La Comisión de Seguridad Nacional supervisará la regularización de inmigrantes

La Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Parlamento ha aprobado la creación de una ponencia que supervise el proceso de regularización de inmigrantes aprobado por el Gobierno el pasado 27 de enero y que afectará a un mínimo de 500.000 personas y un máximo de 1,3 millones, según los cálculos oficiales. La iniciativa, presentada por el PP y adelantada por este periódico, ha salido adelante con 20 votos a favor, de los populares y de Vox, y nueve en contra, del PSOE, ERC y Bildu. Junts y PNV no han acudido.

El escrito presentado por el partido de Alberto Núñez Feijóo esgrime como principal argumento que los "flujos migratorios irregulares" son una constante entre los cinco riesgos a la seguridad nacional desde el año 2020 y es una de las dieciséis amenazas detectadas por la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2021.

El escrito, presentado por la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, recuerda que la citada Estrategia señala que "en su condición de frontera exterior de la Unión Europea", España afronta la gestión de los flujos migratorios irregulares como un "importante reto que requiere una política migratoria común, basada en el justo equilibrio entre solidaridad y responsabilidad compartida entre Estados".

Precisamente, este martes la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para informar sobre la forma en que afectan a la Seguridad Nacional las decisiones adoptadas por el Gobierno en relación con la situación de Oriente Medio. El pasado 18 de marzo el Congreso aprobó una moción del PP con el apoyo de Vox, Junts y UPN para instar al Gobierno a parar la regularización y a revisar los acuerdos en materia migratoria con terceros países para asegurar su cumplimiento, así como garantizar la expulsión de extranjeros ante la comisión de delitos graves o reincidentes.

En esta nueva iniciativa, el principal partido de la oposición esgrime dos argumentos más vinculados a la seguridad nacional: el crimen organizado y la amenaza terrorista, y en concreto la situación en el Sahel. Respecto a este último aspecto, el PP recuerda que la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023 considera que "afecta indefectiblemente a la estabilidad en la zona y, de manera directa, a los intereses nacionales de España, especialmente en lo que se refiere a la amenaza terrorista y al aumento de los flujos migratorios irregulares que pueden ser aprovechados por elementos terroristas para dar cobertura a sus desplazamientos".

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

¿Apoyas la guerra en Irán aunque genere una crisis de refugiados aquí?

Ramón González Férriz

En este sentido, apunta que los nuevos focos de inestabilidad en Oriente Medio están teniendo consecuencias sociales, políticas, económicas y migratorias cuyo alcance es "difícil de prever". "Cabe recordar que, en nuestro país, tal y como informa la Secretaría de Estado de Seguridad, el Nivel de Alerta Antiterrorista es 4 (de un total de 5), que corresponde a riesgo alto desde su declaración el 26 de junio de 2015 tras producirse ese mismo día una serie de atentados en Francia, Túnez, Kuwait y Somalia".

El PP no se queda ahí, sino que cita tres instituciones más: las recientes advertencias de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (EUROPOL) sobre las repercusiones "inmediatas" del conflicto de Irán y de Gaza sobre la seguridad en la UE; el informe anual de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, que bajo el título de Evaluación Anual de Amenazas 2026, advierte de los problemas que están sufriendo algunos países europeos por los efectos de la migración a gran escala, incluida la radicalización yihadista "dentro de algunas comunidades inmigrantes"; y la reunión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el pasado 19 de marzo con las autoridades de quince países miembros, a instancia de los primeros ministros de Italia, Dinamarca y Países Bajos, para abordar el impacto que puede tener la situación en el Golfo Pérsico sobre los flujos migratorios hacia Europa.

"Impacto estructural"

El PP considera que el proceso de regularización es una medida "de enorme impacto estructural" que se ha aprobado "sin planificación suficiente, sin memoria económica y sin consenso" con las comunidades autónomas ni con las entidades locales. En su opinión, lejos de ordenar la política migratoria, "viene a agravar los problemas existentes y generar nuevos desequilibrios en los servicios públicos y en la gestión de las fronteras".

TE PUEDE INTERESAR

El PP tantea a Junts y PNV para obstaculizar la regularización de inmigrantes del Gobierno

Ana Belén Ramos

Los populares también esgrimen cifras, tanto del Gobierno y la Policía Nacional como de Funcas, para sostener que en los últimos años "España ha registrado niveles muy elevados de inmigración irregular". Según los datos del propio Gobierno recogidos por el PP, sólo en 2024 se superaron las 64.000 llegadas irregulares, "una de las cifras más altas de la última década", con una presión especialmente intensa en territorios como Canarias, Baleares, Andalucía, Ceuta y Melilla. Esta tendencia -subrayan- continuó en 2025, cuando se contabilizaron más de 36.500 entradas irregulares, "y todo apunta a que el fenómeno seguirá en aumento, ya que en los dos primeros meses del año en curso se han registrado más de 4.500 llegadas irregulares".

El escrito presentado a la Mesa del Congreso también se refiere a lo que denominan las "estancias irregulares sobrevenidas". Según estimaciones de Funcas, la población extranjera en situación administrativa irregular ha pasado de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025, un incremento del 685% en ocho años. "En este contexto", apunta Muñoz, "impulsar una regularización extraordinaria de gran alcance refuerza el efecto llamada y desincentiva las vías legales y ordenadas de acceso".

El PP también reprocha al Gobierno que la medida se ha planteado "sin garantizar la capacidad administrativa necesaria para tramitar cientos de miles de expedientes". A su juicio, así "se compromete" la comprobación efectiva de identidad y antecedentes penales y policiales y se genera "inseguridad jurídica y riesgos para la convivencia". Según su criterio, tampoco existe una evaluación real del impacto sobre la sanidad, la educación, la vivienda o los servicios sociales, "ámbitos que ya soportan una elevada presión en numerosos territorios".

"Impulsar una regularización extraordinaria de gran alcance refuerza el efecto llamada y desincentiva las vías legales​ y ordenadas"

Finalmente, el PP añade que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) de la Policía Nacional ha elaborado un análisis de riesgo de la regularización en la que estima en casi 1,3 millones de extranjeros los posibles beneficiarios, teniendo en cuenta las reagrupaciones familiares, a la vez que ha alertado que puede facilitar la entrada y posterior regularización de personas vinculadas a "actividades criminales o potencialmente terroristas", debido a "la laxitud de los requisitos exigidos y a las dificultades materiales para verificar antecedentes penales o policiales".

Eso no es todo. El PP abre el foco y se fija en Europa para afirmar que esta regularización masiva es "contraria" a los principios del Pacto Europeo de Migración y Asilo y convierte a España "en un posible foco de atracción para la inmigración irregular", lo que "debilita la posición del país en el espacio Schengen y perjudica la credibilidad del sistema migratorio". En este sentido, aseguran que la Comisión Europea ya advirtió formalmente de que las decisiones nacionales en materia migratoria no deben tener consecuencias negativas para el conjunto del espacio Schengen, y el Parlamento Europeo recordó que existen reglas que deben respetarse en los planes nacionales de regularización.