Las objeciones 'esenciales' del Consejo de Estado desmontan el decreto de regularización de inmigrantes

El pasado 9 de abril, la Comisión Permanente del Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, emitió el informe preceptivo y no vinculante sobre el proyecto de Real Decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes que el Consejo de Ministros pretende aprobar el martes. Muy a diferencia de las filtraciones gubernamentales según las cuales dicho informe sería favorable y avalaría el proyecto, el dictamen, al que ha tenido acceso El Confidencial (pinchar aquí para su lectura íntegra), no lo avala. Muy por el contrario, el Consejo opone serios reparos al texto del Gobierno hasta el punto de formular varias objeciones ‘esenciales’ instando al Ejecutivo a que modifique otras tantas previsiones del real decreto.

El informe del órgano asesor se extiende en ochenta páginas y comienza advirtiendo de omisiones (falta un informe de la Agencia de Protección de Datos) y de excesos, resultando el principal, según el Consejo, el de que en absoluto puede entenderse este proyecto como ejecución de la Iniciativa Legislativa Popular reclamando la regularización de inmigrantes que fue tomada en consideración por el Congreso en 2024 y que fue avalada por más de 600.000 firmas. Dice al respecto que "no cabe pasar por alto que el origen de un proyecto de Real Decreto es completamente diferente de una propuesta de rango legal promovida por un elevado número de ciudadanos… por ello no es exacto afirmar que la nueva reglamentación se enmarque en un proceso de participación ciudadana o responda a una demanda social expresada mediante una iniciativa legislativa popular… por lo que el Consejo de Estado entiende que tanto en el preámbulo como la memoria deben prescindirse de los citados enunciados". Esta puntualización es de gran importancia política, además de jurídica, porque el Gobierno ha tratado de justificar su iniciativa en la popular (de rango legal) que no atendió en 2024.

El dictamen también "echa en falta una justificación detallada de los datos que han llevado a considerar necesario introducir las nuevas autorizaciones a los inmigrantes" de lo que se sigue que la Memoria "solo ofrece básicamente al respecto una estimación del número de posibles solicitantes y beneficiarios de las nuevas autorizaciones, sin dar cuenta de las bases ni de los métodos de valoración y cálculo que han desembocado en tales estimaciones". Se desmonta con esta consideración la cuantía de regularización avanzada por el Gobierno que la situó en 500.000. Ese número de posibles solicitudes hace que el Consejo de Estado considere la regularización como "un desafío a la capacidad de las Administraciones Públicas" porque será "masivo y complejo en la tramitación y resolución de las solicitudes".

El aspecto más crítico del informe del Consejo se refiere al "ámbito subjetivo de las nuevas autorizaciones de residencia". Así, insta al Gobierno a no incluir en la regularización a los "solicitantes apátridas" (es decir, sin nacionalidad), añadiendo que esta observación tiene "carácter esencial". Igualmente, el órgano asesor es crítico con la laxitud con la que se sustituyen las certezas documentales con las "declaraciones responsables", sugiriendo que se exija a los solicitantes que estén sin trabajo que acrediten su "previa trayectoria laboral". Es tajante, sin embargo, y advierte de que se trata de una observación de "carácter esencial" que los solicitantes acrediten su "vulnerabilidad" y que, en consecuencia, esta situación de precariedad no sea una mera presunción por el simple hecho de ser inmigrante sin residencia porque, de lo contrario, "un número muy elevado de solicitudes tendrían un enorme obstáculo para poder gestionar eficientemente el proceso".

El texto del informe hace también hincapié extensamente en la documentación acreditativa de inexistencia de antecedentes penales de los solicitantes, entendiendo que "ha de concederse la máxima prioridad a un rigurosa acreditación de la carencia de antecedentes penales en terceros países" e insta al Gobierno a que suprima del proyecto las excepciones que prevé para eludir esta acreditación, una observación que también se califica de "esencial". Del mismo tenor es la advertencia del Consejo para que se exija documentación cierta de que los solicitantes no tienen antecedentes penales en sus países de origen, aconsejando que hasta que no se aporte la correspondiente documentación, la solicitud de residencia quede en suspenso. En este apartado, el informe es muy escéptico sobre los plazos que se ha marcado el Gobierno para cumplir con la regularización, en la medida en que muchas documentaciones deberán reclamarse por vía diplomática.

Además de otras cuestiones, ninguna menor, pero sin carácter de "observación esencial", el órgano asesor dedica la parte final de su dictamen a la participación de dos empresas de capital público —pero no órganos administrativos— en el proceso regulatorio: Tragsa y Correos. El Consejo se lamenta de la escasa "atención e información que el expediente remitido a dictamen dedica a esta cuestión", de modo que no "permiten conocer cuál ha sido y cómo se ha desenvuelto el proceso que ha llevado a la conclusión de que Tragsa es la entidad más idónea para colaborar en las muy complejas tareas administrativas de gestión de las solicitudes que van a presentarse…". El dictamen no observa compatibilidad entre el objeto social de esta compañía y las funciones que le encomienda el Gobierno en este proceso y le solicita que lo aclare en el preámbulo de la disposición, pero dejando claro que no se podrá atribuir a Tragsa y su filiales "potestades públicas respecto de las solicitudes que se presenten… ya que estas corresponden "legalmente a los órganos administrativos competentes en la materia y al personal funcionario que en ellos se integra". Este apartado es considerado por el Consejo como una "observación esencial". En la misma línea, el órgano asesor recomienda revisar algunos de los cometidos que se atribuyen a Correos.

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La conclusión del informe del Consejo es que tenidas en cuenta todas la objeciones que plantea, el Real Decreto puede aprobarse por el Gobierno. Y aunque este dictamen no es vinculante para el Ejecutivo, en caso de impugnarse el Real Decreto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso podría prosperar si los ministerios proponentes no aceptan e incorporan los criterios del Consejo en la redacción definitiva. En particular, aquellas que el informe califica de "esenciales". Según el artículo 130.3 del reglamento orgánico del Consejo de Estado "cuando el dictamen contenga observaciones y sugerencias de distinta entidad, establecerá, siempre que sea posible, cuáles se consideran esenciales a efectos de que, si éstas son atendidas en su totalidad, la resolución que se dicte pueda utilizar la fórmula de acuerdo con el Consejo de Estado".

El problema que se plantea al Ejecutivo es que, si incorpora las "observaciones esenciales" al Real Decreto, la dimensión política de la iniciativa de regularización extraordinaria quedaría limitada y no se correspondería ni con el número ni con los plazos que se anunciaron por Pedro Sánchez el pasado mes de enero.