Pacto en Extremadura: Vox asume una vicepresidencia y dos consejerías a cambio de investir a Guardiola

Tras cuatro meses de idas y venidas, de anuncios de ruptura, de reconciliaciones, de filtraciones, reproches, insultos e, incluso, una primera investidura fallida, María Guardiola será investida presidenta de Extremadura y formará gobierno de coalición con Vox. Los dos partidos escenificaron el pacto con una convocatoria conjunta a última hora de la tarde de este jueves en Mérida. El acuerdo era un secreto a voces desde hacía semanas, pero se había dilatado por las consecutivas citas electorales y por la desconfianza que los de Abascal exhibieron con el PP, primero a nivel autonómico y después con Génova.

El acuerdo incluye una vicepresidencia para Vox, y dentro de la misma una consejería de nueva creación de Desregulación, Servicios Sociales y Familia con competencias que asumirá el líder regional, Óscar Fernández. En Bambú sacan pecho especialmente de esta cesión, una palanca "que ha costado que el PP acepte pero que hemos logrado". Según trasladan en la dirección de Abascal, el área implicará "liderar la desburocratización de la administración en todos los sectores y las políticas sociales", además de funciones en seguridad e inmigración.

Vox logra también una segunda cartera de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, una de las grandes banderas del partido de Santiago Abascal a la que no estaba dispuesto a renunciar. Además, el PP cederá a la formación ultraconservadora su senador autonómico. Los populares harán dimitir de este modo al suyo, Laureano León, para que el escaño lo vuelva a ocupar Ángel Pelayo Gordillo.

El documento [consultar aquí] incluye 61 puntos y 74 medidas programáticas, además de un compromiso presupuestario a cuatro años para dotar de estabilidad a la legislatura, una de las principales exigencias del Partido Popular. El marco político toca a todas las áreas del futuro gobierno de coalición: energía; sector primario; inmigración; sanidad; rebaja de impuestos; seguridad y "prioridad nacional"; economía o educación.

Tras meses de tensiones y desencuentros, María Guardiola y Óscar Fernández comparecieron de forma conjunta en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura. "Gana la democracia", señaló una sonriente presidenta en funciones que, la espera de la evolución del novedoso acuerdo, podrá respirar. Guardiola avanzó un calendario exprés: la investidura se celebrará el martes 21 y miércoles 22 de abril, y espera tomar posesión el viernes 24. El acuerdo ha caído al filo de que venciese el plazo legal para cerrarlo: PP y Vox tenían, como máximo, hasta el 4 de mayo para hacer presidenta a la dirigente cacereña.

El entendimiento en Extremadura implica una redefinición de la relación entre los dos partidos de la derecha tras la ruptura que el partido ultraconservador escenificó en el verano de 2024, cuando abandonó todos los gobiernos que compartía con el Partido Popular por diferencias en el discurso migratorio y, según sostuvo siempre Génova, por el propio interés electoral de Vox.

La negociación entre Guardiola y los de Abascal ha sido un auténtico camino de espinas, en el que llegó a planear con fuerza la posibilidad de una repetición electoral. El panorama cambió por completo tras las elecciones en Castilla y León. Los de Abascal confirmaron un frenazo que el PP achacó al "bloqueo" que estaba desempeñando tanto en Extremadura como en Aragón.

La negociación se encauzó con la novedad de la supervisión de Génova, presente para resolver exclusivamente las cesiones que extralimitan las competencias autonómicas, sin participar en el reparto de las áreas de gobierno. Desde la dirección del PP recalcan que Guardiola "ha contado con total autonomía para negociar la configuración de su Ejecutivo" y que "el número de cargos y el nombre de las personas que habrán de ocuparlos nunca fue motivo de negociación por parte de los negociadores de la dirección del Partido Popular".

Opinión

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El documento de 23 páginas pactado entre PP y Vox se divide en dos grandes bloques centrados en gestión e ideología, e incluye la novedad de que cada medida cuenta con su respectivo plazo de cumplimiento. El partido de Santiago Abascal ha conseguido colar una de sus principales reivindicaciones con la aplicación del principio de "prioridad nacional" en el acceso a la vivienda o en la recepción de ayudas públicas, es decir, priorizar a españoles por encima de extranjeros.

