Moncloa rechaza ahora su propio modelo de rendición de cuentas: "No mide bien los logros"

Desde 2020, el Gobierno ha publicado nueve informes semestrales para cuantificar y trasladar a la opinión pública el cumplimiento de sus compromisos. Cinco vieron la luz en la anterior legislatura y cuatro en esta. Es un intento de trasladar el mensaje de que todo funciona. Sin embargo, casualmente o no, tras las elecciones de 2023 el Ejecutivo decidió cambiar la metodología, que hasta entonces utilizaba para reducir a una cifra las medidas puestas en funcionamiento. Por ejemplo, la nota de prensa de la Moncloa de julio de 2022 aseguraba que “Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno ya ha cumplido el 53% de sus compromisos y prevé llegar al 61% al final del año”. Ese era el grado de precisión en la medición, una cifra para apuntalar una estrategia de comunicación efectiva: el Gobierno cumple.

Tras las nuevas elecciones, cuando Pedro Sánchez aceptó el encargo del Rey de buscar apoyos, el entonces candidato socialista dijo que no solo hablaría con los grupos parlamentarios para recabar su apoyo a un acuerdo de investidura, sino que buscaría un compromiso de gobernabilidad. Lo primero se cumplió; lo segundo, no. En lo relativo al “Informe cumpliendo”, al Gobierno se le volvió en contra la estrategia, porque una de las virtudes de ese estudio era que la prensa podía cotejarlo, puesto que los datos venían soportados por una tabla en formato abierto en la que se listaban todos los compromisos y se aportaba la consideración de grado de cumplimiento que el Ejecutivo adjudicaba a cada uno.

Por ese motivo, una vez arrancada la legislatura, Moncloa decidió dar un giro a su estrategia: aunque mantuvo esa convocatoria semestral de “rendición de cuentas”, introdujo un cambio sustancial que eufemísticamente denomina “ajuste metodológico”. Para justificarlo, el Gobierno dice ahora que “reducir la medición del cumplimiento de compromisos a un mero porcentaje desvirtúa la lógica de la rendición de cuentas”. Es decir, critica el mismo sistema que le permitió vender hasta cuatro semestres consecutivos sus avances legislativos. Así lo dice en una respuesta parlamentaria a una batería de preguntas presentadas por el Partido Popular, tal y como ha podido conocer El Confidencial.

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En su defensa, el Gobierno asegura que “no ha rebajado” el nivel de transparencia y de rendición de cuentas, sino “todo lo contrario”. “El hecho de no publicar una tabla con el estado de los compromisos fue fruto de un rediseño metodológico al considerar que un porcentaje no refleja fielmente el avance de los compromisos y de las acciones que un Gobierno puede hacer para materializar dichos compromisos. No es la mejor forma de medirlo”.

El nivel de transparencia

El origen de estos argumentos del Gobierno está en una pregunta parlamentaria del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para conocer los motivos del cambio metodológico. Los diputados Álvaro Pérez, Ángel Ibáñez y Macarena Montesinos pusieron el foco en los motivos que, según su criterio, han llevado al gabinete de Sánchez “a rebajar el nivel de transparencia y rendición de cuentas de dichos informes con respecto a la legislatura anterior al dejar de hacer pública la tabla en la que se detallaba el nivel de cumplimiento que el Ejecutivo asignaba a cada compromiso”.

En la Moncloa se excusan respondiendo que en esta legislatura, "en vez de categorizar los compromisos de forma dicotómica como cumplidos o no, se da cuenta de los avances (legislativos o mediante indicadores cuantitativos) que se han dado en cada uno de los compromisos, con el objetivo de reflejar los progresivos avances en cada uno de ellos”. En su opinión, este rediseño responde "a una lógica clara": el porcentaje de cumplimiento de los compromisos "no permite capturar de manera real el avance que con sus políticas el Gobierno ha dado en un compromiso concreto".

Según su criterio, otros instrumentos "son mejores formas de transparencia" de la acción de Gobierno: el panel dinámico de compromisos del Gobierno, el descargable con los datos abiertos, o el listado de indicadores para la medición de cada uno de los compromisos. Por todo ello, desde la Moncloa niegan que el presidente del Gobierno haya omitido ninguna cifra en sus últimas intervenciones de presentación del informe semestral. "No hay omisión alguna. Si en otras intervenciones optó por indicar un porcentaje de cumplimiento de compromisos, fruto del análisis cualitativo del Gabinete de la Presidencia, es porque así se decidió discursivamente y es independiente del informe en sí mismo", concluyen.

Opinión

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Eso no es todo. Ya en 2025, el Ejecutivo aprobó el anteproyecto de Ley de Administración Abierta, en cuyo artículo 61 afirma lo siguiente: "Las administraciones públicas rendirán cuentas de forma transparente sobre el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con carácter semestral a través de los portales establecidos o que se establezcan al efecto". Por ello, los diputados populares plantean una última pregunta: “¿Por qué motivo el Gobierno de España ha impulsado un 'Plan de Acción por la Democracia' y un anteproyecto de Ley de Administración Abierta que recogen una obligación de transparencia para otras administraciones públicas que el propio Gobierno que los impulsa es incapaz de cumplir para sí mismo?”.