Moncloa da por salvado el escudo anticrisis con el 'sí' de Junts y el PP se reserva sus cartas

Al Gobierno se le empieza a torcer el propósito de que el Congreso convalide este jueves el real decreto ley de medidas contra los efectos de la guerra de Irán con el máximo consenso posible. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, mantuvo conversaciones con los grupos parlamentarios para incorporar sus propuestas y allanar así el camino al voto afirmativo. Podemos ya se descolgó este lunes con una abstención y Coalición Canaria condiciona su apoyo a que el paquete sea más amplio en las Islas.

La aprobación no está en el aire porque Junts votará a favor y su respaldo permite que se abstengan los morados. El viernes ya vendieron como una victoria el plan del Ejecutivo con el argumento de que la Moncloa había atendido su demanda de bajar el IVA de la gasolina (del 21% al 10%) y otras peticiones fiscales. Y fuentes de este partido confirman a El Confidencial que pulsarán el botón del sí, extremo que también dan por descontado en el Ejecutivo.

No obstante, la imprevisibilidad de Junts —que mantiene intacto su distanciamiento de Pedro Sánchez—, ha llevado al PP a impulsar una especie de guerra de nervios con la Moncloa por el sentido de su voto. Aunque Podemos se abstenga, con el aval de Junts la postura de los populares pierde valor. Pero aunque con la aritmética actual no son decisivos, y a falta de tres días para la votación, Génova ha querido dar fuelle a la incertidumbre y no permite al presidente del Gobierno respirar tranquilo.

El hecho de que Miguel Tellado calificase el pasado viernes como "decreto de derechas" el plan de Sánchez para paliar la crisis en Oriente Medio parecía allanar el voto afirmativo de los 137 diputados del Partido Popular. Pero nada más lejos de la realidad. Génova quería tiempo para inspeccionar "a fondo" la "letra pequeña" del decálogo del Gobierno por temor a que el Ejecutivo pudiese tenderle nuevas "trampas". El líder del PP encomendó esa tarea a su máximo responsable económico, el exsecretario de Estado Alberto Nadal. Y el vicesecretario, que dedicó todo el fin de semana al análisis del texto, encontró importantes taras.

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Sólo "el 30% del decreto ataja las consecuencias de la guerra de Irán; el 70% son otras cosas", se quejan en su equipo. El escudo económico, para el que el Gobierno ha movilizado 5000 millones de euros, incluye descuentos generalizados para los carburantes y una serie de rebajas fiscales a la electricidad. En líneas generales coincidía con el paquete planteado inicialmente por Feijóo, centrado especialmente en las bajadas de impuestos. Sánchez lo separó además del decreto de vivienda que exigía Sumar para garantizar el apoyo de los grupos conservadores de la Cámara Baja.

Pero, hoy por hoy, el PP enfría un 'sí'. Y ni siquiera da por segura la abstención, que serviría de salvaguarda a la convalidación del decreto en caso de que Junts, que ya ha demostrado su veleidad en otras ocasiones, cambie de parecer de forma imprevista. "Vamos a jugar con su ansiedad", apuntan en Génova. Su voto depende de la respuesta que el Gobierno dé a sus condiciones y, aun así, no pretenden desvelar sus cartas hasta el próximo jueves, día en que se producirá la votación.

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El PP envió a última hora de la tarde del lunes una misiva a Félix Bolaños para dejar por escrito que, a su juicio, el decreto es "insuficiente". Y reclaman cambios. En Génova se quejan de que el texto no incluya una de las medidas estrella de Feijóo, la deflactación del IRPF. Y exigen "valorar" el carácter permanente de iniciativas incluidas en el texto de forma temporal, como la eliminación completa del impuesto de generación eléctrica; y la bonificación del 80% en los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para la industria electrointensiva.

Los populares censuran además que el texto incluya cuestiones ajenas a las consecuencias de la guerra en Irán. Lo que más daño hace a sus intereses, sobre todo en la fase clave en la que se encuentran las negociaciones territoriales con Vox, es la ratificación de un "respaldo regulatorio implícito al calendario de desmantelamiento nuclear". Este detalle sitúa a Feijóo en la encrucijada de apoyar o facilitar un decreto con este contenido u oponerse a medidas orientadas al alivio de hogares y empresas.

"Han colado una reforma completa del sistema eléctrico mientras no sabemos causas del apagón; prohíben despidos [el decreto especifica que este veto afectaría a las empresas receptoras de ayudas] e incluyen planes de movilidad", denuncian en Génova, que lamentan, además, del hecho de que el Ejecutivo haya incluido una disposición adicional duodécima que implica una reforma de la Ley de Presupuestos de 2023 para poder estirar el gasto social pese a las prórrogas consecutivas de las cuentas públicas. "En la práctica, supondría que el Gobierno podría financiar cualquier política destinada a extender las prestaciones no contributivas automáticamente y sin límite de cuantía", zanjan en la carta.

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A pesar de las dudas que existen en Génova y de los últimos vaivenes, el Gobierno cree salvado el real decreto ley. Y espera de todos los grupos, también del PP, "responsabilidad" y "altura de miras". En la Moncloa tienen muy claro cuándo sí y cuándo no está amarrado el voto de Junts y en esta ocasión lo dan por "garantizado".

El Ejecutivo se muestra dispuesto a escuchar las nuevas exigencias que los populares han hecho ahora por carta, en aras de un aval de la Cámara más amplio. Pero, en estos momentos, en las filas socialistas no se da crédito a un hipotético voto en contra del PP. Menos todavía si su postura, aunque no sea el caso, resultara definitiva para aprobar o tumbar el escudo anticrisis. Significaría, argumentan, ir en contra de sus propios intereses porque el efecto de su voto tendría consecuencias y al día siguiente la gasolina sería más cara.

Durante estos días, a la Moncloa le queda pendiente resolver las diferencias con Coalición Canaria para lograr también su apoyo. En las islas no hay IVA y eso limita los beneficios de este plan en Canarias. El Ejecutivo mantiene conversaciones con el Gobierno canario para encontrar una fórmula de compensación que permita rebajar el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que grava con un 7% el consumo en Canarias.