El documento pactado extiende también ese principio a la sanidad, uno de los principales caballos de batalla de Vox en la arena nacional, y establece la "exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales" a los inmigrantes en situación irregular. Los de Abascal son partidarios de revertir por completo la "sanidad universal" y el PP, sin embargo, apoya limitar a las urgencias la atención a los ilegales, algo que han conseguido colocar en el texto con la excepción de que se permitirá el acceso "exclusivamente en supuestos de urgencia vital". Es un planteamiento teórico por la falta de un marco legal que lo ampare, pero en Vox lo reivindican como un paso "clave" para un futuro Gobierno nacional.

En materia de inmigración no se deja lugar a dudas con la negativa a acoger a más menores extranjeros no acompañados, además de un compromiso expreso de "rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno de Sánchez", a la que la Junta se opondrá "por todos los medios legales". Incluye además la supresión de ayudas económicas para las ONGs que asistan a extranjeros y el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida, además de la prohibición del burka y del nicab en espacios públicos "en el ámbito de sus competencias".

Otro punto clave del documento es la reducción al 50% de las "subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública", además de una "auditoría exhaustiva y periódica" de los recursos públicos al final de cada ejercicio para "identificar y eliminar cualquier gasto improductivo". No incluye la petición concreta de eliminar las asociaciones vinculadas a la Igualdad que los de Abascal sí habían amplificado durante la campaña.

En materia de energía, PP y Vox han acordado "la eliminación (progresiva) de la ecotasa energética" para tratar de blindar la continuidad de la central de Almaraz; e impulsarán además una rebaja progresiva del IRPF en los dos primeros tramos autonómicos hasta alcanzar el 1% al final de la legislatura". Incluye además el impulso de un "plan de mejora de la sanidad extremeña"; la construcción de "al menos 3.500 viviendas protegidas a lo largo de la legislatura" y la puesta en marcha de "mecanismos antiokupación"; y el rechazo por escrito y "explícito al acuerdo UE-Mercosur" y a las "imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde".

Abascal saca pecho y Génova mira a Aragón

Tras semanas de contactos y encuentros infructuosos, las delegaciones de PP y Vox se reunieron el pasado viernes durante casi seis horas en Mérida. Aquella cita fue decisiva para desbloquear el pacto, que se ultimó durante un encuentro telemático de varias horas en la tarde del pasado martes. No se cerró de forma definitiva, sino que quedaron "flecos" que se remataron "en las últimas horas" gracias al intercambio de documentación entre los equipos negociadores, según explican fuentes del PP.

Además de María Guardiola y su consejero de Presidencia, Abel Bautista, en la mesa de negociación se sentaron desde finales de febrero dos alfiles de la máxima confianza de Feijóo: Miguel Tellado, secretario general; y Marta Varela, jefa de gabinete. Por la parte de Vox siempre han acudido el líder regional Óscar Fernández; la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís; y los portavoces de Economía y Vivienda, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, respectivamente.

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Durante un acto en Granada, Abascal sacó pecho de un acuerdo que "incluye medidas como la prioridad de los españoles en el acceso a ayudas sociales y vivienda" y que "gracias al triunfo de Vox", el partido ultraconservador contará con una vicepresidencia con competencias para "reducir trabas a agricultores, ganaderos y autónomos".

En Génova, por su parte, reivindican su "satisfacción" de "haber ayudado a desbloquear la situación" que, pese a los continuos obstáculos, "ha cristalizado en un acuerdo de gobierno para cuatro años". La intención desde el principio pasaba por escalonar los pactos autonómicos con Extremadura como prioridad absoluta —por haber sido la primera en ir a elecciones y por la delicada relación en este territorio—. Tras desbloquear la investidura de Guardiola, el acuerdo en Aragón se cerrará a más tardar la próxima semana. "Cerrado el capítulo de Extremadura, vamos a por la siguiente", celebran en el PP.