El CGPJ pide "respeto a las decisiones judiciales" tras las críticas de Bolaños al juez Peinado

Las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre la resolución del juez Peinado no han pasado desapercibidas. El Consejo General del Poder Judicial y las principales asociaciones de jueces han salido en defensa de la labor judicial y piden al ministro "respeto a las decisiones" acordadas en procedimientos en tramitación.

El CGPJ ha mostrado su rechazo por unanimidad a este tipo de consideraciones por parte de miembros del Gobierno, aunque no se habrá una declaración institucional. Conservadores y progresistas han reiterado lo acordado en otras ocasiones por el Pleno sobre la "responsabilidad institucional en las declaraciones y defensa de la independencia", según informan a El Confidencial fuentes del órgano de gobierno de los jueces. Un aspecto fundamental para proteger y salvaguardar el Estado de derecho.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (AMP) ha emitido un comunicado en el que carga contra el Félix Bolaños por sus críticas al juez Peinado. La principal asociación de jueces considera "inadmisible" que un miembro del Gobierno afirme que una actuación jurisdiccional concreta "ha avergonzado" a muchos miembros de la carrera.

Bolaños aseguró este lunes que el instructor a cargo de las diligencias contra la mujer del presidente del Gobierno "ha avergonzado" a muchos jueces y magistrados con su decisión de procesar a Begoña Gómez. Desde la asociación mayoritaria de jueces recuerdan que las resoluciones judiciales no deben combatirse mediante "descalificaciones públicas, sino a través del sistema de recursos y de los cauces procesales legalmente establecidos".

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"Los jueces y magistrados españoles no necesitan que el poder ejecutivo les atribuya estados de ánimo colectivos. Lo que necesitan es respeto institucional, prudencia en las manifestaciones públicas y una defensa clara de la independencia judicial, también cuando las resoluciones no coinciden con los intereses del Gobierno", sentencian.

El titular de Justicia se mostró ante los medios sorprendido por la decisión de Peinado al entender que la Audiencia Provincial de Madrid había dicho últimamente que "no había nada" y la labor como instructor de este caso había causado un "daño irreparable" a la judicatura.

Consideran que con este tipo de calificaciones, el Gobierno no respeta la independencia judicial y exigen que el ministro concentre sus esfuerzos en los "problemas reales que afectan al funcionamiento de la Justicia... en lugar de emitir valoraciones políticas sobre procedimientos en tramitación".

Opinión

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El ministro respondió este martes a estas quejas y las del CGPJ con una reiteración de "sus opiniones". "Afortunadamente, hoy España es un estado de derecho, no como en tiempos de Fernando VII, y por tanto, tenemos un sistema de garantías que puede corregir aquellas resoluciones que son injustas o que no están fundadas en derecho", manifestó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

A su posición se sumaron la del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la de la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión y Migración, Elma Saiz, que elevaron el choque del Ejecutivo con el Poder Judicial. Puente sostuvo que en una democracia sana, los espacios de impunidad no pueden ni deben existir y eso significa que los cargos públicos sin distinción y sus familiares están sometidos a la acción de la justicia y al imperio de la ley.

Pero tan importante, añadió, es que se les persiga por esa razón. "¿Estamos ante causas judiciales que pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente?", preguntó, porque "de la respuesta de esa pregunta depende, en buena medida, el presente y el futuro de nuestra democracia".

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Saiz directamente afirmó que cree en la inocencia de Begoña Gómez, que es "una mujer con una trayectoria personal y profesional intachable". Como jurista consideró que el auto de Peinado contiene párrafos inéditos, que van más allá de lo jurídico.

La Asociación Profesional de la Magistratura ha afeado también al ministro de Justicia las "graves dificultades organizativas y materiales que está evidenciando la implantación de los Tribunales de Instancia", una de las leyes estrella de Bolaños. Por su parte, desde el Ministerio de Justicia celebran la puesta en marcha de los tribunales de instancia y aseguran que desde su puesta en marcha se ha detectado un aumento en un 3% en el número de juicios celebrados con respecto a años anteriores. De esta forma, insisten, se está empezando a reducir los asuntos pendientes en los órganos judiciales, en vez de incrementarse como estaba ocurriendo en los últimos años.

Estos datos aportados por Justicia han sido seriamente criticados por la APM. Creen que son erróneos y que no se ajustan a la realidad de lo que se está viviendo en los nuevos tribunales de instancia.