código Penal, y el tipo básico está penado con multas de tres a 12 meses.
Tras ella llegó Patricia Uriz, la expareja de Koldo García, que realizó nuevas afirmaciones sobre actividades cuestionables. Cuando la abogada de la pareja conducía su interrogatorio y trataba de determinar los ingresos de los que disfrutaban y descartar con ello un incremento patrimonial irregular, le preguntó por las cantidades que cobraba el asesor. "¿Es cierto que el sueldo de Koldo en aquellos momentos era superior a 75.000 euros anuales?", dijo. Uriz contestó que sí porque "aparte de cobrar el sueldo del Ministerio, tenía una pensión".
Como publicó este periódico, Koldo García simultaneó su primer salario como escolta y chófer del PSOE y su posterior sueldo de asesor en el Ministerio de Transportes con una pensión por incapacidad permanente total, un subsidio público de carácter extraordinario que está reservado para trabajadores que padecen algún tipo de enfermedad o dolencia grave que les inhabilita para desempeñar las tareas propias de su empleo habitual. Hechos como este corresponden con la posible comisión de un delito de fraude a la Seguridad Social.
Un hijo "previo"
El testimonio de Uriz añadió otro detalle. Explicó una operación de compra de una vivienda en Valencia a nombre de la hija de ambos. Dijo que Koldo decidió ponerlo a nombre de la niña porque él "tiene un hijo previo con el que no tiene ninguna relación" y no quiere que obtenga "nada". Le otorgó la titularidad a la menor porque, de esa manera, esa casa "saldría de la herencia de él".
Estas afirmaciones insinúan la existencia de maniobras para ocultar o distraer bienes del patrimonio para perjudicar a herederos legítimos y también pueden constituir delito de alzamiento o estafa.
Todos los hechos descritos sucedieron hace años y, por ello, pueden estar afectados por la prescripción. En cualquier caso, para que se investigue, la Fiscalía tendría que reclamar una deducción de testimonio si considera necesario determinar si hubo o no ilícitos penales como apuntan los testimonios o si las declaraciones prestadas le merecen la credibilidad suficiente como para ahondar en lo sucedido.
El juicio contra José Luis Ábalos y Koldo García se les está poniendo muy cuesta arriba a los dos acusados. Más allá de sus escasas opciones de escapar a una condena por las mordidas procedentes del entorno de Víctor de Aldama, distintas testificales de la vista oral han desvelado la posibilidad de que se hayan cometido otros delitos menores, ajenos a este proceso. Irregularidades de lo más variopinto, que van desde un supuesto enganche irregular a la luz hasta el fraude a la seguridad social, pasando por el trato dispensado a un hijo de García, fruto de una relación de juventud.