El Gobierno desactiva el sistema más eficaz de prevención del blanqueo en su ley anticorrupción

El Gobierno de Pedro Sánchez encamina al Congreso de los Diputados el anteproyecto de Ley de Integridad Pública, con el que prevé incorporar nuevas medidas contra la corrupción. El texto anunciado por los socialistas, como parte de su plan estatal de lucha contra este fenómeno, esconde, sin embargo, entre su articulado una importante reforma que supondrá un golpe mortal contra el sistema actual de prevención del blanqueo, según defienden diferentes fuentes jurídicas y policiales.

El Ejecutivo prevé sustituir la escritura pública, con control notarial, por un contrato privado para la transmisión de participaciones sociales que, después, se presente al Registro Mercantil. Este relevante cambio en la normativa afecta directamente a la forma en la que jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acceden a información clave para investigar delitos económicos. De aprobarse la norma impulsada por el Ministerio de Justicia, la transmisión de participaciones en una sociedad limitada se hará efectiva, únicamente, con la firma de un contrato privado electrónico y su posterior inscripción en el Registro Mercantil. Con esta medida se elimina de un carpetazo el control efectuado en este tipo de operaciones por los notarios y su sistema de control y detección previa de operaciones sospechosas.

Desde el año 2004, estos profesionales tienen la obligación de trasladar a través del índice único informatizado notarial cada detalle de dichos documentos a una base de datos de la que, posteriormente, se nutren los investigadores. La información obrante en este gran archivo tiene un importante valor documental público, pues supone una de las principales vías de información para el SEPBLAC y las unidades policiales nacionales e internacionales a cargo de investigaciones de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Desde el Consejo General del Notariado trasladan a El Confidencial su preocupación por esta reforma inminente que cambiará significativamente el sistema actual de prevención del blanqueo. Los datos recogidos en el índice único informatizado no actúan como un simple registro, sino que tienen un valor probatorio en una investigación penal o fiscal y han alertado en infinidad de ocasiones de movimientos societarios irregulares o directamente ilegales.

Por su parte, desde el entorno de los registradores se destaca que la medida responde a una exigencia europea que consideran imparable. Defienden que, al reconducir el sistema transmisivo de las participaciones a una sede centralizada y pública, se eliminan resortes de fraude y "se dota de seguridad al tráfico ordinario" al determinar que los efectos legitimadores de todo tipo derivan de la necesaria utilización del único sistema de acreditación.

La labor de recopilación y análisis del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales ha sido esencial en varias de las causas por corrupción más importantes de los últimos años. Un trabajo que se vería seriamente mermado con este cambio normativo. Con esta reforma, los notarios dejarían de tener acceso a información como la capacidad jurídica de la persona firmante, su libre disposición y consentimiento o la verificación de la identidad de los participantes.

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Los expertos consultados por este medio insisten en que la nueva Ley de Integridad Pública provocaría, además, inseguridad jurídica en la actividad económica de las sociedades limitadas españolas y la pérdida de agilidad en la actividad mercantil. El anteproyecto fue aprobado el pasado 17 de febrero por el Consejo de Ministros y se encuentra actualmente en trámite de informes. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya analiza su contenido.

Entre los peligros que podrían aflorar con este nuevo articulado destaca la utilización del documento privado por parte de testaferros. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de la adquisición por parte de Santos Cerdán de la empresa de Servinabar 2000 SL, la cual no se elevó a público y no contó con el control de un notario. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sospecha que la operación se cerró mediante un contrato privado para ocultar el control del exsecretario de organización del PSOE sobre la sociedad de su amigo Antxón Alonso.

Fundamental para las Fuerzas de Seguridad

Actualmente, un documento privado solo surte efectos entre las partes y dificulta, en ocasiones, el control en el ámbito fiscal o penal. El anteproyecto de ley del Gobierno apuesta por este tipo de operaciones para luchar, precisamente, contra la corrupción. El texto diseñado por los socialistas obligaría, eso sí, a los participantes a blindar este tipo de documento privado con las firmas electrónicas y su inscripción en una nueva sección especial del Registro Mercantil.

El golpe para el sistema actual se produce por el hecho de que ya no habrá posibilidad de detectar en tiempo real actividades sospechosas. El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) entró en funcionamiento en 2005 previa orden ministerial y ha permitido en estos años fortalecer la colaboración del Notariado tanto con el Sepblac como con las autoridades policiales y judiciales.

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Funciona en doble sentido: el propio órgano —todo un búnker en el que rige el secreto de actuaciones— comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones detectadas con indicios o sospechas. Los técnicos del órgano analizan toda la información que se incluye de forma diaria en una enorme base de datos que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. En los últimos 20 años, ha respondido a miles de peticiones remitidas por órganos judiciales, administrativos o policiales. Las consultas diarias se cuentan por decenas.