El juez deja a Begoña al borde del banquillo por malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida

El juez Juan Carlos Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha dado el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados por cuatro delitos de corrupción a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Le imputa los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En un auto de 39 folios conocido este lunes, el magistrado archiva el quinto delito, intrusismo, por el que también venía siendo investigada.

El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en este auto en el que también continúa la causa contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez en Moncloa y contra el empresario Juan Carlos Barrabés. En la misma resolución judicial, rechaza ampliar por seis meses más su investigación, que esta semana cumple dos años. Fue un caso abierto a partir de las exclusivas de El Confidencial.

El juez considera "innecesaria" otra prórroga y avanza que ya no va a pedir más diligencias. Ahora le da un plazo de cinco días a todas las partes "a fin de que insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral".

Tal y como había informado este periódico, las acusaciones populares habían pedido al juez ampliar seis meses más el caso, una posibilidad contemplada en la ley. La petición la formularon el pasado 1 de abril, durante el trámite judicial en el que el juez citó a los investigados para comunicarles formalmente de que, en caso de ir a juicio, se someterán a un tribunal de jurado popular.

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El plazo para poder ampliar las pesquisas expiraba esta semana. Hubiese sido la tercera prórroga, pero el juez lo ha descartado. Juan Carlos Peinado se jubila el próximo mes de septiembre, por lo que, en caso de haber agotado una tercera prórroga hasta el final, habría llegado a octubre, lo que suponía abrir el caso a otro juez.

Contra esta decisión cabe la posibilidad de recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección 23 ha revisado desde el principio todas las decisiones del magistrado. Los jueces madrileños le han corregido en múltiples ocasiones, pero tampoco han considerado nunca que el juez debiera archivar el caso por la ausencia de delitos, como defienden los investigados y la Fiscalía.

La Audiencia Provincial se ha mostrado en sus resoluciones especialmente contundente al considerar que existían indicios suficientes como para seguir investigando la presunta malversación de fondos. Tiene que ver con el uso por parte de Begoña Gómez de una empleada de Moncloa --que cobra un sueldo público-- para sus actividades privadas. Esta implicación ha quedado reflejada en correos electrónicos y las declaraciones de testigos que obran en la causa.

Entre los negocios particulares de la mujer de Pedro Sánchez estaba la cátedra universitaria que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El pasado 1 de abril, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, pidió al juez que interrogase al codirector de la cátedra, pero el magistrado lo ha descartado. Permite, eso sí, que aporte los tres informes periciales que anunció en la última comparecencia.

La apertura de esta causa judicial provocó que el presidente del Gobierno se retirase durante cinco días a reflexionar sobre su continuidad en Moncloa. Continuó en su puesto, pero siempre enmarcó esta investigación contra su mujer como un capítulo de guerra sucia en un discurso en el que incluyó al juez, a medios de comunicación y a las asociaciones y partidos que ejercen la acusación popular, entre ellos, Vox, el PP, Hazte Oír o Manos Limpias.

Tanto el presidente del Gobierno como su esposa llegaron a emprender acciones legales contra el juez al que acusaron de presunta prevaricación, pero el Tribunal Superior de Justicia desestimó sus argumentos y avaló al magistrado.