El Gobierno apela al apoyo de la Iglesia y la patronal para defender la regularización de 500.000 inmigrantes

En un momento de enorme complejidad, nacional e internacional, con la incertidumbre mundial de la guerra de Irán y el impacto del juicio contra José Luis Ábalos y de la decisión del juez Peinado de procesar a la mujer del presidente, el Gobierno cambia el paso en la agenda política con la aprobación este martes de una regularización de inmigrantes, que afectará a unas 500.000 personas que viven de manera ilegal en España.

Una medida anunciada y prevista pero que finalmente el Consejo de Ministros, con el vicepresidente Carlos Cuerpo al frente por el viaje a China de Pedro Sánchez, saca adelante a un mes de las elecciones andaluzas, con Vox a la baja en nuestro país y Juanma Moreno rozando la mayoría absoluta. El debate sobre la legalización de migrantes inundará la actualidad diaria de las próximas semanas.

El Ejecutivo se guarece de posibles críticas a la medida con la apelación a que cuenta con el apoyo de la Iglesia católica, que estuvo detrás de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con esta misma petición, tramitada por el Congreso en 2024 con el voto favorable del PP, y con la opinión favorable de los agentes sociales, sindicatos y, sobre todo, patronal.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, destacó que la iniciativa da derechos laborales a los trabajadores y más tranquilidad a empleadores y se refirió al aval de sectores económicos concretos, como la agricultura, la construcción o el transporte que, dijo, llevan meses, sino años, remando a favor de esta medida histórica.

En la comparecencia del jefe del Ejecutivo esta mañana en Pekín también aludió a los empresarios y a la Conferencia Episcopal. Sánchez demandó al PP que les "escuche" y que sea "coherente" con su propia historia porque los populares "también han regularizado a inmigrantes". Se trata, señaló, de actores que "poco o nada tienen que ver con el Gobierno de España".

El Ejecutivo justifica la medida con criterios sociales y económicos. La migración, aseguró el presidente, contribuye de manera "muy decisiva" al crecimiento, a la creación de puestos de trabajo y a tener "saneadas" las cuentas de la Seguridad Social, para la pensión de los pensionistas de hoy y de quienes se jubilen en el futuro.

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Elma Saiz remarcó también que con los seis procesos de regularización anteriores, con gobiernos de distinto pelaje político, se han logrado beneficios en empleo, en responsabilidad fiscal y en convivencia. La aportación de la inmigración, añadió, también supone el "rejuvenecimiento de la población" de nuestro país en un momento de invierno demográfico.

El texto se ha aprobado, a pesar de los duros reproches del Consejo de Estado, pero con algunos cambios esenciales a raíz de su informe. Finalmente el Gobierno ha cedido y no bastará con una declaración responsable para que los solicitantes acrediten la ausencia de antecedentes penales, en el caso de tener dificultades para obtenerlos. Ahora será preceptivo, aunque el Ejecutivo concederá tiempo para su presentación y ayudará en los trámites diplomáticos para conseguirlos.