Hacienda advierte que suprimir la tasa de basuras veta el acceso a fondos europeos

Los problemas en la aplicación de la tasa de basuras, al descubierto tras las últimas sentencias, han resucitado la pulsión de acabar con el polémico impuesto. Alcorcón (175.719 habitantes), gobernado por el PSOE en coalición con Más Madrid y Ganar Alcorcón, ha sido de los primeros en verbalizar este rechazo y ya estudia la posibilidad de suspender o suprimir el tributo, aunque el horizonte es más que complicado. El Ministerio de Hacienda recuerda que su ejecución es obligatoria y advierte de que lo contrario implicaría sanciones para los ayuntamientos rebeldes y la imposibilidad de acceder a fondos europeos.

La tasa se ha convertido en un quebradero de cabeza para todas las administraciones tras un año en funcionamiento, con miles de recursos —130.000 solo en el caso de Madrid— y varios fallos judiciales en contra, como los emitidos en León o la propia capital, donde los tribunales lo declararon "nulo de pleno derecho". Las resoluciones conocidas, sin embargo, no van al fondo de la cuestión y en principio no justifican la suspensión en otros lugares.

Hacienda, preguntada al respecto por este periódico, remite al documento marco que desarrolla el gravamen y que elaboró la Dirección General de Tributos antes de que entrara en vigor. El escrito señala que prescindir de la tasa puede derivar en una multa por parte de la Unión Europea por incumplir los objetivos marcados en la gestión de residuos, que sería repercutida a los ayuntamientos que quebranten la norma.

"El incumplimiento de los objetivos comunitarios que afectan a los residuos municipales podría conllevar que el Reino de España fuera sancionado, con lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 y en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dicha sanción sería repercutida a las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público responsables, lo que se aplicaría a aquellas entidades locales que no cumplieran con el establecimiento de la Tasa/PPPNT que tenga en cuenta el sistema de pago por generación y que no sea deficitaria", dice el reglamento, redactado en 2022.

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La insumisión fiscal, además, es causa de exclusión en el acceso a los fondos europeos, incluyendo los conocidos como Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado tras la pandemia. "Adicionalmente, la existencia de dicha Tasa/PPPNT puede ser exigida como criterio condicionante para el acceso por parte de las entidades locales a los fondos comunitarios", asevera.

Madrid y León

El impuesto ha sido anulado por los tribunales en Madrid y León por defectos de forma. En el primer caso, los jueces argumentaron que los madrileños resultaron indefensos, tras quedar privados de su derecho a conocer aspectos esenciales de la tasa y la posibilidad de cuestionarlos y recurrirlos. El fallo señala que no era posible entender la fórmula escogida por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida para cobrar el tributo, que incluye una parte fija con el valor catastral de la vivienda (81%) y otra variable con la generación de residuos (19%), así como las cantidades de dinero requeridas y el porqué.

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En León, en cambio, concluyeron "falta de motivación y de proporcionalidad en los criterios seguidos para el cálculo de la base imponible", refiriéndose a los coeficientes de ajuste de la cuota, con "vulneración del principio de proporcionalidad que conlleva la contravención del principio de capacidad económica”. Los dos ayuntamientos anunciaron acto seguido que los servicios jurídicos municipales estudian un posible recurso.

Los dos casos motivaron la respuesta de Alcorcón. La alcaldesa de la localidad, Candelaria Testa, declaró a finales del mes de marzo que ha dado instrucciones a su equipo para analizar una posible suspensión del tributo. Testa, que no hizo alusión a las posibles consecuencias legales, subrayó que el objetivo del consistorio es "aliviar la carga fiscal" de las familias y comercios del municipio y garantizar la seguridad jurídica.

El rechazo no es nuevo ni aislado. El año pasado varios ayuntamientos se declararon en rebeldía y amenazaron con la insumisión por considerarlo una "injusticia" y un "sablazo". Las administraciones responsabilizaron al Gobierno de Pedro Sánchez y destacaron que la Comisión Europea había concluido que la directiva sobre la gestión de los residuos no obligaba en ningún caso a implantar ningún impuesto, como hizo el Ejecutivo.

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Leganés (195.734 habitantes), gobernado por el PP, lideró este movimiento, pero Vox también convirtió el problema en una de sus banderas políticas en toda España, asegurando incluso que había logrado un aplazamiento. Los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica —quien impulsó la tasa de basuras a través de la ley 7/2022— ya señalaron entonces que no cabe ni suspensión ni prórroga del tributo.