El Gobierno o el Poder Judicial, ¿quién debe elegir al nuevo juez español del Tribunal de Derechos Humanos?

El Partido Popular prepara una ofensiva para tratar de impedir que el Gobierno pueda controlar la elección del próximo juez español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sucederá a la magistrada María Elósegui el año que viene y ocupará el puesto durante nueve años. El principal partido de la oposición considera que el sistema aprobado por el Ejecutivo el pasado 12 de marzo vulnera las normas de transparencia, publicidad e independencia exigidas por el Consejo de Europa, motivo por el que existe riesgo de que acabe siendo tumbado en Europa.

Para evitarlo, el último paso ha sido presentar en el Congreso una proposición no de ley para modificar el sistema puesto en marcha por el Gobierno, que descarga la decisión de elegir a los tres candidatos que se enviarán al Consejo de Europa en una comisión presidida por el propio Ejecutivo e integrada por una mayoría de miembros (tres de cinco), como adelantó El Confidencial.

La idea es que no sea el Gobierno, sino el Consejo General del Poder Judicial quien se responsabilice de los procesos para designar las candidaturas a jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), a juez titular y jueces ad hoc del ya citado Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de representantes ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos y ante el Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, así como al Tribunal Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y cualquier otro tribunal u órgano de naturaleza jurisdiccional o similar, cuyas decisiones sean de obligado cumplimiento en España.

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En su propuesta, el PP recuerda que en los últimos años tanto el Consejo de Europa como la Unión Europea “han ido incrementando los requisitos de transparencia, publicidad e independencia” a la hora de designar los candidatos nacionales a estos organismos jurisdiccionales, “fijando unos estándares aplicables a nivel internacional”. En el caso del juez del TEDH, el Comité de Ministros estableció el 28 de marzo de 2012 que "el órgano encargado de recomendar candidatos debe tener una composición equilibrada". "Sus miembros deben poseer, en conjunto, suficientes conocimientos técnicos e inspirar respeto y confianza. Deben provenir de diversos ámbitos, tener una trayectoria profesional similar y estar libres de influencias indebidas, aunque podrán solicitar información pertinente de fuentes externas”.

Ya en España, el Gobierno ha decidido que la mayoría de los miembros de la comisión de selección (3 de 5) sean el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, que ostentará la presidencia; el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; y el subsecretario de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en España, Alberto Herrera. Además, están participando en el proceso de selección (que sólo dio a los aspirantes once días de plazo desde su publicación en el BOE) la vocal conservadora del Consejo General del Poder Judicial Gema Espinosa, propuesta por este organismo; la jurista de reconocido prestigio, Paz Andrés, consejera permanente del Consejo de Estado y de sensibilidad progresista. El abogado del Estado Aitor Villarreal ejercerá las funciones de secretario con voz pero sin voto.

"Deben provenir de diversos ámbitos, tener una trayectoria profesional similar y estar libres de influencias indebidas", apunta el Consejo

El PP recuerda que la composición de esta comisión viene determinada por un real decreto que aprobó el Gobierno de Sánchez en su primera legislatura completa, el 10 de noviembre de 2020, lo que ha entregado a Bolaños "el monopolio y control de las designaciones". "Este procedimiento no respeta las líneas maestras del Consejo de Europa (no hay una composición equilibrada entre los diversos ámbitos de procedencia, no está libre de “influencias indebidas”), sigue la dirección contraria a la que han previsto ya muchos otros países, y está al margen de los estándares y requisitos de independencia que se exigen tanto por parte del Consejo de Europa como de la Unión Europea".

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El PP también pone el foco sobre el quinto miembro de la Comisión. Según establece el Gobierno en el real decreto, esa persona debe ser un jurista de reconocido prestigio, que preferiblemente haya sido miembro del tribunal para el que se elige candidatura, en este caso el TEDH. Sin embargo, denuncian los populares, el modelo Bolaños "no determina cómo se nombrará a este jurista".

En suma, el PP concluye que en este procedimiento "no hay una composición equilibrada entre los diversos ámbitos de procedencia, no está libre de influencias indebidas, sigue la dirección contraria a la que han previsto ya muchos otros países, y está al margen de los estándares y requisitos de independencia que se exigen tanto por parte del Consejo de Europa como de la Unión Europea".