Las exigencias de Vox en las CCAA tensionan al PP por el riesgo de condicionar a Moreno

Pese a las tensiones y la desconfianza, los pactos entre PP y Vox para desbloquear la gobernabilidad en tres comunidades autónomas avanzan. El resultado en Castilla y León, que moderó el crecimiento de Vox, permitió a los de Feijóo alejar por completo el fantasma de una repetición electoral especialmente en Extremadura, el primer campo de pruebas de la nueva etapa de relaciones entre los dos partidos de la derecha. El optimismo regresó a Génova, donde estaban convencidos de que podrían llegar a un acuerdo rápido antes incluso de Semana Santa. Pero nada más lejos de la realidad.

El pequeño tropiezo del pasado 15 de marzo forzó a Bambú a recalcular también su estrategia con el PP. A Génova le interesaba dar carpetazo al melón de la nueva configuración autonómica no sólo por la "estabilidad" de sus territorios, sino por alejarlo de "la madre de todas las batallas" que se librará el 17 de mayo en Andalucía. Con ese fin, el de acelerar el pacto, viajó Miguel Tellado a Mérida la semana pasada. Pero Abascal no quiso dar a Feijóo la satisfacción de cumplir con sus plazos. Maniobró para volver a controlar los tiempos. Y también el relato.

La delegación de Vox que se sentó a la mesa de negociación en la Asamblea de Extremadura el pasado 25 de marzo tenía claro que no saldría de allí con un acuerdo. Tampoco con un "principio de acuerdo", como se encargaron de desmentir ante las especulaciones iniciales. Y dirigentes del PP asumen, con resignación, que lo que buscaban los ultraconservadores es "acercar los acuerdos a la campaña andaluza" con el fin de utilizarlos como ariete contra Juanma Moreno, conscientes de que la movilización en Andalucía será total tan pronto como acaben las festividades religiosas.

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En Génova creen haber conseguido poner a los de Abascal en un callejón sin salida. La hoja de ruta del "bloqueo" en sus ejecutivos territoriales pasó factura a Vox en Castilla y León, y su previsible entrada en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León puede neutralizar también la acogida del "voto del cabreo". La única salida que le queda a Vox de cara a Andalucía, según analizan fuentes tanto de la dirección nacional como territoriales, es tratar de condicionar la campaña andaluza con el precio de la investidura del resto de barones populares.

"Quieren dividir a los presidentes autonómicos entre buenos y malos. Consiguieron doblegar a Guardiola, y ahora buscan poner a Juanma en la tesitura de decir si haría lo mismo", analizan desde una baronía territorial. Remiten no sólo al retraso sistemático del pacto en Extremadura —que en ambos partidos ven como pieza clave para desbloquear el resto— y la cercanía al 17-M. También despertó suspicacias el hecho de que Vox hiciese públicas la semana pasada un listado de exigencias a priori irrenunciables que exigirán allí donde el PP necesite sus votos.

Se trata de una serie de principios generales que, pese a su inconcreción, sorprendieron en el 13 de Génova. Tocan cuestiones que serán troncales en la carrera andaluza, como el voto del campo o el discurso antimigratorio. Vox sitúa como condición, por ejemplo, el "rechazo de los acuerdos alcanzados por el PSOE y el PP en Europa" o "el fin de Mercosur y el Pacto Verde", cuestiones que trascienden a las competencias autonómicas y que suponen además un disparo a los equilibrios que se han visto obligados a hacer los populares para mantener su sí condicionado al acuerdo comercial y mantener al mismo tiempo su peso en el voto rural.

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En Bambú dan también prioridad absoluta al "fin del despilfarro del dinero público", el "fin de las políticas de sustitución demográfica" o situar a "la familia en el centro", cuestiones que hacen referencia, por ejemplo, a la derogación de la ley LGTBi o a la eliminación de asociaciones ligadas a Igualdad, cuyo encaje en el listado final es aún una incógnita pero que tensiona a las filas de los conservadores por la posibilidad de que agujeree el discurso centrista del barón andaluz, que sujeta con pinzas la mayoría absoluta en Andalucía, y que rehúye la idea de dar protagonismo a Vox en su campaña.

Pero si hay una cuestión que empieza a levantar ampollas es la de dar "prioridad a los españoles en sanidad" por encima de los inmigrantes a cambio de investir a los presidentes autonómicos del PP. Se trata de una cuestión en la que Génova no se ha posicionado de forma pública y nítida —se abstuvieron en una moción de Vox en el último pleno antes del parón de Semana Santa—, y con la que Abascal pretende revertir el decreto con el que el Gobierno garantiza la sanidad pública universal para extranjeros sin residencia legal y, de paso, capitalizar de nuevo el debate migratorio en un momento crucial, en pleno proceso de regularización masiva impulsado por el Ejecutivo de Sánchez.

Fuentes del PP al tanto de las negociaciones aseguran que ni el portavoz autonómico, Óscar Fernández, ni los responsables nacionales, Montserrat Lluís, José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, pusieron esas cuestiones encima de la mesa, y que no fueron más allá del ámbito autonómico. Por ese motivo sospechan que lo que Vox busca es lanzar globos sonda que escapan en parte al control de las comunidades autónomas para hacerse con el relato y retratar las posibles incoherencias dentro del PP en un momento clave, en el que el partido de Abascal se juega también reafirmar que su influencia no es coyuntural, sino estructural.

La espera para cerrar un acuerdo en Extremadura comienza a frustrar a los populares, y culpan sin cortapisas a la ultraderecha de retrasar los pactos de nuevo por interés político. "Vox está en su derecho de apurar los plazos que quiera (...). Han decidido que era más importante demostrar que tenían fuerza a demostrar que son capaces de generar gobiernos estables", espetó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, la semana pasada.

Pese a los reproches cruzados y salvo sorpresa mayor, todo apunta a que el pacto de gobierno para investir a Guardiola se resolverá en cuestión de días y que no se rozará en ningún caso la fecha límite para convocar la votación de investidura, que expira el próximo 4 de mayo. Jorge Azcón tiene el mismo plazo que su homóloga en Extremadura, por lo que se espera que el acuerdo en Aragón se desempolve justo después. El que sí se podría retrasar más allá de las elecciones en Andalucía es el trato en Castilla y León, donde fuentes territoriales apuntan a un "camino largo".