El PP impulsa mociones en los más de 8.000 ayuntamientos de España para enfrentar la regularización masiva
La aprobación del decreto ha dejado colas kilométricas en las primeras horas de aplicación. Los consistorios del PP denuncian una "transferencia encubierta de competencias" y el "colapso de los servicios sociales"
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La regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros lleva sólo dos días en marcha y ya ha dejado imágenes de colas kilométricas que dan cuenta de la saturación en consulados y ventanas municipales de atención al público ante la avalancha de inmigrantes en busca de certificados para acceder a la residencia legal y de preguntas que no ha despejado la Administración General. Y el PP no ha perdido el tiempo para comenzar a desplegar la ofensiva política, institucional y jurídica que ya avanzaron a principios de semana en la sede nacional del partido.
En concreto, y bajo la coordinación de la vicesecretaria, Alma Ezcurra, el PP impulsará mociones en los más de 8.000 ayuntamientos de España, gobiernen o no en los mismos, para expresar una férrea condena al "irresponsable" proceso de regularización masiva ejecutado por el Gobierno. Al utilizar la fórmula del real decreto por el procedimiento de urgencia, el Gobierno no se ha visto obligado a llevar el trámite al Congreso —que sí rechazó expresamente la propuesta con la mayoría que suman PP, Vox y Junts—, pero tampoco ha trasladado información alguna a comunidades y ayuntamientos sobre el proceso.
Este es el principal punto de la queja que el PP llevará a través de mociones a todos los consistorios del país: el previsible "colapso de los servicios sociales y de atención ciudadana a consecuencia de esta irresponsable política migratoria", así como "la falta de planificación y de dotación económica" por parte del Gobierno para hacer frente a este desafío.
La falta de información respecto al número aproximado de afectados —Moncloa habla de 500.000, pero estimaciones independientes lo elevan a 840.000 e informes policiales a más de un millón— ha puesto en pie de guerra a los territorios del PP, que deberán hacerse cargo a partir de ahora de la presión asistencial y administrativa.
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Opinión El documento, al que ha accedido El Confidencial, cita de forma concreta las consecuencias del proceso de regularización para "la atención sanitaria de urgencia; la escolarización; la vivienda social u otros servicios sociales de base". Y lamentan que "las oficinas de atención de una gran mayoría de ayuntamientos ya están colapsando, fruto de la irresponsable política del Gobierno, que ha tomado una decisión de enorme magnitud sin consultar a las entidades locales ni dotarlas de los recursos necesarios para asumir las consecuencias".
Desde Génova alertan de que serán los municipos precisamente los encargados de emitir los informes de vulnerabilidad necesarios para la tramitación de las solicitudes, así como del "acompañamiento social posterior en los procesos de inclusión o la vivienda", sin que esto se haya traducido en mayores recursos procedentes del Estado.
Los populares advierten además que los responsables de Extranjería "han advertido de la imposibilidad material de gestionar un volumen de expedientes de tal magnitud con las actuales estructuras administrativas", y alertan también del peligro que implica para la verificación de identidad la admisión de "documentos de viaje caducados, en contra del criterio del Consejo de Estado". La queja se extiende al hecho de que la norma adolezca de una "desvinculación estructural del mercado laboral", mientras que critican la falta de garantías en el proceso anunciado por el Gobierno para comprobar los antecedentes penales de los solicitantes.
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Opinión El PP en su conjunto denuncia que la regularización masiva —que el Gobierno ha ubicado de forma estratégica en mitad de la precampaña en Andalucía— implica "una transferencia encubierta de las competencias y costes hacia ayuntamientos y comunidades", mientras que el Gobierno de Sánchez intenta apuntarse un tanto utilizando el acuerdo para intentar tensar las costuras del PP en pleno ciclo electoral. "Responde a una operación política. Es una decisión concebida sin datos objetivos, sin planificación real, sin coordinación, sin previsión operativa, sin recursos suficientes y sin respeto alguno a las comunidades", zanjan.
Con la aprobación de esta batería de mociones, los ayuntamientos del PP exigirán al Gobierno "retirar" directamente el real decreto "por carecer de los mecanismos de control necesarios". Esta ofensiva territorial sí está coordinada con Génova que, como publicó El Confidencial, rehusó de imponer un frente común a todas sus comunidades autónomas para recurrir la medida ante el Tribunal Supremo por la incomodidad que este debate genera en el PP de Juanma Moreno, que será quien precisamente se enfrente a las urnas el próximo 17 de mayo.
La regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Consejo de Ministros lleva sólo dos días en marcha y ya ha dejado imágenes de colas kilométricas que dan cuenta de la saturación en consulados y ventanas municipales de atención al público ante la avalancha de inmigrantes en busca de certificados para acceder a la residencia legal y de preguntas que no ha despejado la Administración General. Y el PP no ha perdido el tiempo para comenzar a desplegar la ofensiva política, institucional y jurídica que ya avanzaron a principios de semana en la sede nacional del partido.