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El PP trasladó a la Conferencia Episcopal su oposición a la regularización masiva del Gobierno
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OFENSIVA A TODOS LOS NIVELES

El PP trasladó a la Conferencia Episcopal su oposición a la regularización masiva del Gobierno

Génova ensalza sus lazos con la Iglesia pese a las diferencias por la política migratoria del Ejecutivo mientras Vox mantiene las distancias. El PP mira a los tribunales y a Europa a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el texto

Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la vicesecretaria Alma Ezcurra (1i); el secretario de Exteriores, Ildefonso Castro (2i); la vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat (1d); y el eurodiputado Esteban González Pons (EFE/Partido Popular)
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a la vicesecretaria Alma Ezcurra (1i); el secretario de Exteriores, Ildefonso Castro (2i); la vicepresidenta del EPP, Dolors Montserrat (1d); y el eurodiputado Esteban González Pons (EFE/Partido Popular)

Génova abona el terreno para lanzarse a la siguiente batalla a gran escala contra Sánchez, una ofensiva en la que prometen una implicación similar a la que desplegaron con cuestiones tan delicadas y de tanto impacto como la ley de amnistía, el cupo catalán o el sinfín de causas judiciales que rodean al Ejecutivo. La cuenta atrás ha finalizado y el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes en segunda vuelta el real decreto de regularización masiva de inmigrantes tras recibir el dictamen —no vinculante— del Consejo de Estado, que pone encima de la mesa importantes objeciones a la iniciativa del Gobierno.

El PP no sólo exhibirá un rechazo frontal a la propuesta, que verá la luz sin tener que recibir refrendo parlamentario, sino que avanzan que "no habrá instrumento político, parlamentario o jurídico que no se vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad", según enunció ayer la número tres de Génova, Alma Ezcurra, encargada en buena medida de la hoja de ruta migratoria de los de Feijóo. Génova no enmendará su posición de combate pero, a diferencia de Vox, sí se esfuerza por blindar sus lazos con la Iglesia pese a las diferencias de criterio en torno a la medida.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) califica la regularización del Gobierno de "acto de justicia social". Respalda que se ponga en marcha tras años de lucha, después de que el Ejecutivo enviase al congelador del Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reunió 700.000 firmas por falta de apoyos. Hay que recordar que el PP apoyó en 2024 —en parte por la presión de distintos sectores eclesiásticos— la tramitación de la mencionada propuesta, pero con el objetivo de incorporar enmiendas para que las regularizaciones se hiciesen de forma individualizada, estuviesen vinculadas al mercado laboral y libres de antecedentes penales.

Desde el Gobierno utilizan precisamente el respaldo de la Iglesia como arma arrojadiza para arrinconar al PP junto a Vox, un contexto que no beneficia al partido de Feijóo en plena antesala de la histórica visita a España que el Papa León XIV realizará a principios de junio, que movilizará a miles de personas y que tendrá la inmigración como cuestión central. Pero en Génova niegan tensiones con los obispos por esta cuestión. De hecho, aseguran mantener un contacto fluido con la Conferencia Episcopal, a la que han expresado su rechazo a la regularización masiva en los términos propuestos por el Gobierno y explicado el por qué de sus objeciones.

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"Hemos trasladado nuestra opinión, que debemos atacar la causa antes que la solución [a la irregularidad] de estas personas", apuntan fuentes de la dirección popular. No esconden las evidentes discrepancias respecto a la propuesta del Ejecutivo, pero sugieren que esta circunstancia no ha deteriorado su relación con los obispos, que sí exigían tiempo atrás un acuerdo entre los dos grandes partidos para sacar adelante una nueva regularización masiva.

Este lunes, Alberto Núñez Feijóo puso además negro sobre blanco su respaldo en redes sociales al Papa tras los ataques recibidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "El cristianismo es un faro ético y moral para millones de personas en el mundo, que no merece ser tomado a broma", escribió en X, distanciándose de este modo de la posición de Vox —que prioriza la alianza con el líder norteamericano y que ha profundizado su brecha con la Iglesia— y negándole a Sánchez la posibilidad de capitalizar en solitario la visita del pontífice. "León XIV siembra paz, con valentía y coraje. Será un honor recibirle", escribió también el jefe del Ejecutivo.

El PP se propone mantener ese equilibrio entre la lealtad con la Iglesia y el intento de obstrucción al proyecto de regularización masiva que aterrizará, además, en los albores de la batalla andaluza. Será un asunto que el primer partido de la oposición llevará a la primera página de su agenda política —sin quitar la mirada del horizonte judicial del Ejecutivo tras el arranque del juicio por el caso Koldo y el procesamiento de Begoña Gómez— con diversas iniciativas tanto a nivel nacional como en la arena comunitaria.

Por lo pronto, Alberto Núñez Feijóo ha convocado este martes a sus grupos parlamentarios de Congreso y Senado a una reunión para fijar las prioridades políticas del último trimestre parlamentario. Y el real decreto que se aprobará en el Consejo de Ministros copará previsiblemente buena parte de su intervención.

La competencia con Vox en la antesala de las elecciones en Andalucía del próximo 17 de marzo sólo afila el colmillo con el que el PP morderá la aprobación de la residencia legal para al menos medio millón de personas. De hecho, los de Abascal presentarán también este 14 de abril una campaña nacional bajo el nombre de "la inmigración masiva tiene consecuencias". También se adelantaron a Génova avanzando ya este lunes la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo "solicitando la medida cautelar de la suspensión del decreto", según enunció el secretario general de la formación, Ignacio Garriga.

Feijóo dará orden de transitar casi con toda seguridad por los tribunales para intentar obstaculizar un real decreto al que se oponen por la falta de garantías, dicen, respecto a la comprobación de los antecedentes penales de los solicitantes; la ausencia de información de "cuántos son, quiénes son o de dónde vienen estas personas"; y las incógnitas sobre el impacto presupuestario, administrativo o sanitario que supondrá regularizar a miles de irregulares. Ayuso también se adelantó a Génova al anunciar la semana pasada que recurriría la propuesta, mientras que la cúpula aguarda a conocer el texto al detalle.

Tomando el informe del Consejo de Estado como base, Génova moverá también hilos a nivel comunitario tras las advertencias del comisario de Migración e Interior, Magnus Brunner, que advirtió que legalizar a 500.000 inmigrantes puede tener "consecuencias negativas en otras partes de la Unión", aunque también admitió que el Ejecutivo comunitario no puede intervenir.

Con este objetivo, y al margen del comité de dirección, Feijóo se reunió este lunes con sus dos alfiles en el PP europeo, Dolors Montserrat y Esteban González Pons; además de la vicesecretaria Alma Ezcurra y el secretario de Exteriores Ildefonso Castro, al que el líder del PP ha hecho hueco en los tradicionales maitines de los lunes en Génova. En la cúpula nacional no descartan utilizar ningún instrumento, ni siquiera recurrir de nuevo a movilizaciones sociales.

Génova abona el terreno para lanzarse a la siguiente batalla a gran escala contra Sánchez, una ofensiva en la que prometen una implicación similar a la que desplegaron con cuestiones tan delicadas y de tanto impacto como la ley de amnistía, el cupo catalán o el sinfín de causas judiciales que rodean al Ejecutivo. La cuenta atrás ha finalizado y el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes en segunda vuelta el real decreto de regularización masiva de inmigrantes tras recibir el dictamen —no vinculante— del Consejo de Estado, que pone encima de la mesa importantes objeciones a la iniciativa del Gobierno.

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