Sánchez fracasa en su intento de asaltar la prensa: seis leyes clave, paralizadas

De la herramienta Hodio, a la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años o al anuncio para eliminar el horario de invierno en España. Las promesas del Gobierno de Sánchez se amontonan semana a semana en un baúl de los recuerdos (o de los olvidos) que parece no tener fin. Mientras la factoría de Moncloa sigue elaborando propuestas, los planes más viejos del presidente del Gobierno siguen sin poder ejecutarse por falta de apoyos parlamentarios. Un caso paradigmático es el asalto a los medios de comunicación que Sánchez planificó en 2025, y que se concretó en un plan normativo que sigue estancado en el Congreso de los Diputados.

El Partido Socialista no ha conseguido sacar adelante ninguna de las seis leyes con las que planeaba acotar la labor de la prensa crítica. Una de estas iniciativas es la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, adaptada a redes sociales y a la inteligencia artificial. Un proyecto que el Ejecutivo aspiraba a tramitar hace un año y cuyo anteproyecto no se aprobó en el Consejo de Ministros hasta enero de 2026.

La norma tiene que pasar ahora por toda la fase de preparación de informes previos, que deberán ser realizados por ministerios, la Agencia de Protección de Datos, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) o el Consejo de Estado, entre otros. A continuación, le tocará pasar por todo el trámite parlamentario, el muro contra el que no deja de chocar Sánchez esta legislatura al encontrarse su coalición en minoría por la salida de Junts.

Esta norma se planteó por primera vez en 2024, en pleno estallido de investigaciones judiciales en torno a su mujer, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. El texto, entre otros puntos, prohíbe la divulgación de imágenes de "carácter privado".

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Más retraso todavía lleva el Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público, que apenas se ha aprobado en febrero y tiene un largo camino que recorrer hasta su aprobación. Esta norma aspira a limitar al 35% los ingresos que reciben los medios de la publicidad institucional y a obligar a los medios de comunicación a hacer públicos los nombres de sus titulares directos e indirectos y sus paquetes accionariales.

Esta ley también tendría consecuencias para el Gobierno de Sánchez, ya que al adaptar el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) se obliga al Ejecutivo a hacer público a qué medios destina sus ingresos en publicidad institucional. Desde que Sánchez ocupa La Moncloa, se ha convertido en práctica habitual negar estos fondos públicos, cuyo objetivo es hacer publicidad de iniciativas públicas del Estado, a medios críticos, un modus operandi que trata de ocultar escondiendo las cifras de receptores de esta financiación.

Una de las que lleva más tiempo en tramitación es la ley que va a regular el derecho a rectificación, que busca acotar los plazos para que un medio rectifique e incrementar las sanciones. El anteproyecto se aprobó en Consejo de Ministros por la vía de urgencia en diciembre de 2024, también después del estallido del caso Koldo, del caso Begoña y del caso hermanísimo. Pasó más de un año hasta que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y lo mandó al Congreso de los Diputados, donde se encuentra todavía en la Comisión de Justicia a la espera de que apruebe su ponencia.

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Otro de los proyectos que se le atraganta a Sánchez es la ley de información clasificada, con la que busca sustituir a la ley de secretos oficiales de 1968. Pese a reformar una ley franquista, la norma que plantea el Ejecutivo socialista plantea sanciones más altas si se revelan "altos secretos". De hecho, las multas pueden alcanzar los 2,5 millones de euros. No olvidemos que esta norma es a la que se adhiere Moncloa de manera recurrente para no dar detalles sobre los vuelos del Falcon y sus ocupantes. Esta propuesta legal se aprobó en el Consejo de Ministros en julio de 2025, pero su tramitación está bloqueada en la Mesa parlamentaria por falta de apoyos.

También el pasado verano Moncloa aprobó el anteproyecto que regula el secreto profesional de los periodistas. Una legislación que plantea límites al ejercicio de este derecho profesional, que permite a los periodistas no revelar sus fuentes ante un tribunal. Sigue en fase administrativa a la espera de los preceptivos informes institucionales.

Por último, hay que señalar la ley de gobernanza democrática en servicios digitales, un proyecto que busca designar a la CNMC como árbitro de las redes sociales y los medios de comunicación con capacidad sancionadora. Entre otros aspectos, establece un registro público de medios de comunicación. En este caso, el proyecto de ley fue remitido por el Gobierno en julio de 2025 y en estos momentos se encuentra en fase parlamentaria en la Comisión de Economía en fase de ponencia. Se cumplen casi dos años desde que Sánchez anunciara este conjunto de medidas en su Plan de Acción por la Democracia, una iniciativa que sigue bloqueada y con escasos visos de salir adelante.