Zarrías admite al juez que Leire Díez le entregó un USB con datos de sus investigaciones

El juez que investiga las actividades de Leire Díez ha tomado este jueves declaración en calidad de testigo al histórico dirigente del PSOE andaluz Gaspar Zarrías, quien tuvo en nómina a la exmilitante socialista en una empresa consultora. Según informan fuentes jurídicas, Zarrías ha confirmado que Leire Díez le dio un disco duro con el resultados de sus investigaciones. Zarrías ha llevado una copia al juzgado --introducido en una bolsa--, pero además el magistrado ha pedido que aporte un ordenador donde, según ha dicho, volcó toda la información.

Según ha desvelado El Confidencial, Leire Díez entregó al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, procesado y absuelto en el caso de los ERE, un disco duro con información sobre jueces, fiscales, policías y guardias civiles en septiembre de 2024, solo unos días después de que El Confidencial desvelara que la militante del PSOE estaba trabajando a las órdenes de Santos Cerdán para atacar a funcionarios y profesionales que molestaban al Gobierno de Pedro Sánchez.

La memoria informática guardaba el resultado de tres años de operaciones encubiertas de Leire Díez y su socio Javier Pérez Dolset, el otro miembro destacado de las cloacas de Ferraz, para tratar de sabotear los casos de corrupción que afectaban a los socialistas andaluces, incluido el propio caso de los ERE. Como reveló este diario este miércoles, los fontaneros del PSOE empezaron a colaborar con Zarrías y otros ex altos cargos de la Junta implicados en escándalos en el otoño de 2021.

Sin participación de Villarejo en los ERE

Zarrías ha atendido a los medios de comunicación a su salida del juzgado en el que ha contestado preguntas durante cerca de una hora y media. Ha confirmado que Leire Díez le contactó en 2021 porque quería “culminar una investigación que, como periodista, estaba llevando a cabo para demostrar si Villarejo había participado en el inicio del caso de los ERE”. El resultado de esa investigación se lo entregó en septiembre de 2024. “Desgraciadamente, no había nada que pudiera probar que Villarejo había intervenido”, ha lamentado ante la prensa.

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El exdirigente andaluz ha admitido que en ese disco duro “había mucha información”, pero no ha querido ofrecer más detalles. “La conocí en el 2021; estuvieron ella y Pérez Dolset. Me dijeron que estaban haciendo un trabajo de investigación para una publicación y que si les podía aportar sentencias, autos y recursos (del caso de los ERE) y lo que les podía servir. Me dijo que era periodista y que estaba haciendo un trabajo de investigación, creo que sí me dijo que era militante del PSOE”, ha declarado.

Dentro, en el juzgado, Zarrías ha ofrecido más detalles. Según las fuentes consultadas por este periódico, ha contado que el primer encuentro fue en la glorieta de Bilbao de Madrid. Desde ese momento, tuvieron contactos y conversaciones hasta que, en mayo de 2024, Leire le volvió a llamar. Le dijo que quería terminar la investigación, pero le dijo que no tenía medios. Es por eso por lo que Zarrías la contrató en su consultora.

Sus explicaciones ante el juez

En principio, el contrato fue para seis meses, pero se quedó en cuatro meses, concretamente hasta el 30 de septiembre de 2024. Eso son solo dos semanas después de que El Confidencial sacase a la luz las actividades de Leire Díez entrando y saliendo de la sede de Ferraz. Zarrías ha dicho que la rescisión de su contrato no tuvo relación con la exclusiva de este periódico.

Por todos sus trabajos, Zarrías ha declarado ante el juez que le pagó 4.000 euros. Luego, ante los periodistas, les ha dado a entender que esa cifra era mensual, por lo que ascendería a un total de 16.000 euros por cuatro meses. Nunca despachó con él en su despacho de la consultora Zaño, ubicada en la calle Doctor Esquerdo de Madrid, sino que quedaban en una cafetería cercana.

Se le ha preguntado si Leire Díez le enseñó alguna documentación que acreditara sus trabajos, pero Zarrías ha dicho que no. También ha declarado que Leire Díez nunca le dijo que trabajase para el PSOE o para el exsecretario de organización Santos Cerdán. Sí ha dicho Zarrías que él tiene amistad con Antonio Hernando, quien estuvo presente en la reunión de Ferraz de abril de 2024 cuando, en pleno periodo de reflexión de Pedro Sánchez, Leire Díez y Pérez Dolset también llevaron documentación al PSOE sobre sus investigaciones y las actividades de Villarejo. Antonio Hernando era entonces director adjunto al Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

El juez que investiga a Leire Díez por sus maniobras para boicotear los casos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez citó a declarar como testigo al histórico dirigente del PSOE andaluz por su relación con la exmilitante socialista.

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Zarrías tuvo en nómina a la fontanera socialista en una empresa llamada Zaño Sociedad Consultora y el juez admitió en enero celebrar este interrogatorio que había solicitado el PP, que ejerce la acusación popular en este caso. El juez advirtió además a Zarrías de que, en caso de no comparecer, se enfrentaba a una posible multa de entre 200 a 5.000 euros.

La fiscal se opuso, por “prospectivo”, a pedir datos laborales a las empresas para las que trabajó Leire Díez, como el contrato, las nóminas o sus comunicaciones. Hazte Oír, la asociación que presentó la querella contra Leire Díez, pidió esa documentación de Enusa, Correos y Zaño Sociedad Consultora. El juez finalmente lo aceptó. Leire Díez empezó a trabajar en Enusa el 29 de septiembre de 2018 y terminó el 16 de noviembre de 2021. Al día siguiente, empezó a trabajar en Correos, donde permaneció entre el 17 de noviembre de 2021 y el 18 de febrero de 2024.

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Zaño, la empresa de Zarrías es un lobby. La fiscal contestó así en su día a la petición de declaración de este dirigente: “Es suficiente citar a declarar como testigo a Gaspar Zarrías a fin de manifestar tanto su relación personal con los investigados en esta causa como la de la sociedad Zaño Sociedad Consultora SL y, a su vista, se podrá ampliar la investigación”. Rechazó medidas más extremas como registros y peticiones de documentación que, a su juicio, dilatarían el caso.