El Gobierno agita el aborto para arrinconar a PP y Vox con un atajo legal que no prosperará

Barómetro del CIS de este mes de marzo sobre preocupaciones de los españoles: los encuestados plantean hasta 52 respuestas espontáneas y no, el aborto no aparece en el listado. Las preocupaciones cubren temas como vivienda, economía, empleo, política, inmigración, sanidad, corrupción, etc., pero no se menciona la interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, el Gobierno ha puesto en marcha un proceso que sabe que no prosperará para, teóricamente, blindar y garantizar su práctica en la sanidad pública a través de una reforma constitucional. Salta a la vista que no cuenta con los apoyos suficientes, tal y como ha podido constatar El Confidencial en los grupos parlamentarios de la derecha, pero esconde una estrategia distinta: enfrentar al PP con Vox o situar a ambos como partidos contrarios a los derechos de las mujeres cuando se opongan durante su tramitación parlamentaria. Es decir: agitar a la derecha. Y no solo eso: quiere hacerlo a través de un atajo legal que suscita serias dudas en el mundo jurídico y que lo reviste de propaganda en el político.

El camino legal elegido es una reforma del apartado 4 del artículo 43 de la Constitución, que requiere de una mayoría de 3/5 en el Congreso y en el Senado, lo que interpela necesariamente al PP. De momento cuenta con el aval del Consejo de Estado, aunque el camino en el órgano consultivo que preside la exministra de Pedro Sánchez Carmen Calvo no ha sido fácil. Como desveló El Confidencial, el consejero permanente y padre de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, advirtió en un duro voto particular del fraude de blindar el aborto en el artículo 43 de la Constitución (derecho a la salud), y no en el 15 (derecho a la vida) para evitar la disolución de las Cortes y la convocatoria de referéndum.

En este sentido, los juristas consultados por este periódico coinciden en señalar que, si el objeto es considerar el aborto un derecho fundamental, ése no es el camino. El artículo 43 no regula estos derechos, sino "principios rectores" que sólo reconocen la protección de la salud. Es decir, el Ejecutivo renuncia al blindaje férreo que conllevaría la reforma del artículo 15 de la Constitución, en el que sí se regula el "derecho fundamental" a la "integridad física y moral". Conclusión: se convertiría en una "recomendación", perdería su carácter vinculado con los derechos fundamentales y no podría ser reclamado directamente ante los tribunales.

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El razonamiento del Gobierno se basa en que el aborto no aparece regulado como tal en la Constitución y, por tanto, resulta necesario incluirlo de forma expresa para frenar cualquier intento de limitarlo. Sin embargo, dicha argumentación pasa por alto dos cuestiones: la voluntad del legislador, que a través de las leyes de 2020 y 2023 ya equiparó el aborto a un derecho fundamental, y la jurisprudencia del Constitucional, que avaló dicha consideración con sus sentencias de 2023 y 2024.

El Gobierno se suma así a una ola progresista internacional que busca responder a otra ola, esta reaccionaria, dando un paso más en relación con el aborto, y no solo reconocer su práctica según la legislación vigente (en España, la Ley de Plazos), sino darle estatus de derecho fundamental. El primer país en aprobar este blindaje fue Francia, el 4 de marzo de 2024; es más, su presidente, Emmanuel Macron, ha llegado a pedir su inclusión en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para garantizarlo a nivel comunitario.

"Para no hablar de Ábalos"

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, admitió que “no está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional". Según dijo, el 79% de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20% en centros públicos.

Desde el PP no tardaron en anunciar su voto en contra porque el Gobierno “se está acostumbrando a llevar medidas al Consejo de Ministros que saben que no serán aprobadas en las Cortes generales”. En Génova entienden que son “actos propagandísticos” que carecen de mayoría parlamentaria. “Quieren hablar del aborto para que no hablemos de Ábalos. Esta reforma no tendrá nuestros votos bajo ningún concepto”, explicaron a este periódico.

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La posición del PP y Vox ante el aborto es radicalmente distinta, y la mejor prueba llegó cuando el Tribunal Constitucional dio el visto bueno a la Ley de Plazos que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que habían recurrido tanto el PP como 50 diputados populares. Sin embargo, la reacción del actual presidente del partido liberal conservador fue aceptar la sentencia del TC. En cambio, desde Vox se anunció su derogación el día que llegaran al poder.

Para justificar que existe un “riesgo real” de “regresión”, la ministra de Igualdad ha recordado que la semana pasada en el Ayuntamiento de Elche el PP y Vox reclamaron al Gobierno la derogación de la ley del aborto. Lo que no ha dicho es que la dirección nacional del PP desautorizó inmediatamente a los dirigentes de su partido en la localidad alicantina. En todo caso, el ejemplo francés es un argumento que el Gobierno va a reiterar en adelante para tratar de presionar, sobre todo, al PP. “Hasta Marine Le Pen votó a favor”, dijo Redondo, como preámbulo de una batalla política ajena a los intereses y las preocupaciones de los ciudadanos. Y las ciudadanas.