La Fiscalía recurre ante el Constitucional la condena contra García Ortiz y defiende que se vulneraron sus derechos

La Fiscalía ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en el que pide anular la sentencia de dos años de inhabilitación impuesta a Álvaro García Ortiz. El Ministerio Público considera que el alto tribunal vulneró varios derechos fundamentales del ex fiscal general del Estado, tanto durante la instrucción del caso como con la sentencia.

Entre otras cuestiones, la Fiscalía sostiene que García Ortiz se limitó a informar de un hecho de relevancia pública, y que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia al no tener en cuenta "el valor exculpatorio de los contundentes testimonios de descargo" aportados por los periodistas que accedieron a la información. La parte recurrente considera que los testigos "aportaron datos objetivos incompatibles con la tesis" del tribunal, según la cual García Ortiz o una persona de su entorno, con su conocimiento, filtró el correo del novio del abogado de Isabel Díaz Ayuso en la noche del 13 de marzo de 2024.

A juicio del Ministerio Fiscal, los magistrados se sirvieron de una "interpretación constitucionalmente inasumible de la cláusula de secreto periodístico" para restar toda credibilidad al testimonio de los profesionales de la información. "El órgano judicial escoge, entre las interpretaciones posibles de los indicios, la más desfavorable para el acusado, con independencia de que se sustente en un razonamiento realmente lógico", sostiene.

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También insiste en que se vulneró el derecho a un proceso con todas las garantías, recogido en el artículo 24.2 de la Constitución Española, en relación con los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de datos. Tal y como defendió tanto durante la instrucción como durante el desarrollo de la vista oral, el Ministerio Fiscal sostiene que los indicios que sustentan la condena se obtuvieron de forma ilícita. Considera "ilegal" la entrada y registro del despacho del ex fiscal general.

"Giro argumental sorpresivo"

La Fiscalía mantiene que la sentencia vulneró el derecho de García Ortiz a conocer la acusación y defenderse de ella al incluir en "giro argumental sorpresivo" la nota de prensa emitida en marzo de 2024 para aclarar informaciones que ya estaban circulando en los medios. Considera que esto constituye una "ruptura flagrante del marco objetivo del proceso", lo que se tradujo en una "imputación novedosa" de la que el acusado no pudo defenderse.

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El Ministerio Público apunta a la vulneración del derecho a la legalidad penal al entender que la interpretación del tribunal del tipo penal de revelación de datos reservados, por el que García Ortiz ha sido condenado a dos años de inhabilitación, "desborda los límites semánticos" de su enunciado normativo. Considera que esta resulta "contraria" a la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo y que, además, choca de frente con el derecho democrático de los ciudadanos a dar y recibir "información veraz".

El fallo del Tribunal Supremo supuso la salida de García Ortiz de un cargo al que llegó ya marcado por haber sido la 'mano derecha' de su antecesora inmediata, la exministra de Justicia Dolores Delgado. Tras su cese como máximo representante del Ministerio Público, su sucesora acordó su reubicación en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.