La Audiencia pregunta a Fiscalía por una denuncia contra Netanyahu por la detención de un casco azul español

El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de unas diligencias previas y le pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre una denuncia presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La denuncia la ha presentado la asociación Iustitia Europa por la detención de un caso azul español desplegado en Líbano.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico, “sin que mediara provocación alguna por parte del personal español y en flagrante desprecio de los protocolos de desconflicción existentes, las fuerzas israelíes asaltaron el vehículo de cabeza” en el que iba el sargento español. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril.

“El sargento del Ejército de Tierra español –añade la denuncia– fue extraído por la fuerza y con extrema violencia de su vehículo. Este hecho fue calificado por fuentes oficiales como un ‘acto absolutamente hostil con violencia física’. Acto seguido, al militar español “le metió en un vehículo con una violencia evidente”, procediendo a su traslado forzoso a una localización distinta y no autorizada, consumando así una privación de libertad ambulatoria”.

Esta decisión judicial, avanzada por The Objective, busca que la Fiscalía se pronuncie acerca de si aprecia delito en los hechos descritos y si considera que la Audiencia Nacional es competente para investigarlos. Iustititia Europa es una de las asociaciones que ejerce la acusación popular en la mayoría de las causas sobre corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su denuncia va dirigida contra Netanyahu, pero también contra Herzi Halevi, en su condición de Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y superior jerárquico de las unidades implicadas.

Los delitos

También contra el comandante del Comando Norte de la IDF, como responsable operativo directo de las fuerzas desplegadas en el frente sur del Líbano en la fecha de los hechos. Además, pide que se amplíe contra cuántos otros mandos militares y autores militares resulten identificados en el curso de la instrucción como responsables por acción u omisión de los hechos. Considera que los hechos pueden constituir un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crimen de guerra), detención ilegal y coacciones.

Entre otras cosas, Iustitia Europa pide que Interpol y Europol identifiquen a los militares israelíes que operaban en la zona de Taybeh (Líbano) el 7 de abril, que el CNI aporte “cuantos informes, interceptaciones de comunicaciones u otra información de inteligencia obre en su poder relativa a las órdenes emitidas por el Estado Mayor de las IDF sobre el trato u hostigamiento a la FINUL en las fechas de los hechos”.

También quiere que declare como testigo la ministra de Defensa, Margarita Robles para que ratifique el contenido de sus declaraciones públicas en las que habló de "trato violento" y aporte testimonio sobre las gestiones y notas diplomáticas de protesta remitidas al Estado de Israel.