Gaspar Zarrías disuelve la sociedad donde tuvo a sueldo a Leire antes de declarar ante el juez

Gaspar Zarrías abandonó la política en julio de 2015, tras dejar su acta de diputado, pero no tardó mucho en saltar a la empresa privada. En octubre de ese año, registró la entidad Zaño Sociedad Consultora S.L., la cual llegó a mantener en nómina a Leire Díez entre junio y octubre de 2024, cuando 'la fontanera de Ferraz' intentaba reunir información, presuntamente, para malbaratar las investigaciones de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción que afectaban a los socialistas. Zarrías ha decidido liquidar este negocio apenas quince días antes de testificar ante el juez del caso.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil se hizo eco de esta decisión el pasado 1 de abril a través de una anotación en la que se detalla que la disolución de la sociedad es “voluntaria” y que estará gestionada por el propio Zarrías.

El acto de disolución de la sociedad del antiguo hombre fuerte del socialismo andaluz se produjo tan sólo dos semanas antes del día 16, que es cuando el titular del Juzgado número 9 de la capital madrileña, Arturo Zamarriego, ha citado a declarar a las 10 de la mañana al expolítico socialista como testigo, con el propósito de indagar en su relación personal y profesional con Leire Díez, la conocida como 'fontanera de Ferraz'..

En conversación telefónica con este periódico, el propio Zarrías ha desligado el cierre de su negocio de esta causa judicial. De hecho, la ha atribuido a cuestiones de salud y, sobre todo, al compromiso que adquirió con su familia de abandonar la actividad tras cumplir los 70 años, algo que se produjo en 2025.

El 'lobby' del político andaluz

Zaño S.L. fue su refugio en un momento profesional complejo, en el que permanecía como imputado dentro del caso de los ERE de Andalucía. Fue condenado en 2019 a una pena de 9 años de inhabilitación especial tras probarse que cometió un delito de prevaricación continuada. El Tribunal Supremo confirmó la pena en 2022, pero el Constitucional la anuló parcialmente en 2024 y obligó a la Audiencia de Sevilla a dictar una nueva sentencia.

En mitad de este proceso, Zarrías se reconvirtió en un hombre de negocios y ofrecía servicios a todo tipo de empresas que buscaban llegar a altos cargos del Ejecutivo de Sánchez, según publicó El Confidencial. Oficialmente, su objeto social era la “prestación de servicios de consultoría, formación, estudios, auditorías, estrategias e I+D a todo tipo de particulares y empresas públicas y privadas, nacionales o extranjeras”.

En 2022, los ingresos de Zaño S.L. fueron superiores a 1 millón de euros

El desempeño del expolítico como lobbista fue lucrativo: en 2023 obtuvo un beneficio de 100.259 euros tras facturar 879.250 euros. En 2024, sus ganancias fueron de 88.797 euros y su cifra de negocio, de 872.101. En 2022, sus ingresos rebasaron la barrera del millón de euros. En concreto, fueron de 1.206.181 euros.

Durante el ejercicio en el que mantuvo su colaboración con Leire Díez, el año 2024, fueron cuatro personas las que trabajaron de forma fija para esta consultora, situada en la calle Doctor Esquerdo, de la capital madrileña. El gasto en personal ascendió a 276.098 euros, según la información extraída del Registro Mercantil.

El sueldo que 'se impuso' Zarrías como administrador de su empresa, por la prestación de sus servicios profesionales, fue de 315.000 euros durante ese año, frente a los 350.500 de 2023. Podría decirse que sus emolumentos eran muy superiores a los de su etapa como diputado en las Cortes.

Una empresa familiar

La entidad tenía cierto carácter familiar, dado que como apoderado figura desde 2019 Juan Zarrías Caballero. En su memoria de cuentas también se indica un vínculo que Zaño S.L. tiene con la empresa Espacio de Salud Ayala 87, que es una clínica odontológica situada en una de las zonas más 'caras' de la capital madrileña que está encabezada por Carmen Zarrías Caballero.

Este centro está participado por la consultora de Gaspar Zarrías, la cual posee un 50% del capital. En 2023, obtuvo una facturación de 406.444 euros y declaró unas pérdidas de 129.341 euros.

Conviene recordar que este antiguo representante público no sólo actuó a las órdenes de Manuel Chaves en la Junta de Andalucía. También fue secretario de Estado del Ministerio de Cooperación Territorial durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, con el propio Chaves el frente de ese departamento.