El Gobierno y la Iglesia firman el acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales

El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito. La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial entrará en funcionamiento el 15 de abril. Las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024 (Priva) podrán recurrir al nuevo mecanismo mixto.

Según el protocolo, que desarrolla el acuerdo suscrito el 8 de enero, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos, mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta institución realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.

El acuerdo ha sido firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego, y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

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El monto de las indemnizaciones no está precisado en el texto, ya que se trata de “una propuesta integral sin cifras y sin horquillas”, por lo que no detalla baremos o cantidades económicas, ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en declaraciones tras la firma.

Con el nuevo mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, quien realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo que solicite la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.

Plan de reparación

En 2024, la Iglesia activó el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para atender a quienes no disponen de recorrido judicial, ya sea por prescripción de los delitos o por el fallecimiento del agresor.

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No obstante, una parte de los afectados rechaza acudir a una comisión creada por la propia Iglesia, motivo por el que se ha optado por un modelo mixto entre Iglesia y Estado. Desde la Conferencia Episcopal recalcan que este circuito “es complementario al plan Priva, no alternativo”. “Quien haya acudido al Priva no puede ahora pasar al plan del Gobierno; es una nueva puerta de entrada a un proceso ya existente”, subrayaron a EFE fuentes eclesiales.

Ese extremo permanecía “sin definir”, si bien el acuerdo de enero ya contemplaba que “el procedimiento a seguir implica la relación con el Priva, que es quien finalmente recibe la propuesta del Defensor del Pueblo y la valora”, recordaron las mismas fuentes.

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Con ello se pretende impedir que las víctimas que aceptaron el dictamen del Priva —aunque discrepen de la reparación otorgada— eleven una reclamación posterior ante el Defensor del Pueblo. El nuevo esquema prevé que la persona afectada inicie el expediente en una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que remitirá el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta planteará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación —simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica— conforme a lo solicitado por la víctima.

La propuesta se enviará a la comisión asesora del Priva, que la analizará y emitirá informe. Si existe consenso entre Priva y el solicitante, la resolución será firme y la indemnización la asumirá la Iglesia. Si no hubiera acuerdo, ya sea por parte del solicitante o del Priva, se constituirá una Comisión Mixta con participación de asociaciones de víctimas, que deliberará para buscar la unanimidad. De persistir la discrepancia, corresponderá al Defensor del Pueblo dictar la resolución definitiva.