Óscar Puente dejó sin ejecutar el 60% de los fondos UE asignados a Transportes en 2025
Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Ministerio de Transportes dejó sin ejecutar el año pasado alrededor de 1.200 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Óscar Puente, ministro de Transportes (EFE/Borja Sánchez-Trillo)
Ni siquiera el informe de la Guardia Civil que apunta a tres graves fallos en la infraestructura ferroviaria en el accidente de Adamuz ha apaciguado el fervor tuitero del ministro de Transportes, Óscar Puente. Entre descalificaciones y ataques, se cuela algún mensaje sobre la gestión del Ministerio, con anuncios de nuevas licitaciones o inversiones públicas. En este apartado, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) saca a la luz en su informe de diciembre de 2025 que el Ministerio de Transportes fue uno de los que menos fondos europeos ejecutó el año pasado, apenas el 38,2%.
Es decir, que más del 60% del presupuesto asignado a Transportes a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)no figura como implementado. Según el cálculo realizado por la propia IGAE, de 1.935 millones de euros que se presupuestaron de estos fondos para Transportes, la cartera del ministro Puente refleja obligaciones reconocidas netas de 739 millones.
Por tanto, este Ministerio dejó sin ejecutar el año pasado alrededor de 1.200 millones de euros. Casi la mitad de los fondos que la Unión Europea ha puesto a disposición de España son transferencias no reembolsables, mientras que la otra mitad se corresponde con préstamos. El porcentaje medio de realización del MRR en 2025 en el Gobierno de Pedro Sánchez fue del 52,6%, por lo que el Ministerio de Óscar Puente se sitúa por debajo de la media.
En términos absolutos, han superado la ejecución presupuestaria de los fondos europeos ministerios como Industria (2.417 millones), Transición Ecológica (758 millones), Vivienda (3.715 millones), Economía (3.538 millones) o Transformación Digital (5.645 millones).
En el apartado de inversión en zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano, la IGAE refleja un porcentaje de ejecución del 29%: de los 588 millones presupuestados se han pagado 174 millones. De los 615 millones asignados para mejorar la red transeuropea de transporte, que incluye inversiones en la alta velocidad ferroviaria, se han ejecutado 257 millones, apenas el 41%.
En intermodalidad y logística se prometieron 222 millones de inversión, pero las obligaciones reconocidas netas se han quedado en 148 millones (66%). En el programa de apoyo para el transporte sostenible y digital, la IGAE recoge un presupuesto financiado por Europa de 408 millones, de los que el porcentaje de realización es de solo el 27%, 110 millones.
El Confidencial se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa del ministro Puente para consultar las razones por las que la IGAE refleja una ejecución del MRR tan baja, pero al cierre de esta edición no se ha recibido respuesta alguna. Hace dos años, el ministro de Transportes culpó a las comunidades autónomas del bajo nivel de utilización de los préstamos y ayudas de la UE: "Uno de los problemas de ejecución de los fondos europeos es el tapón que existe en las comunidades autónomas".
En cuanto a su presupuesto total, Transportes utilizó el 89% del dinero prometido. O sea, que de sus 12.800 millones de euros, quedaron sin utilizar el pasado año, justo antes de la tragedia de Adamuz, 1.300 millones, la mayoría por la infrautilización de fondos UE. Uno de los apartados en que menos se alcanzó el gasto prometido es en las actuaciones de mejora en la calidad y fiabilidad del Cercanías, utilizándose el 59% (18,2 millones) de los 30 millones previstos.
Más alta velocidad y menos mantenimiento
Según el informe remitido por la Guardia Civil al juzgado que investiga el accidente de Adamuz que costó la vida a 46 personas, dos errores técnicos relacionados con la prevención y la detección del problema en la vía fueron la principal causa de la tragedia. La infraestructura ferroviaria española está sometida cada vez a mayor estrés por el incremento de pasajeros y trayectos, pero la inversión en mantenimiento no ha crecido al mismo ritmo.
Este año, España despedirá para siempre a los fondos europeos, por lo que ya no podremos disponer de esta inyección económica para acometer las inversiones necesarias. Aun así, Adif ha reducido un 30% desde 2019 el gasto por viajero en reparación y conservación de las infraestructuras, como se desprende de las cuentas anuales de Adif-AV y los informes de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC).
Del mismo modo, el Ministerio de Transportes ha gastado menos de la mitad de lo comprometido en Adif, la empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria. Según el último convenio firmado entre la empresa pública y el Gobierno, Transportes debería haber abonado 4.696 millones entre 2021 y 2025, pero los datos reflejan que el gasto real ha sido de 1.801 millones.
Otros datos apuntan también a una inversión insuficiente. El IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y la Fundación BBVA elaboran anualmente la mejor base de datos de España sobre el stock de capital. En el caso de la infraestructura del ferrocarril, el stock a finales de 2024 era un 2% inferior al alcanzado en 2015 en precios reales. Esto no significa que la red ferroviaria haya disminuido, sino que la nueva inversión ha sido insuficiente para cubrir la amortización de las estructuras ya instaladas.
Ni siquiera el informe de la Guardia Civil que apunta a tres graves fallos en la infraestructura ferroviaria en el accidente de Adamuz ha apaciguado el fervor tuitero del ministro de Transportes, Óscar Puente. Entre descalificaciones y ataques, se cuela algún mensaje sobre la gestión del Ministerio, con anuncios de nuevas licitaciones o inversiones públicas. En este apartado, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) saca a la luz en su informe de diciembre de 2025 que el Ministerio de Transportes fue uno de los que menos fondos europeos ejecutó el año pasado, apenas el 38,2%.