El juez ve en el apoyo de las empresas al 'software' de Begoña Gómez "una retribución encubierta"

El juez Juan Carlos Peinado culminó ayer dos años de investigación en torno a Begoña Gómez. Lo anunció en un auto en el que imputa hasta cuatro delitos de corrupción a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Uno de ellos es el de corrupción de los negocios y se detiene a analizar la relación de la investigada con las empresas que le hicieron el software a coste cero para ella. El juez apunta a que fue “una retribución encubierta” y que son compañías que luego se presentan a numerosos procesos de adjudicación pública.

Begoña Gómez pasó a dirigir una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. No está licenciada y el juez cree que no tenía preparación para ello, pero que pudo hacerlo por ser la mujer de Sánchez. Ese es uno de sus indicios para acusarla de un delito de tráfico de influencias. La cátedra era sobre Transformación Social Competitiva. El Confidencial desveló que varias empresas, entre ellas Google, Indra y Telefónica, acordaron crear para la cátedra un software para medir el impacto de las pequeñas y medianas empresas. Lo hicieron como un patrocinio y con la idea de que se lo quedaría la universidad.

“El patrocinio –dice el juez– o la financiación pudiera ser solo la ‘fachada’ de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada Begoña Gómez y ello en tanto en cuanto estas empresas se presentan a numerosos procesos públicos de adjudicación”.

El magistrado explica que el delito de corrupción en los negocios consiste en ofrecer o recibir un beneficio no justificado como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías en las relaciones comerciales. Y el juez dice que hay indicios suficientes para juzgar a Begoña Gómez por ofrecer “trato privilegiado” a empresas por ser mujer de Sánchez.

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Lo que tiene que ver con el software es la base del delito de la apropiación indebida –el juez plantea incluso la administración desleal–, pero también vertebra la acusación por el delito de la corrupción en los negocios. El abogado de Begoña Gómez defendió que, en este caso, no se da el delito porque no hubo acuerdo entre dos entidades privadas, pero el juez rebate ese argumento.

Describe que Begoña Gómez ya tenía intención de apropiarse del software desde antes de constituirse la cátedra “y, por tanto, en estas negociaciones intervenía con un claro interés particular, quizá para ser explotado económicamente por medio de la mercantil que constituyó con el mismo nombre que la cátedra”. Añade que la aplicación informática se puso a disposición del público en el dominio web finalmente registrado a nombre de Begoña Gómez y luego se cerró “repentinamente y sin explicación alguna”.

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Para reforzar su tesis, el auto destaca que las gestiones con las empresas para desarrollar la herramienta corrieron en todo momento a cargo de Begoña Gómez o su asistenta de Moncloa y no a cargo de la universidad: “Apunta a estas tesis la nula intervención en estas negociaciones del personal vinculado a la universidad, y la aún menor intervención del codirector de la cátedra, lo que alberga el interés particular de la investigada y no el institucional de la UCM.

El juez recorre los encuentros de Begoña Gómez con el entonces responsable de Telefónica José María Álvarez Pallete, con el directivo de Google, Miguel Escassi, y con el exresponsable de Indra, Marc Murtra. Añade que también el primer contacto con la empresa Reale, otra de las patrocinadoras de la cátedra, “vino a través de un amigo de su esposo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”.

“No se está ante contactos aislados, accesorios o puramente protocolarios, sino ante una actuación continuada, directa y operativa en el ámbito de las relaciones con mercantiles privadas”, dice el juez. A su entender, esta relación no se limitaba al software o la cátedra, sino que tenía la intención de constituir con su cátedra una “certificación” que acreditase que “determinadas mercantiles reunían los estándares exigidos para ser consideradas alineadas con la denominada transformación social”.

Concluye que Begoña Gómez impulsó la captación de fondos privados, no para la cátedra universitaria pública (lo cual era solo en apariencia), sino para integrarlo en su patrimonio personal. “Y ello ofreciendo como contraprestación la ventaja competitiva de las referidas empresas, en un trato privilegiado o de cercanía con la administración pública, aprovechando ser su esposo el presidente del Gobierno de España, siendo todas esas grandes empresas españolas partícipes en numerosos procedimientos de licitación pública”, zanja.