Amenaza de imputación para Jésica: la Fiscalía ajustará cuentas cuando el Supremo sentencie

La primera semana del juicio contra José Luis Ábalos ha provocado una pregunta que no tenía contestación. Su antigua pareja Jésica Rodríguez se benefició durante años de un salario público pagado por las empresas Ineco y Tragsatec y no acudió a trabajar ni un solo día. A pesar de ello, ha declarado siempre como testigo y no se le atribuye la comisión de delito alguno. ¿Por qué se ha librado Jésica?

Lo cierto es que aún no puede celebrarlo y que la amenaza continúa viva. Según aseguran fuentes fiscales y jurídicas consultadas, el destino de la exnovia del socialista dependerá en gran parte de la lectura final que efectúe el Tribunal Supremo respecto a las actividades del exministro. Cinco de los 24 años de prisión que Anticorrupción reclama para Ábalos son por malversación de caudales públicos. En este último ilícito se enmarca, entre otros hechos, el desvío de fondos públicos generado por su empleo ficticio.

En el caso de que el Supremo condene por este enchufe que, según la propia declaración de la mujer, fue ideado por Ábalos que quería que “cotizara” mientras se formaba como odontóloga, llegará el momento de reclamar cuentas a Jésica. Se abrirán, entonces, dos escenarios. O bien una imputación por malversación o bien que se la considere partícipe a título lucrativo del delito cometido por su pareja.

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Las fuentes consultadas recuerdan que Rodríguez no es funcionaria y, por lo tanto, el delito atribuible sería el de malversación impropia como cooperadora necesaria de las acciones de Ábalos que, como ministro, sí tenía la condición de funcionario público. Además, tendría que contemplarse la atenuante de confesión. Fue la propia Jésica la que desveló que su empleo fue en realidad fingido cuando declaró por primera vez en el Supremo. La pena resultante, contando con esos dos componentes, sería “mínima”, indican.

Casi 44.000 euros

El otro escenario la colocaría como partícipe a título lucrativo, es decir, aquella persona que se beneficia económicamente de los efectos de un delito sin haber intervenido en su comisión. La ley dispone en estos casos la obligación de restituir lo recibido. Según informaron las empresas públicas, Jésica percibió como salario 34.477,86 euros de Ineco y 9.500,54 de Tragsa, un total de 43.978 euros desde el año 2019 y hasta septiembre de 2021.

Durante ese plazo nadie detectó que no acudía a trabajar, pero cobraba un sueldo. Esta misma semana una de las responsables de la primera empresa continuó insistiendo durante su declaración en el juicio en que en Ineco nunca se supo que en realidad no desempeñaba función alguna. "A los ojos de la compañía, esta persona prestaba sus servicios. Fue una sorpresa su declaración", indicó Amparo Monterrey, actual secretaria general de Ineco.

La declaración de Rodríguez se ha convertido, de momento, en una de las más demoledoras para el exministro y su ayudante de confianza. Al margen de los empleos públicos, precisó que Ábalos sufragó a través del conseguidor Víctor de Aldama el alquiler de su piso en la Plaza de España y que se ocupaba de gran parte de sus gastos como la matrícula de la universidas o su teléfono móvil. También le acompañaba en los viajes oficiales.

El destino de Jésica quedará así en manos del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que ha asumido todas las derivadas del procedimiento ajenas a la actividad del exdiputado y sus dos cooperadores más directos. El Supremo asumió las pesquisas al tratarse, en origen, de un aforado y ha mantenido la vista oral dado que su renuncia se produjo cuando ya se había abierto juicio oral en su contra. Su decisión final marcará el camino para muchos otros implicados y, entre ellos, estará sin duda la odontóloga.