Fiscalía se opone a la excarcelación de la etarra 'Anboto' y denuncia un "tercer grado encubierto"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un escrito ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria por el que se opone a la excarcelación de la histórica dirigente etarra Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’. El ministerio público denuncia que se ha usado una excepción del Reglamento Penitenciario para otorgarle un “tercer grado encubierto”.

‘Anboto’ salió de prisión hace días en virtud de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento. Le permite hacer actividades fuera de prisión todos los días por la mañana y por la tarde. Fue con el visto bueno de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, que depende del Partido Socialista de Euskadi (PSE), que gobierna en coalición con el PNV.

El 100.2 es un artículo pensado para casos de enfermedad grave u otros requisitos para facilitar la reinserción de los presos. Se les permite que salgan para trabajar o formarse o para curarse por motivos humanitarios. Pero la Fiscalía entiende que se ha usado este artículo “excepcional” sin motivarlo debidamente.

“El art. 100.2 RP no está diseñado para habilitar actividades ordinarias de reinserción social externas, sino como mecanismo excepcional y puntual para actividades concretas incompatibles con el régimen ordinario, y siempre dentro del itinerario progresivo.

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En este caso, la resolución de la Administración desnaturaliza la institución, pues permite salidas diarias, con doble actividad externa (mañana y tarde), de contenido estrictamente propio del tercer grado”.

Destacan que la etarra no cumple los requisitos del tercer grado, ni reúne “los presupuestos temporales mínimos”.

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Agencias

"La situación tratamental previa de la interna es determinante, pues no ha alcanzado el cumplimiento de los 3/4 partes, solo ha disfrutado de un permiso de dos días, dicho permiso fue concedido administrativamente, sin control judicial y no existe experiencia progresiva de salidas prolongadas ni reiteradas”, añaden.

La Fiscalía concluye que “la progresividad es un principio estructural del sistema penitenciario, cuyo quebranto es especialmente grave en delitos de terrorismo”. Ahora el juez de vigilancia tendrá que decidir si revoca la medida y prohíbe las salidas de la etarra.