Bolaños presiona por escrito a la presidenta del CGPJ varias veces para una sanción al juez Peinado

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha remitido en las últimas semanas varios mensajes a la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en los que ha reclamado que el órgano de gobierno de los jueces resuelva con la máxima celeridad las distintas quejas que ha ido presentando en contra del instructor del caso Begoña, Juan Carlos Peinado. Tacha la actitud del magistrado como "impropia" y defiende que daña de forma irremediable la imagen de la judicatura. Exige, frente a ello, una respuesta inmediata. En los escritos se expresa su convicción de que se le debe imponer una sanción.

Los mensajes se han ido sucediendo, según aseguran a El Confidencial distintas fuentes jurídicas consultadas, a medida que el Consejo desarrollaba la tramitación de estas quejas. El ministro considera que no se han respondido con la celeridad adecuada. Muestra, además, su preocupación por la jubilación del magistrado que cumplirá los 72 años el próximo 27 de septiembre. Una vez retirado, el Consejo no podría ya proceder en su contra dado que dejaría de ser juez en ejercicio. La tardanza del CGPJ en resolver puede evidenciar, en su opinión, una forma velada de amparar las actitudes de Peinado, que acaba de sentar en el banquillo a la mujer del presidente del Gobierno.

En cada una de las ocasiones en las que el titular de Justicia se ha dirigido a la presidenta Perelló, esta ha contestado de forma invariable defendiendo la independencia del órgano que dirige, precisan estas fuentes. Ha recordado al ministro que España es "un Estado de derecho" en el que las instituciones funcionan según sus propias reglas y sus ritmos y que el CGPJ no constituye una excepción. La impaciencia del ministro ha ido, sin embargo, aumentando, al comprobar que sus alegaciones contra el juez no obtienen la respuesta esperada.

Diversas fuentes del órgano de gobierno de los jueces consideran que esta forma de dirigirse a Isabel Perelló constituye una forma intolerable de presión, más típica de épocas pasadas "como la de Franco". Califican como inaudito que un representante del poder ejecutivo ejerza este tipo de coacciones sobre la máxima representante del poder judicial. Se impone una contestación pública al ministro que evidencie el malestar, agregan.

Las quejas del ministro contra el juez Peinado se remontan al pasado verano. Presentó la primera de ellas el 4 de junio y la amplió posteriormente el 29 de julio. Las remitió para informar sobre "las irregularidades cometidas por el señor Peinado en relación con su declaración como testigo y la posterior exposición razonada elevada al TS". La declaración a la que se refería se desarrolló hace un año en el Palacio de la Moncloa y fue tenso desde un inicio, con diversos momentos incómodos entre Peinado y Bolaños. Por ejemplo, en un momento dado, el juez llegó a reprocharle que se riera ante algunas de sus preguntas. En otros, el juez mostró dudas sobre la veracidad de las respuestas del titular de Justicia.

Hace solo unos días, el pasado 24 de marzo, la Comisión Permanente rechazó la propuesta del promotor de la Acción Disciplinaria de archivarlas al estimar que tanto la citación como las preguntas realizadas a Bolaños se enmarcan en el ejercicio de la función jurisdiccional. La Permanente consideró que es necesario recabar más datos para adoptar esta decisión. El órgano de gobierno de los jueces sí mostró a favor de archivar otras cuatro denuncias presentadas contra Peinado por particulares, una de ellas, por haber adoptado decisiones en procedimientos de gran relevancia política de "manera parcial".

Begoña Gómez, camino del banquillo

Este lunes se ha conocido precisamente una decisión de calado del juez Juan Carlos Peinado. Ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha dado el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados por cuatro delitos de corrupción a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Le imputa los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

En un auto de 39 folios conocido este lunes, el magistrado archiva el quinto delito, intrusismo, por el que también venía siendo investigada. El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en este auto en el que también continúa la causa contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa, y contra el empresario Juan Carlos Barrabés. En la misma resolución judicial, rechaza ampliar por seis meses más su investigación, que esta semana cumple dos años. Fue un caso abierto a partir de las exclusivas de El Confidencial.

Juan Carlos Peinado considera que las conductas investigadas en torno a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, son "propias de regímenes absolutistas". La alusión al antiguo régimen del juez aparece en la parte del auto en la que explica los indicios en torno al presunto tráfico de influencias: “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”. A continuación, añade que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII”.

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Alejandro Requeijo

En Moncloa han estallado este lunes con la decisión de Peinado y, como prueba de su enojo, señalan precisamente los párrafos del auto que aluden a conductas de "regímenes absolutistas" y a Fernando VII. "Estamos indignados", señalan fuentes del Gobierno. Bolaños fijó esta mañana la posición del Ejecutivo con la reiteración de que "no hay nada" y la confianza, tal vez excesiva, de que la Audiencia Provincial de Madrid revoque el procesamiento de Gómez.

La apertura de esta causa judicial provocó que el presidente del Gobierno se retirase durante cinco días a reflexionar sobre su continuidad en Moncloa. Continuó en su puesto, pero siempre enmarcó esta investigación contra su mujer como un capítulo de guerra sucia del que culpó al juez, a medios de comunicación y a las asociaciones y partidos que ejercen la acusación popular en el caso, entre ellos, Vox, el PP, Hazte Oír o Manos Limpias.

Tanto el presidente del Gobierno como su esposa llegaron a emprender acciones legales contra el juez al que acusaron de presunta prevaricación, pero el Tribunal Superior de Justicia desestimó sus argumentos y avaló al magistrado.