La magistrada que besó a García Ortiz como apoyo asume la ponencia del recurso en el TC

El primer recurso contra la condena al exfiscal general del Estado ya está en poder del Tribunal Constitucional y, antes siquiera de que se aborde, ya es evidente que traerá cola. La Fiscalía ha acudido en amparo al órgano de garantías al considerar que el Supremo vulneró sus derechos fundamentales al condenarle por revelar secretos a la pena de inhabilitación que le costó el cargo. La ponencia de la futura sentencia ha recaído en la magistrada María Luisa Segoviano, la misma que, solo unos días después de conocerse el fallo, le abrazó, le dio un beso y le mostró su apoyo en un acto público.

El gesto de Segoviano levantó indignación en una parte de la judicatura donde se es muy consciente de que la partida final sobre el caso se jugará en el TC. Las muestras de cariño y apoyo procedentes de miembros de la misma institución que tiene en sus manos anular la condena, se consideraron improcedentes y señal de una falta de imparcialidad imperdonable. Es evidente que la acusación particular reclamará que sea apartada.

El momento del beso se produjo en la toma de posesión de la sucesora de García Ortiz, Teresa Peramato. El acto se convirtió en la primera aparición pública del exfiscal general tras la condena. Se celebró en la sede de la Fiscalía General y fue cubierto por numerosos medios de comunicación. Mientras una cámara de la Sexta grababa, Segoviano se acercó al anterior jefe del Ministerio Público. "Álvaro", le llamó mientras le agarraba del brazo de forma afectuosa. García Ortiz se volvió. "Dos besos, María Luisa", le dijo mientras besaba a la magistrada, que le contestó con un sentido "mucho ánimo".

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El turno de reparto ha provocado ahora que sea la encargada de decidir sobre el recurso de la Fiscalía. La institución que dirigía considera ahora que la sentencia del Supremo no tuvo en cuenta "los contundentes testimonios de descargo" de periodistas que "negaron categóricamente" que García Ortiz "fuera su fuente y aportaron datos objetivos incompatibles con la tesis" que acabó dando por probada el tribunal.

El Ministerio Fiscal -que siempre se opuso a la acusación y actuó en su defensa durante el juicio- también cuestiona el proceso y asegura que el registro de su despacho fue irregular. "El borrado por parte del acusado de sus conversaciones personales", uno de los "indicios" que llevaron a la mayoría de magistrados a declarar culpable a García Ortiz, "fue obtenido de forma ilícita", indica. A este recurso se añadirá el del propio García Ortiz, representado por la Abogacía del Estado que será repartido y recaerá previsiblemente en otro magistrado.

Mayorías tocadas

Se da la circunstancia de que el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no participará en las deliberaciones y tiene decidido apartarse debido a que fue durante varios años superior jerárquico del afectado. Las mayorías, que están repartidas siete a cinco con dominio del sector progresista, quedarán muy tocadas si este episodio conduce a la recusación de Segoviano.

El fallo del Tribunal Supremo desencadenó el abandono de García Ortiz de un cargo que desempeñó en medio de una sucesión de polémicas. Desde el ascenso de su jefa y antecesora, Dolores Delgado, hasta el papel de la Fiscalía en la amnistía o frente a la ley del solo sí es sí. Tras su cese como máximo representante del Ministerio Público, su sucesora acordó su reubicación en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

El alto tribunal le impuso una pena de inhabilitación especial para el cargo por tiempo de dos años, a la que se sumó una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros, es decir, 7.200 euros. Además, el pago de las costas procesales y una indemnización a Alberto González Amador de 10.000 euros por daños morales. En la actualidad, se tramitan de forma paralela dos solicitudes de indulto.