Nuevo capote de Sumar a los presos: propone que cobren el ingreso mínimo vital

Sumar vuelve a poner sobre la mesa una iniciativa para mejorar la retribución de los presos españoles. El líder del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, rubrica una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados que defiende el pago del ingreso mínimo vital (IMV) a los excarcelados que hayan trabajado durante su período en prisión y tengan derecho a cobrar una prestación por desempleo de menor cuantía. Un nuevo intento de la formación de asegurar que los expresos tengan una retribución económica.

La PNL para la mejora de la relación laboral de las personas privadas de libertad que realicen actividades laborales ha sido registrada en la Comisión de Interior en el mismo período en que Sumar votaba en contra de una propuesta del Partido Popular para extender la prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver de sus víctimas.

Es el segundo intento de mejorar la calidad de vida de los excarcelados, ya que en noviembre de 2025, presentó otra propuesta en el Congreso en la que abogaba por aprobar un subsidio para los presos que salgan en libertad tras más de seis meses de prisión. Esta prestación no distinguiría por el tipo de delito cometido, por lo que habría sido recibida por asesinos, violadores, corruptos o maltratadores. Esta PNL fue defendida también por Santiago y apoyada por el Partido Socialista, pero no salió adelante.

Tras el rechazo parlamentario de esta medida, Sumar vuelve a la carga. En concreto, pide al Gobierno de Pedro Sánchez modificar el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios.

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Entre las modificaciones que se solicitan se encuentra una que establece que "en el caso de que la prestación por desempleo resulte, en su cómputo total, inferior a la actual prestación del Ingreso Mínimo Vital que viene a sustituir al subsidio por excarcelación, la persona excarcelada podrá optar entre ambas por la que considere más beneficiosa".

Precisamente, la creación de un subsidio de excarcelación que defendía el líder del PCE venía motivada por la falta de alfabetización informática de algunos presos para solicitar el IMV y el largo plazo que transcurre hasta que es otorgado.

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Sumar también quiere que se reconozca a "la persona presa trabajadora el derecho fundamental a la libertad sindical" y que el "sistema de retribución" se ajuste a lo establecido en la Ley Orgánica General Penitenciaria, es decir, que "se tome realmente como referencia el salario mínimo interprofesional". "Ante la desigualdad injustificada que existe entre las relaciones laborales de las personas presas respecto a las personas libres y ante las deficientes condiciones laborales en las que se desarrolla el trabajo en prisión, es precisa una equiparación de los derechos laborales de las personas trabajadoras presas respecto al trabajo en libertad", argumenta el grupo parlamentario en la exposición de motivos de la PNL.

Según los datos del Ministerio del Interior para 2024, un 20% de la población reclusa tiene acceso a un trabajo. "Apenas 11.000 personas de los 55.000 reclusos tienen acceso a la actividad laboral", señala el texto. Se denuncia también que "no existe control horario", lo que provoca que los presos "en no pocas ocasiones" trabajen "más horas que las que luego se reflejan en la nómina".

Una vez más, Enrique Santiago denuncia que la supresión del subsidio de excarcelación, impulsado por el Partido Socialista, "ha generado una situación de desprotección para las personas que salen de prisión sin recursos". "A diferencia del antiguo subsidio, que se percibía en un plazo de uno o dos meses, el acceso al IMV puede demorarse entre 4 y 12 meses", explica, y lamenta que la carga burocrática para obtener el IMV es mayor. Según la formación, estas medidas van encaminadas a "mejorar la reinserción social" de los presos.