El PP tantea a Junts y PNV para obstaculizar la regularización de inmigrantes del Gobierno

Aunque las consecuencias de la guerra de Irán y el clima permanente de campañas electorales en la política doméstica han capitalizado prácticamente todo el foco mediático en las últimas semanas, la vida parlamentaria sigue su rumbo. Hay grandes cuestiones pendientes de ver la luz, como la ratificación definitiva en Consejo de Ministros del real decreto para la regularización exprés de inmigrantes con al menos medio millón de potenciales beneficiarios, medida que no requiere de convalidación o debate en el Congreso de los Diputados y que podría ver la luz en las próximas semanas.

Pero el PP, que se opone a la medida, encontró un atajo para intentar endurecer legalmente los requisitos para optar a la legalización propuesta por el Ejecutivo: la presentación de enmiendas en el Senado a la ley de multirreincidencia. Entre los cambios propuestos y capitaneados en este caso por la vicesecretaría de Cuca Gamarra, el primer partido de la oposición incluye impedir la concesión del permiso de residencia a aquellos solicitantes que no hayan podido acreditar a través de "certificaciones oficiales" la ausencia de antecedentes penales en España o en sus países de origen.

El pleno del Senado vota precisamente este miércoles la reforma penal impulsada por Junts para aumentar el castigo a la multirreincidencia, pero con las modificaciones que los populares incorporaron al dictamen del texto la semana pasada en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta. El PP no necesita el respaldo de ningún otro grupo parlamentario para que el trámite continúe, ya que cuentan con mayoría absoluta en el Senado. Pero aguardan con atención el sentido del voto de algunos de los socios parlamentarios de Sánchez con la esperanza de que repliquen ese mismo esquema en la votación final del Congreso y sus enmiendas vean la luz.

Fuentes de la dirección parlamentaria del Grupo Popular confirman contactos y "diálogo" con los grupos parlamentarios, aunque toda su atención está puesta en ver cómo respiran en el PNV y, sobre todo, en Junts. El texto inicial de multirreincidencia para aumentar el castigo a pequeños hurtos lleva el sello de los posconvergentes, pero es una cuestión que siempre ha contado con el respaldo del ala conservadora del hemiciclo —PP, Vox, PNV y UPN—. Tras meses de bloqueo, el PSOE desbloqueó hace unos meses el trámite en el Congreso un guiño simbólico al partido de Puigdemont en plena ruptura. El resto de grupos de la izquierda se quedaron en el 'no'.

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En Génova trasladan "sensaciones favorables" de las conversaciones abiertas con los grupos, y confían especialmente en que Junts avale sus modificaciones por la competencia que el partido independentista mantiene con Aliança Catalana por abanderar la cuestión de la inmigración. Durante el debate en Comisión la semana pasada, quedaron integradas al dictamen por asentimiento todas las enmiendas del PP y otras dos propuestas con Vox. El pleno del Senado vota este miércoles el informe resultante en su conjunto, así como varias enmiendas que quedaron vivas tras la Comisión y que llevan la firma de PSOE y Vox.

Al haberse introducido cambios durante su tramitación en la Cámara Alta, la norma volverá al Congreso el jueves de la próxima semana para validar o rechazar esas correcciones. Allí se someterá a votación una a una las enmiendas del Senado. Y es ahí donde el PP necesita el respaldo de alguno de los socios parlamentarios de Sánchez, además de Vox, para que sus modificaciones para obstaculizar la regularización masiva planteada por el Gobierno queden incorporadas al texto final.

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Los cambios que el PP quiere 'colar' en la nueva ley de multirreincidencia incluye la reforma de la Ley de Extranjería para esbozar un nuevo artículo en el que se blinden las "garantías frente a la impunidad y de refuerzo de la seguridad en España", y que implica que "todas las autorizaciones de residencia (...) precisarán que el solicitante de ésta carezca de antecedentes penales y que no sea sujeto de una pendencia penal suficiente en España o en los países anteriores de residencia por delitos existentes en el ordenamiento español", apuntan los populares en su texto.

Recalcan en este punto que la "carencia de antecedentes penales" debe "acreditarse mediante certificación oficial expedida por las autoridades competentes del Estado o Estados de origen o de anterior residencia" y, "en ningún caso", la incapacidad de conseguir ese justificante "podrá dar lugar a presunciones automáticas favorables ni a la sustitución de este requisito por otros medios como declaraciones responsables", supuesto que sí contempla el real decreto de regularización planteado por el Gobierno.

Plantean además que, para apreciar "una posible amenaza para el orden público", la Administración debe recabar "informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" más allá de los antecedentes penales para tomar una decisión, y proponen rechazar el permiso de residencia cuando el aspirante haya sido "condenado ejecutoriamente como reincidente".

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Las enmiendas del PP incluyen también la exigencia de que "en el plazo máximo de dos años desde la publicación de la presente ley" se deban reforzar las plantillas de fiscales "para hacer frente a la delincuencia y la criminalidad", así como la modificación del Código Penal para incorporar el denominado "petaqueo" y agravar las penas por adquirir, almacenar o suministrar combustibles líquidos a las narcolanchas.